viernes, 20 de noviembre de 2009

COMUNIDAD INDIA QUILMES COMUNICADO DE PRENSA

COMUNIDAD INDIA QUILMES

PERSONERIA JURIDICA N° 441 RUTA NACIONAL N° 40 – KM 999

COMUNICADO

El juez Juan Carlos Peral (Juez del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la IIIº Nominación) ha dictado una nueva orden de desalojo en contra de las familias comuneras de Colalao del Valle, Tucumán. La medida se llevaría a cabo en los próximos días con intervención de la policía de la provincia que en la acción anterior mando más de 60 efectivos, que destruyeron las viviendas con la participación de la empresa NEUCON.

Esta acción viene a sumarse y a agravar el conflicto social al que están sometidas nuestras comunidades en el marco del asesinato de de nuestro hermano Javier Chocobar y entorpece el trabajo que viene desarrollando la Mesa de Trabajo establecida entre nuestras organizaciones y organismos del gobierno provincial, y se contrapone con las gestiones del presidente del INAI ante las autoridades provincial.

La justicia ha desconocido la participación de nuestra institución en el caso al no hacer lugar a nuestras peticiones, infligiendo una vez mas la Ley 26.160. Nos vimos obligados ha presentar una demanda al estado nacional ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos con sede en Washington por el incumplimiento de las leyes, y repudiamos la acción de los jueces Salazar y Peral por esta violación de nuestros derechos constitucionales.

CACIQUE CONSEJO DE DELEGADOS



Nueva orden de desalojo contra la Comunidad India Quilmes

PUEBLOS ORIGINARIOS | COLALAO DEL VALLE

La medida se llevaría a cabo en los próximos días con intervención de la policía de la provincia, que ya cumplió una orden de desalojó hace unos meses en ese territorio. “Esta acción viene a sumarse y a agravar el conflicto social al que están sometidas nuestras comunidades en el marco del asesinato de de nuestro hermano Javier Chocobar” manifestaron desde la CIQ. Exigen el cumplimiento de sus derechos. REPRODUCIMOS COMUNICADO DE PRENSA.

COMUNIDAD INDIA QUILMES
PERSONERIA JURIDICA N° 441 RUTA NACIONAL N° 40 – KM 999
COMUNICADO

El juez Juan Carlos Peral ha dictado una nueva orden de desalojo en contra de las familias comuneras de Colalao del Valle. La medida se llevaría a cabo en los próximos días con intervención de la policía de la provincia que en la acción anterior mando más de 60 efectivos, que destruyeron las viviendas con la participación de la empresa NEUCON.
Esta acción viene a sumarse y a agravar el conflicto social al que están sometidas nuestras comunidades en el marco del asesinato de de nuestro hermano Javier Chocobar y entorpece el trabajo que viene desarrollando la Mesa de Trabajo establecida entre nuestras organizaciones y organismos del gobierno provincial, y se contrapone con las gestiones del presidente del INAI ante las autoridades provincial.
La justicia ha desconocido la participación de nuestra institución en el caso al no hacer lugar a nuestras peticiones, infligiendo una ves mas la Ley 26.160. Nos vemos obligas ha presentar una demanda al estado nacional ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos con sede en Washington por el incumplimiento de las leyes, y repudiamos la acción de los jueces Salazar y Peral por esta violación de nuestros derechos constitucionales.

CACIQUE

CONSEJO DE DELEGADOS

COMUNIDAD INDIA QUILMES
+ INFORMACIÓN:

ANDHES SOLICITÓ A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS QUE INTERVENGA EN DEFENSA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Presentación de ANDHES ante la CIDH

http://prensacontrapunto.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1369&Itemid=1

Viejo canal de la Universidad, nuevo brazo del oficialismo

CANAL 10: OTRO ESTALLIDO EN LA INTERNA DEL RECTORADO

ImageEn vistas a las próximas elecciones de Rector, las disputas en el seno del Rectorado rompen los bloques monolíticos de complicidad y sacan a la luz temas que, en tiempos de paz, son acallados por las autoridades. Hoy, en el Consejo Superior están presentes tanto los reclamos ambientalistas contra la explotación de la Alumbrera como la lucha de los autoconvocados de la Salud y la ominosa complicidad del canal de la Universidad con el oficialismo alperovichista. Sesiones con la presencia de ambientalistas y autoconvocados. CONTRAPUNTO EDICIÓN IMPRESA.

