Así lo afirmaron desde la Federación de ONG Ambientalistas de Tucumán, tras el incendio que el martes pasado dañó una celda de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) de Pacará Pintado y que, según la entidad, provocó el colapso de este vaciadero. Denunciaron que desde un primer momento en el lugar hubo una serie de desprolijidades agravadas “ante el desmesurado crecimiento de los volúmenes de basura depositados”. “A esto se agregó la permisividad de los organismos gubernamentales que otorgaron habilitaciones y permisos de dudosa legalidad, y la laxitud de los controles efectuados, todo lo cual ha generado el marco propicio para el desastre al que hoy asistimos estupefactos”, acusaron desde la Federación. Los ambientalistas salieron al cruce de la versión oficial de la empresa la cual atribuyó el incendio a un camión que arrojó brasas encendidas sobre una montaña de basura. Denunciaron que el siniestro pudo haberse originado por el gas metano y los lixiviados y las altas temperaturas y que esto debió haberse previsto en un Plan de Contingencias de la empresa. “Ni siquiera hubo un reservorio de agua suficiente para proveer a los bomberos. No hubo otra alternativa que esperar a que se consuma el fuego, mientras se desparramó contaminación con las consecuencias impredecibles para la salud y el bienestar de muchas familias tucumanas”. http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=53842
Video: No hay crímenes perfectos En Alpachiri, al sur de la provincia de Tucumán, viven los hermanos Aranda agricultores del lugar. Luego de diez años de megaminería metalífera en Catamarca descubren porqué está todo conectado, porqué no pueden consumir el agua de toda la vida y porque se incorporan a la lucha antiminera. http://vimeo.com/6824086 Juan Alaimes Tramalatierra.com.ar
Amenazas a dirigentes diaguitas, abogados y periodistas
ASESINATO DE JAVIER CHOCOBAR EN CHUSCHAGASTA
“Lo haremos mierda a todos los cabecillas de cada comunidad", dice la amenaza recibida en nuestro blog. La misiva firmada por 'Marcos' fue publicada como comentario de la entrevista a Margarita Mamaní, referente de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, sobre el asesinato de Javier Chocobar, dirigente de la comunidad diaguita de Chuschagasta (departamento de Trancas, Tucumán). Por La Flecha (Radio Estación Sur / La Plata).
La amenaza no sólo está dirigida a las autoridades de las comunidades que integran la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita sino también contra la organización de derechos humanos ANDHES y las "emisoras y editores" que informan sobre el asesinato de Chocobar. Por este hecho ocurrido el pasado 12 de octubre están detenidos el terrateniente Darío Amín y los ex policías Luis Gómez y Jorge Valdivieso, el primero es cuñado del jefe de la policía de Tucumán y el segundo está sindicado como integrante del "Comando Atila", que conducía el ex comisario "Malevo" Ferreyra.
Desde el programa radial La Flecha enmarcamos esta amenaza en el contexto nacional de violencia hacia los pueblos originarios que se incrementó en los últimos meses. En la provincia de Neuquén hay una avanzada de terratenientes y empresarios que se ven afectados por las demandas indígenas. Esta posición es amplificada por diarios como La Nación y Río Negro, que reproducen argumentos tales como que los mapuche no son un pueblo indígena "argentino" -negando los derechos derivados de su preexistencia al Estado. En Tucumán también se repiten estas maniobras con argumentos tan absurdos como negar a los diaguitas "porque hablan en celular".
La intimidación fue publicada en nuestro blog pero podría haber sido vertida en cualquiera de los medios comprometidos con los derechos indígenas.
El Gobierno Nacional adelantó que va a pedir la prórroga de la ley 26.160, sancionada en el 2006, que viene siendo resistida con ganaderos y empresarios. Esta norma suspende los desalojos de comunidades y dictamina un relevamiento de los territorios indígenas. En Tucumán este estudio se puso en marcha hace dos meses y generó una escalada de desalojos, con la complicidad de jueces, en distintas comunidades de la provincia, que culminó con el crimen de Chocobar. En otras provincias, como Neuquén, el programa aún no ha comenzado y ya hay una campaña de presión que comenzó en diciembre de 2008 y se ha extendido durante todo el año en curso, contando entre uno de los promotores a Carlos 'Nuno' Sapag, hermano del gobernador.
