Por orden del juez federal Daniel Bejas, Gendarmería Nacional extrajo ayer muestras del material que la empresa arroja al canal DP2, tributario del dique de Termas de Río Hondo, en la planta de filtrado mineral instalada en la zona de Ranchillos. Además de la contaminación que genera, la firma es investigada por una millonaria evasión.
15/06/2012 11:40 PM | La empresa Minera Alumbrera, que explota un yacimiento a cielo abierto en la vecina provincia de Catamarca y es acusada de contaminar a toda la región con su accionar, vuelve a estar en mira de la Justicia Federal de Tucumán.
Por orden del Juzgado Federal I, a cargo de Daniel Bejas, la Gendarmería Nacional concretó ayer un allanamiento en la Planta de filtrado mineral que esa firma posee en Cruz del Norte, sobre la ruta 302, cerca de Ranchillos, en la zona Este de la provincia.
Trascendió que los efectivos de la fuerza nacional realizaron una toma de muestras de agua y desechos que la empresa arroja al canal DP2, luego del proceso de separación de los minerales que llegan a Tucumán a través del mineraloducto que sale desde la mina en Catamarca.
Las pericias apuntarían a constatar el grado de contaminación de los efluentes que Minera Alumbrera al Canal DP2, que luego de recorrer la zona Este de la provincia desemboca en el dique "El Frontal" de Termas de Río Hondo, que comparten Tucumán y Santiago del Estero.
En la planta que fue allanada ayer por Gendarmería la empresa minera realiza el tratamiento del "barro" que transporta el mineraloducto, de una extensión de 316 kilómetros, y que contiene un 63 por ciento de sólidos. El proceso consiste en separar el barro y otros desechos del oro y cobre metálico, además del molibdeno, que, tras ser sometidos a un proceso de filtrado y secado, luego son transportados desde la estación Cruz del Norte, por vía férrea, hasta el puerto de San Lorenzo, en Rosario, desde donde el material es exportado.
El agua y los desechos que resultan de ese procedimiento de filtrado luego son arrojados al canal DP2 y desde allí van a parar al dique de Termas de Río Hondo, contaminándolo, según las denuncias realizadas por ambientalistas y conforme se desprende de las causas por daño ambiental que tramita la Justicia contra Minera Alumbrera.
Antecedentes
Precisamente, fue a raíz de la contaminación con metales pesados del Canal DP2 que, en 2008, fue procesado por la Justicia Federal de Tucumán el vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney. Sin embargo, un año más tarde la Cámara Nacional de Casación Penal consideró que las pruebas que determinaron la medida no fueron obtenidas conforme a los requisitos procesales. En consecuencia, dicho tribunal ordenó que la investigación vuelva a foja cero y que se recolecten nuevas pruebas en la causa. Es oportuno aclarar que este expediente por contaminación ambiental, previsto y sancionado por la ley 24.055, de Residuos Peligrosos, se tramita en el Juzgado Federal II, a cargo de Fernando Poviña. Un hecho llamativo es que la causa lleva más de 13 años sin resolución, lo cual, según la querella, viola el Pacto de San José de Costa Rica. De hecho, esta demora motivó en el planteo de una queja por parte de organizaciones ambientales, con el acompañamiento del fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Antonio Gustavo Gómez, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Otra causa
Además de las investigaciones por contaminación ambiental, en el Juzgado Federal I de Tucumán se tramita una causa por una presunta evasión millonaria por parte de Minera Alumbrera en perjuicio del Estado nacional y sus socios del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio-YMAD (constituido por la Universidad Nacional de Tucumán, el Estado Nacional y el Gobierno de Catamarca). La demanda fue promovida por los geólogos tucumanos Guillermo Amilcar Vergara y Miguel Gianfrancisco, quienes mediante la realización de un estudio sobre metalogénesis llegaron a comprobar que la empresa solamente declara, para su tributación, la exportación de oro, cobre y molibdeno; aunque omitiría informar sobre la extracción y venta al exterior de importantes cantidades de una lista de casi 50 minerales de alto valor económico, entre ellos: escandio, titanio, cromo, cobalto, cesio y uranio.
De acuerdo a la demanda, presentada en febrero de 2010, con la exportación no declarada de esos metales se estaría consumando una evasión de más 8.000 millones de dólares por año.
Para llegar a esa cifra, los licenciados Vergara y Gianfrancisco realizaron un cálculo sobre las cantidades vendidas al exterior, el precio en dólares por gramo de cada uno de los mencionados minerales y el tributo que deberían haber ingresado al Estado Nacional y al YMAD.
En su planteo, los geólogos recordaron que el Código de Minería de la Nación establece que los primeros cinco años la firma minera estaba libre de impuestos, por lo que la evasión impositiva real estimada abarca desde 2005 hasta comienzos de 2010, (que es cuando se concretó la demanda) siete años. A partir de dichas consideración, el monto del fraude - evasión ascendería a más de 40.000 millones de dólares.
La última movilización importante que tuvo la causa ocurrió en mayo de 2011, cuando la empresa impidió que el entonces fiscal Emilio Ferrer, acompañado por Gendarmería, realice una extracción de muestras del material que se transporta en tren desde la planta de filtrado de Ranchillos (la misma que allanaron ayer) hasta el puerto de San Lorenzo.
Minera Alumbrera no permitió que se realice el procedimiento, que había sido ordenado por Bejas, debido a que, supuestamente, la notificación judicial sobre el allanamiento fue enviada al domicilio anterior de la firma y, por ende, la cédula nunca habría llegado a destino.
A cambio, la empresa le ofreció al titular del Juzgado Federal I hacer una "entrega voluntaria" de material para su análisis, lo cual nunca no se concretó.
Por este motivo, no se descarta que el allanamiento concretado ayer en la Planta de Filtros que Minera Alumbrera posee en Tucumán tenga por finalidad la obtención de esta prueba.
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