Durante la última sesión del Consejo Superior (C.S.) de la Universidad Nacional de Tucumán (U.N.T.), el canal de la Universidad (Canal 10) fue un nuevo campo de batalla para las facciones que se disputan el poder en el seno del Rectorado.
Durante los últimos meses, en el período en que se desarrolló la lucha de los autoconvocados, el canal de la Universidad ignoró casi por completo este movimiento social y se consolidó como brazo defensor del oficialismo.
Por ello, los autoconvocados reclamaron al C.S. que pidiera un informe a los directores de canal 10 donde se explicara esta situación de desentendimiento hacia la lucha de los trabajadores de la salud.
Hace dos semanas, y en presencia de ambientalistas y autoconvocados, el C.S. rechazó un informe de uno de los tres directores de Canal 10 y, además, solicitó al rector Cerisola la rendición de cuentas de los fondos provenientes de la Alumbrera.
En una directa confrontación con el actual rector, por una diferencia de tres votos, el C.S. rechazó un informe de tres páginas presentado por Eduardo Torrego, uno de los tres directores de Canal 10 y ex-asesor del ministerio de economía de José Alperovich.
El informe de Torrego debía explicar por qué Canal 10 otorgó al conflicto de la salud con tan poca relevancia, sin embargo, pidió plazo hasta noviembre, ya que uno de los integrantes del directorio, Oscar Fiorito, se encontraba fuera de la Argentina. Se limitó a informar las fechas en que los autoconvocados habían salido en pantalla.
Con el rechazo del pseudo-informe de Torrego, la oposición a Cerisola intentó demostrar que el actual rector está ligado al gobernador y que su gestión no puede sino ser funcional a los intereses del justicialismo alperovichista. De hecho, estudiantes de Franja Morada se dirigieron al rector durante la reunión en tono sarcástico agradeciéndole por adjuntar con la Orden del Día un folleto del movimiento justicialista.
Asimismo el nombre del periodista Julio Valenzuela circula extraoficialmente como posible reemplazante de Torrego en el directorio de canal 10.
Por su parte, Cerisola se encargó de quitar de su gabinete a los secretarios afines a la vicerrectora Rossi de Hernández una vez que ésta anunció sus intenciones de competir por el rectorado en 2011. De esa manera consiguió quitarle protagonismo político a su rival. Sin embargo, en estos últimos meses, Rossi de Hernández ha intentado a través de sus aliados, entre los cuales se destaca José Hugo Saab y siete de los trece decanos, obstruir al máximo las estrategias del actual rector y utilizar en su beneficio los problemas derivados de la aceptación del dinero de la alumbrera o el abierto oficialismo alperovichista del canal de la universidad (tradicionalmente dominada por radicales).
¿Quién maneja Canal 10?
Canal 10 es una SAPEM, (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria). Pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán, aunque actualmente la parte de contenidos es gerenciada por una empresa privada. Su señal cubre casi la totalidad de la provincia de Tucumán y parte de las provincias de Catamarca, Santiago y Salta. Actualmente retransmite programación de Canal 13 de Buenos Aires, formando parte del Grupo Clarín y Artear Argentina.
Exclusivamente de la Universidad, comenzó a transmitir en 1966 durante el gobierno de facto de Onganía y el rectorado de Eugenio Flavio Virla. Al principio se transmitían sólo dos horas diarias de programas culturales, pero al poco tiempo se ampliarían doce horas más por día, sin avisos publicitarios.
En 1977, el gobierno de la provincia se sumó al emprendimiento, durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla y Bussi como gobernador de nuestra provincia, al conformar la sociedad anónima Televisora de Tucumán S.A, que pasó a gerenciar el 30% de las acciones del canal.
En 1998, con un balance sumamente negativo en la administración del canal, durante la presidencia de Carlos Menem y rectorado de Mario Marigliano, la UNT vendió el 34% de sus acciones a la empresa privada Newline, del empresario Alberto Llaryora, aliado y socio hasta hace pocos años de José Alperovich

CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa
redaccioncontrapunto@gmail.comEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

BREVE PANORAMA DEL “QUINQUENIO FATAL”

Cómo intervenir un canal para “oficializarlo”

Los últimos 5 años de Canal 10 se presentan turbulentos a los ojos de cualquier espectador que haya seguido, cuando menos, las ediciones diarias de TVPrensa. El Canal de la Universidad pasó de una virtual quiebra a la intervención judicial en 2005, luego fueron vendidas la mitad de las acciones de la UNT al grupo Newline que, al convertirse en enemigo de Alperovich, acabó fuera del negociado.

En noviembre de 2005, la jueza Graciela Dalla Fontana de Antoraz, dispuso la intervención judicial de Canal 10, solicitada por la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia. Como interventores fueron designados el periodista Raúl Armisen y el contador Raúl Fiorito (tesorero de la Legislatura provincial, profesor universitario y actual integrante del directorio del canal).
La intervención fue una estrategia del gobierno de Alperovich para desplazar de la conducción del canal a Alberto Llaryora, empresario que, en los últimos años, pasó de aliado a enemigo acérrimo del gobernador.
Sin embargo, la intervención no fue eterna y el canal volvió a manos de Newline en 2008. En abril de ese mismo año, una “asamblea” de dos de los socios decidió dejar afuera a Newline. Fiorito y Torrego fueron designados directores en representación de la UNT en el Canal, siendo ratificados en sus cargos en junio por el C.S, Raúl Armisen continuó representando a la provincia.
Desde ese momento, en la SAPEM la Universidad controla el 70% de las acciones (de clase B) mientras que la Provincia maneja el 30% restante (acciones de clase A). Acciones clase A son aquellas que tienen derecho a voto en la administración de la empresa, las clase B no poseen ese derecho. R.A.>>En noviembre de 2005, la jueza Graciela Dalla Fontana de Antoraz, dispuso la intervención judicial de Canal 10, solicitada por la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia. Como interventores fueron designados el periodista Raúl Armisen y el contador Raúl Fiorito (tesorero de la Legislatura provincial, profesor universitario y actual integrante del directorio del canal).
La intervención fue una estrategia del gobierno de Alperovich para desplazar de la conducción del canal a Alberto Llaryora, empresario que, en los últimos años, pasó de aliado a enemigo acérrimo del gobernador.
Sin embargo, la intervención no fue eterna y el canal volvió a manos de Newline en 2008. En abril de ese mismo año, una “asamblea” de dos de los socios decidió dejar afuera a Newline. Fiorito y Torrego fueron designados directores en representación de la UNT en el Canal, siendo ratificados en sus cargos en junio por el C.S, Raúl Armisen continuó representando a la provincia.
Desde ese momento, en la SAPEM la Universidad controla el 70% de las acciones (de clase B) mientras que la Provincia maneja el 30% restante (acciones de clase A). Acciones clase A son aquellas que tienen derecho a voto en la administración de la empresa, las clase B no poseen ese derecho.

CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa
redaccioncontrapunto@gmail.com

jueves, 19 de noviembre de 2009

Duro golpe a la política de gastos de la gestión Cerisola


El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) no aprobó el informe luego de una sesión que se extendió hasta la madrugada de ayer. También se conoció que la Casa de Altos Estudios arrastra un déficit mensual de un millón de pesos que cubre con los fondos de libre disponibilidad de YMAD.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán rechazó el informe presentado por la gestión del rector Juan Alberto Cerisola, vinculado a las inversiones realizadas con fondos recibidos de Yacimientos Mimeros Aguas de Dionisio (YMAD). El máximo órgano de gobierno universitario, también le solicitó al titular de la casa de estudios que se abstenga de avanzar con nuevas obras hasta que se determine si los procedimientos habilitados para utilizar los millonarios recursos responden a las normas vigentes.

