jueves, 17 de febrero de 2011

Una comunidad indígena denuncia persecución judicial para arrebatarle sus tierras

HASTA UN ANCIANO QUEDÓ IMPUTADO

Publicado el: 16/02/2011 | Otra vez la Comunidad Indígena El Nogalito volvió a denunciar ser víctima de intereses particulares que intentan apoderarse de sus tierras. Afirman que la Justicia, lejos de defenderlos, conspira a favor de los terratenientes. Como ejemplo de esto, aseguran que se imputó a un comunero de 88 años por usurpación. (Ver video)


El fiscal Carlo Sale se trasladó hasta su domicilio particular del anciano Carlos Arce donde se tomó declaración por las acusaciones en su contra.
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A las cuatro mil hectáreas que ocupan los integrantes de la Comunidad Indígena El Nogalito cada vez les salen más pretendientes. Ubicada en el departamento Lules (sobre la ruta Nº 341, a 80 kilómetros de la capital), este pueblo resiste permanentes avances de empresarios, funcionarios judiciales y hasta de religiosos por apropiarse de las tierras que hoy ocupa la comunidad.
Un nuevo capítulo en esta problemática sucedió el 7 de febrero pasado cuando Carlos Sales, fiscal de Instrucción de la IV Nominación, tomó declaración a Carlos Arce, de 88 años de edad, uno de los más ancianos en El Nogalito. Según el cacique Joaquín Pérez, a esta persona se le imputa el delito de usurpación de propiedad. Los denunciantes, según el líder indígena es una familia de terratenientes de apellido Carro. Nombró a María Agustina, Claudio Miguel, Mario (todos Carro) y a Beatriz Tula Santillán.
“Es imposible que el abuelo de 88 años, sin lucidez, y con riego de sufrir un ACV pueda usurpar sus propias tierras, aquellas que reclaman terceros desconocidos y que dicen ser dueños de títulos de propiedad. No entiendo cómo se intenta tomar declaración a una persona en estas condiciones. Muchos mienten y quieren engañar a la propia Justicia diciendo que son poseedores cuando no se los conoce en la zona. Ninguno de los actores en este juicio nunca vivieron en la comunidad y pretenden obtener sentencias favorables para despojarnos”, afirmó Pérez en diálogo con primerafuente.
Este anciano es uno de los 16 imputados en la causa caratulada como “Carro María Agustina y Beatriz Santillán C/ Arce Carlos Florencio y Tristán S/ Usurpación de propiedad”.
Quien que también anhela quedarse con 250 hectáreas que ocupa el pueblo Lule es el sacerdote Walter Enrique Mansilla, de la Congregación Salesiana. Se trata de una disputa que ya lleva tantos años como amenazas de desalojos mediante.
Afirman que Mansilla concurre asiduamente a El Nogalito a celebrar misa para predicar por su posesión terrenal y dividir a los comuneros. “El pueblo indígena esta sufriendo la segunda Colonización por parte de varios terratenientes que son amigos de Mansilla y han creado un plan malicioso que consiste en influencias poderosas para producir el desmembramiento de la Comunidad y despotricar a nuestras autoridades tradicionales. Buscan el enfrentamiento entre hermanos comuneros para y así quedarse con nuestras tierras" manifestaron los miembros de El Nogalito.Por Esteban Stanichhttp://www.primerafuente.com.ar/index.php/noticia/una-comunidad-indigena-denuncia-persecucion-judicial-para-arrebatarle-tus-tierras

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Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

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  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
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