domingo, 2 de enero de 2011

La Justicia trabó embargo por $ 5 millones a la firma que administra Pacará Pintado

TRATAMIENTO DE RESIDUOS | FALLO CONTRA LA EMPRESA


Viernes 31 de Diciembre de 2010 | Una jueza hizo lugar a una presentación de la federación de organizaciones ambientalistas.


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RESISTENCIA. Criado dio a entender que presentarán batalla a la sentencia. LA GACETA / HECTOR PERALTA
El pan dulce de Año Nuevo quizá sepa amargo en la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, que administra el predio de Pacará Pintado. A los fallos en contra por contaminación ambiental que recibió este año se le suma un embargo preventivo, dictado 48 horas antes de que se vaya 2010, por la jueza Emely Ana Amenábar, del Juzgado Civil y Comercial Común de la IV Nominación.

La magistrada hizo lugar a un planteo de la Federación de Organizaciones Ambientalistas no Gubernamentales de Tucumán. Una vez conocido el fallo por el que los vocales de la sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Avila, ordenaron el cierre de Pacará Pintado -concluyeron que las actividades en el predio contaminaron el medio ambiente- las organizaciones formularon una presentación judicial, por la que reclamaron el embargo.

"Nos preocupaba el vaciamiento de la empresa ante una medida negativa como era el hecho de tener que hacer el proceso, que tenía previsto en su contrato, pero que nunca se cumplió. El 70% de lo que está en Pacará Pintado, de 2004 a la fecha, no recibió tratamiento. Buscamos garantizar que el proceso se hará o que se trasladarán los residuos a un sitio más adecuado", explicó Juan Manuel Iratchet, de los ambientalistas.

La federación había pedido un embargo por casi $ 11,5 millones. No obstante, la jueza decidió reducir en más de un 50% ese monto. "Al no haber sido probado (el monto reclamado) con presupuestos de empresas que realicen transporte de cargas, ni documental informativa ante la posibilidad de eliminar los residuos en la misma planta donde se encuentren, he de reducir la suma", arguyó en el fallo.

En consecuencia, la magistrada decidió: "(trabar) embargo preventivo sobre el 20% de las sumas que (la empresa) tenga que percibir en concepto de cánones mensuales de San Miguel de Tucumán, Las Talitas, Banda del Río Salí, Lules, Yerba Buena, Tafí Viejo, hasta cubrir (los) $ 5 millones, con más $ 500.000 por acrecidas".

Iratchet no se quejó por la reducción del monto del embargo. Incluso, celebró que la magistrada haya aplicado la metodología que aplicó para alcanzar el dinero. "Ella decide que la empresa siga percibiendo el otro 80% y que, de ese modo, siga cumpliendo con su contrato. El embargo del 20% no debería ser impedimento, como para que la firma argumente imposibilidad de cumplir el contrato. Es una sentencia inteligente, muy responsable y audaz", afirmó.

"Veremos"

LA GACETA se comunicó con el gerente de la empresa que administra el predio de Pacará Pintado,Mario Delfor Criado, para conocer sus consideraciones respecto del fallo. Aclaró que hasta ese momento no había sido notificado por la Justicia, pero dio a entender que no acatarán la resolución, sin antes dar pelea jurídica. "Recién me estoy enterando; no puedo opinar, desconozco. Ya veremos los fundamentos de la sentencia y cuáles son las instancias jurídicas que tomará la empresa", puntualizó.

La jueza rubricó siete oficios para que se dé cumplimiento al embargo: uno dirigido a cada intendendencia de las seis ciudades que usan Pacará Pintado como planta de transferencia de desechos, y otro al consorcio intermunicipal que tiene a su cargo la gestión integral de la basura de estos municipios.
http://www.lagaceta.com.ar/nota/415288/Politica/Justicia-trabo-embargo-firma-administra-Pacara-Pintado.html

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
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  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
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