La decisión se adoptó en la madrugada de ayer, tras una extensa sesión en la que los consejeros superiores dejaron en evidencia las dudas que genera la política de gastos de la gestión Cerisola. Uno de los momentos más críticos se registró cuando el consejero José Agustín Ferrari y el decano Pablo Holgado, objetaron el criterio utilizado para determinar los gastos de obras complementarias.

Olga Cudmani, directora general de Construcciones Universitarias, admitió que la resolución vigente habilitó la posibilidad de realizar contrataciones directas sin límites. “El rector debiera haber fijado topes, pero no lo hizo”, precisó Holgado. Las observaciones de los consejeros apuntaron a precisar que en más de 25 obras realizadas por la administración oficialista se terminó pagando más por los gastos realizados fuera de contrato, que por los rubros previstos en el presupuesto original.

A su turno, el consejero por los docentes titulares, Raúl Torres Zuccardi, cargó las tintas sobre las responsabilidades políticas derivadas del informe realizado por personal no docente de la UNT. “El problema es que no hubo planificación y se gastó mal”, denunció el arquitecto. Los dardos apuntaron a la política de compras de inmuebles por la que se adquirieron 13 inmuebles en distintos puntos de la ciudad. “Hacía falta una planificación central. Compramos una vivienda particular para transformarla en oficina de la Dirección decuando te Asuntos Jurídicos nemos un edificio vacío aquí a la par (en referencia al Anexo 1, Rectorado ubicado en Lamadrid al 700, inaugurado en diciembre del año pasado). Se gastó mal”, se lamentó.

El estudiante Santiago Yanotti también observó la política de gastos. “Quiero saber cuanto dinero queda de los fondos de YMAD y que alguien explique si se tomaron los recaudos para realizar las obras que están proyectadas. Según los números que nos informan no alcanzará para hacer todo. No entiendo porque se gastaron 8 millones de pesos para hacer un “hotel boutique” (según lo admitió Cudmani) en San Javier y hoy no tenemos precisiones sobre que pasará con la Facultad de Bioquímica o con el nuevo edificio de Derecho”, dijo.

En el transcurso de las deliberaciones, el rector Cerisola intentó cambiar el eje del debate al proponer una auditoria externa a las cuentas de la UNT. El propio Director General de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, le recordó que la normativa vigente ya prevé ese tipo de control por parte de organismos nacionales. Los consejeros no rechazaron la propuesta del titular de la UNT, pero le pidieron que se den a conocer los informes de la Auditoría Interna de la casa de estudios en los que habría serios cuestionamientos para el procedimiento de gastos utilizados por Construcciones Universitarias desde que pasó a depender directamente del rector.

El cierre de la sesión pintó un panorama crítico para las cuentas universitarias. El director general de Administración, Luis Francisco Castillo, admitió que el déficit mensual alcanza al millón de pesos y que se utilizan los recursos de libre disponibilidad de YMAD para pagar sueldos y cubrir gastos de funcionamiento.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54149


La resolución que se adoptó

No aprobar el informe solicitado oportunamente hasta tanto la comisión de Interpretación y Reglamento, en un plazo no mayor a 15 días, emita dictamen sobre las siguientes observaciones:

1 – Si las resoluciones 0366 H 0555-08 se adecuan a las normas estatutarias vigentes.

2 – Si existió planificación por parte del rectorado en el diseño del Plan de Obras.

3 – Si existieron criterios claros en el sistema de selección de proyectos de obras, de las empresas constructoras y de las entidades financieras elegidas para la distribución de fondos.

4 – Si efectivamente existen fondos para dar cumplimiento a los compromisos asumidos a la fecha.

5 – Si existe previsión por parte del rectorado, del destino de los fondos de libre disponibilidad no comprometidos a la fecha.

Garantizar el rápido acceso de la comisión a la documentación o informes que fueren solicitados, así como también las entrevistas con el personal que fuera requerido a tales fines.