Esta avanzada contra el "desborde" de "usurpaciones de campos" y ataques a la aplicación de la ley 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena está estrechamente vinculada a la campaña de criminalización de los movimientos sociales impulsada en todo el país por la derecha.
La Flecha Desde el monte al cemento. Información de Pueblos Originarios. Jueves de 17 a 19 horas. Radio Estación Sur 91.7 FM - Tel (0221) 4823215 - La Plata, Provincia de Buenos Aires. Transmisión on line: www.radioestacionsur.org - Blog: laflecharadio.wordpress.com
JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE JAVIER CHOCOBAR
Exigen que se cumpla lo acordado con el estado provincial en materia de cumplimiento efectivo de sus derechos. También solicitarán un reunión con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y la prórroga de la Ley 26.160 que suspende los desalojos en los territorios hasta realizarse el relevamiento territorial. Movilización permanente para conseguir juicio y castigo a los asesinos de Javier Chocobar. Declaración de los Caciques y representantes de los pueblos Diaguita y Lule reunidos el 29 y 30 de octubre.
Los Caciques y representantes de los pueblos Diaguita y Lule de la provincia de Tucumán, reunidos los días 29 y 30 de octubre de 2009, damos a conocer que al día de la fecha la situación en torno al asesinato del hermano Javier Chocobar y la situación de nuestras comunidades es la siguiente: - El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, iniciará una querella por el crimen del hermano Chocobar, lo cual valoramos y actuaremos en conjunto. - Los compromisos surgidos de la reunión de la Mesa de Gestión el día 20 de octubre de la que participan representantes indígenas, Ombudsman Provincial, la Sub Secretaria de Seguridad Ciudadana, el INAI regional, la Dirección de Patrimonio Cultura – Área Comunidad y Pueblos Originarios, el INADI, Delegación Tucumán y la Sec. de Estado de Derechos Humanos de la Provincia, son, entre otros, los siguientes: - La gestión de una reunión con los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Tucumán. - Para el efectivo cumplimiento de la normativa que respaldan a los Pueblos Indígenas, en especial la Ley 26.160 se organizara una reunión con los Jueces de Paz, que tengan competencia en los lugares de conflicto para capacitarlos en el Derecho Indígena. - Trabajar para la creación de una Fiscalía especifica a los fines de tratar todo lo relacionado a los pueblos originarios. - Ante la necesidad de impulsar la prórroga de la Ley de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, hemos tomado contacto con el Congreso Nacional solicitando no solamente la prorroga sino la ampliación de su presupuesto.
EXIGIMOS QUE SE CUMPLA LO ACORDADO Y ESTABLECEMOS EL ESTADO DE MOVILIZACIÓN PERMANENTE PARA CONSEGUIR JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE NUESTRO HERMANO JAVIER CHOCOBAR Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION QUE REGULA NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS.
Demetrio Balderrama - Comunidad Indígena de Chuschagasta Rufino Morales - Comunidad Indígena Pueblo de Tolombon Eduardo Nieva - Comunidad Indígena Amaicha del Valle Juan Carlos Ocampo - Comunidad Indígena Potrero (Rodeo Grande) Horacio Ayala - Comunidad Indígena Chaquivil Santos Pastrana - Comunidad Indígena del Valle de Tafi Enrique Mamani - Comunidad Indígena Diaguita El Mollar Francisco Chaile - Comunidad India Quilmes Alberto Romano - Comunidad Indígena Mala-Mala Raúl Sequeira - Comunidad Indígena Casas Viejas Joaquín Pérez - Comunidad Indígena El Nogalito Marcelo Cruz - Comunidad Indio Colalao Eusebio Arce - Comunidad Indígena La Hollada Juan J Carrazano - Comunidad Indígena La Angostura Rudesindo Chocobar - Comunidad Indígena Diaguita de Anfama Santiago Mamani - CPI - Pueblo Diaguita en Tucumán David Sanche - CPI - Pueblo Diaguita en Tucumán
TUCUMÁN - Por arrojar desechos tóxicos en el arroyo Matazambi y el dique Frontal
Medida. Se trata del intendente de la localidad de Alberdi, y de los propietarios del ingenio Marapa y de la empresa privada que administra una de las plantas de tratamiento de residuos.