Convocar a reunión extraordinaria del HCS para el día 10 de diciembre del corriente año al sólo efecto de considerar el dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento y solicitar al Sr. Rector se abstenga de iniciar proyectos ni trámites licitatorios de obras en tanto este cuerpo se expida sobre las observaciones realizadas a las resoluciones vigentes.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_nota=54150

Vecinos de San Pablo temen inundaciones por los desmontes y las obras fallidas

Cansados de la indiferencia del delegado Daniel Castro, vecinos de la localidad de San Pablo se movilizaron anoche para reclamar que se realicen obras para evitar inundaciones y se frene la deforestación al pie del cerro de Villa Nougués para la construcción de countries. Los vecinos ya fueron víctimas de inundaciones por el desborde del río Muerto.

El regreso de las lluvias, después de más de seis meses de sequía, avivó el fantasma de las inundaciones. Vecinos de la localidad de San Pablo, a 12 kilómetros de la capital, en el departamento Lules, encendieron la luz de alerta y denunciaron que por las obras fallidas realizadas por los delegados que pasaron por la comuna desde el año 2000 corren otra vez peligro de inundaciones.

A esto se suma la deforestación indiscriminada que se realiza en el pie del cerro de Villa Nougués para la instalación de countries. “En años anteriores las pérdidas fueron tremendas y este año se verá agravado por los fallidos trabajos realizados en el río que destruyeron las defensas, y por la deforestación que se realiza al pie del cerro para instalar countries”, denunciaron a través de un comunicado de prensa firmado por la Asamblea vecinal de Punta del Monte. Cansados de esta situación, los vecinos se movilizaron anoche para protestar frente a la comuna, hoy a cargo de Daniel Castro, hijo del extinto legislador Roberto Castro.

“Nos cansamos de presentarle notas a Castro y nunca se lo encuentra en la comuna. Además, Castro conoce la situación porque también fue delegado en el año 2000 pero nunca dio una solución concreta”, señaló a primerafuente Pablo Listro, uno de los habitantes afectados. Los vecinos viven cerca del río Muerto, cada vez más desvastado por la extracción de áridos.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54147

Aún es incierta la fecha de la sesión sobre el impacto de Minera Alumbrera


ES HORA DE QUE LOS ESCUCHEN. Hasta la tarde de ayer, el Rectorado de la UNT todavía no había confirmado la fecha de la sesión extraordinaria del Consejo Superior en la que organizaciones sociales y profesionales expondrán sobre las consecuencias que genera el proyecto de Minera Alumbrera. La situación despertó malestar en las ONG quienes reclaman lo antes posible conocer la fecha exacta del encuentro debido a aspectos organizativos. De hecho, se prevé programar una docena de exposiciones por parte de afectados de la explotación minera y de expertos de diversas áreas. En la sesión del 27 de octubre pasado, el Consejo de la UNT aprobó la realización de esta sesión dentro de la segunda quincena de noviembre. Desde las ONG, pidieron la semana pasada una audiencia con el rector Juan Alberto Cerisola para definir la fecha y modalidad de la convocatoria, sin respuestas hasta el momento.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54153

martes, 17 de noviembre de 2009

Vuelve el debate sobre el destino de los fondos de YMAD en la UNT

Hoy, desde las 17, se reanudará el debate en el Consejo Superior de la UNT sobre el manejo de los fondos aportados por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) a la UNT. El análisis de los informes contables y las inversiones realizadas con respecto a los 400 millones de pesos recibidos desde la UTE integrada por la denunciada Minera Alumbrera se inició el jueves pasado y, tras cinco horas de sesión, pasó a un cuarto intermedio hasta hoy. YMAD está integrado por el gobierno de Catamarca, la UNT y el Estado Nacional. En tanto, el secretario general de Universidad, Florencio Aceñolaza, salió al cruce de los cuestionamientos en torno a la poca claridad en el manejo de estos fondos y aclaró que se publicará por internet el informe oficial que detalla cómo fue el uso de estos. En la sociedad la minera percibe el 80 % de las utilidades, y el YMAD el 20 % restante. De ese 20 %, el 60 % se destina a la provincia de Catamarca, un 20 % a UNT y otro 20 % se distribuye entre las universidades nacionales, según la ley nacional 14.771. Es decir, un 0,04 % de las ganancias de La Alumbrera se reparte entre todas las universidades argentinas.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54109

VOLVER A ARGENTINA CONTAMINADA


Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!