La Justicia Federal de Tucumán imputó a cuatro personas en el marco de una denuncia por contaminación presentada por un grupo de ONGs ambientalistas de esa provincia. Dos de los imputados son empresarios y uno es el intendente de la localidad de Alberdi. La denuncia fue realizada en octubre y en ella se responsabiliza al ingenio Marapa de contaminar las aguas del arroyo Matazambi, que lleva su agua al dique Frontal. La medida fue tomada por el fiscal federal, Gustavo Gómez, quien en el marco de la feria judicial volvió a acceder a una causa por contaminación al encontrarse como fiscal en primera instancia. En diálogo con EL LIBERAL, Gómez sostuvo que “hay varios elementos de prueba” de que el ingenio Marapa arroja efluentes contaminantes y de que los piletones de tratamiento no funcionan como deberían, permitiendo el filtrado de los residuos tóxicos que contaminan las napas de las que extraen agua los pobladores de las zonas aledañas, y el curso de agua que desemboca en el embalse de Río Hondo. De esta manera, quedaron imputados Martín Alvarado, en su calidad de miembro de la firma comercial “Saneamiento y Urbanismo” que explota la planta de tratamiento de fluentes “Los Guayacanes”; Felipe Antonio Arroyo, encargado de la planta; Miguel Ángel González, presidente del ingenio Marapa, y Luis Armando Campos, intendente en funciones de la ciudad de Alberdi. La planta “Los Guayacanes” posee en su interior una serie de piletones que contienen desechos cloacales que provienen de la ciudad de Alberdi y los efluentes del ingenio Marapa. En la disposición firmada por el fiscal Gómez, se establece que “los cuerpos receptores no cumplen con ninguna medida de prevención para evitar la filtración del líquido contenido”, y que “hacia el lado norte, atraviesa la propiedad un canal que luego de salir del dominio de la planta recorre el curso del camino público hasta llegar al arroyo Matazambi”. El arroyo Matazambi es uno de los contribuyentes de agua del dique, y es uno de los que se presume transportó parte de la gran mancha de aceite de 16 kilómetros que apareció en el lago de Las Termas en diciembre pasado. El recorrido que hacen las aguas de desde las piletas de decantación que tratan los efluentes contaminantes de la ciudad de Alberdi y del ingenio Marapa fue uno de los principales puntos recorridos por EL LIBERAL cuando se realizó semanas atrás el seguimiento para tomar muestras del agua en el marco de la investigación impulsada desde el diario sobre la contaminación de las aguas de la cuenca Salí – Dulce. En su última reunión en Las Termas, el fiscal Gómez, que firma la citación a los cuatro imputados, había manifestado que el único camino en que creía para frenar la contaminación era “el derecho penal ambiental para poner presos a los contaminadores”.
Dirección de la nota: http://www.elliberal.com.ar/secciones.php?nombre=home&file=verarchivo&id_noticia=090122TOL
FUEGO EN EL BASURAL En dos semanas recién se lograría sofocar el incendio en Pacará Pintado
El avión hidrante trabajó ayer con una frecuencia de 20 minutos sobre la montaña de basura incinerada.
Los bomberos de Tafí Viejo y Alderetes no dan a basto para sostener la cantidad de agua que se necesita para sofocar más rápido el incendio que se desató en la celda Nº7 del basural de Pacará Pintado. El avión hidrante arroja cada 20 minutos unos 2.000 litros de agua con detergente a fin de que el líquido se concentre en las profundidades de la montaña de basura incinerada. “Ahora se observa una nube blanca que es producto del vapor, pero no es tóxico”, sostuvo Mario Criado, gerente de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL.
Por ahora la situación está bajo control pero el fuego continúa en las profundidades de la montaña de basura depositada en la celda Nº 7 de la planta de disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU) de Pacará Pintado. Es por ello que el cuerpo de bomberos de Tafí Viejo y Alderetes continuarán trabajando por lo menos dos semanas más en el predio hasta sofocar definitivamente el incendio, que se desató en la noche del martes pasado.
Para extinguir el fuego, el avión hidrante volvió a sobrevolar ayer y arrojó cada 20 minutos unos 2.000 litros de agua con detergente a fin de que el líquido se concentre en las profundidades de la montaña de basura incinerada. La aeronave, que trabaja también para sofocar un incendio en Los Pizarros, es provista por el gobierno nacional en el marco del Plan nacional de Manejo del Fuego. Para reforzar la tarea del avión, se canaliza a través de una bomba agua desde Río Salí.
Mario Criado, gerente de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, reiteró ayer, en una conferencia de prensa que se realizó en el predio de la firma, que el siniestro se originó de manera intencional, aunque dijo no tener sospechas ciertas sobre quien pudo originarlo. La denuncia ya está en manos de la Justicia provincial, mientras sobrevuela una segunda hipótesis vinculada a una causa judicial en la que se investiga a la empresa por contaminación ambiental.
En la conferencia, Criado enfatizó en todo momento que la única perjudicada por el siniestro es la empresa, con pérdidas millonarias, descartando que haya producido daño ambiental y que haya perjudicado a los vecinos. “Ahora se observa una nube blanca que es producto del vapor, pero no es tóxico”, sostuvo ante la consulta de la prensa.
Por último, Criado también aclaró que pese a la magnitud del incendio nunca se puso en riesgo el funcionamiento de la planta. “Ahora, la celda Nº7 quedó aislada, en un área de contingencia, para que no se propague nuevamente el fuego”, explicó y descartó que el fuego pueda expandirse a otras celdas. “No hay ninguna posibilidad, salvo que haya una situación intencional”, acotó.
En Pacará Pintado se realiza la disposición final de los desechos de los municipios de Lules, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Las Talitas y capital y de las comunas de San Javier y El Manantial. Se estima que se reciben diariamente alrededor de 750 toneladas de residuos, 500 de ellas de la capital.
En medio de una férrea interna de cara a las próximas elecciones por la conducción del Rectorado de la UNT, el Consejo Superior aprobó una sesión para el 12 de noviembre donde Cerisola deberá explicar cómo se administran los fondos que ingresan desde YMAD. Momentos de alta tensión se vivieron en la sesión del martes cuando se intentó hacer públicas una carta de la vicerrectora contra Cerisola y su respectiva respuesta.
En medio de una caótica sesión en la que se evidenció la disputa política entre el rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola y la vicerrectora María Luisa Rossi de Hernández, el Consejo Superior de la UNT aprobó la realización de una sesión extraordinaria –se realizará el 12 de noviembre- en la que la máxima autoridad universitaria deberá rendir cuentas sobre los fondos que se reciben desde la UTE Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). El origen de este pedido de informes derivó en una situación de alta tensión en la que se estuvo a punto de proseguir la sesión a puertas cerradas dado el cariz que tomó el debate. El momento más tenso de se dio cuando Cerisola intentó leer ante los consejeros una carta que le envió Hernández y su respectiva respuesta, lo que fue impedido por varios consejeros afines a la vicerrectora. La respuesta de Cerisola, finalmente, según se dijo, se iba a concretar ayer con copias a cada uno de los consejeros. Días atrás, un grupo de decanos envió al rector una grilla con tablas contables a través de las cuales debe ajustarse la rendición de cuentas del manejo de los fondos de YMAD. Finalmente, esta propuesta no fue trata en la sesión de ayer lo que avivó a un más el debate entre los sectores antagónicos debido a las quejas por su no inclusión en el orden del día. Por lo pronto, hay dos sectores que depositaron sus expectativas en cuanto a la mencionada sesión sobre el manejo de los fondos de YMAD: los opositores a Cerisola – en plena disputa de cara a las elecciones por la conducción del Rectorado, en abril próximo- , y las organizaciones ambientalistas que reclaman el fin del vínculo entre la UNT y Minera Alumbrera –socias a través de esa UTE- dada las denuncias contra la minera por contaminación ambiental. http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=53685