Pese a que la ley 26.160 impide el desalojo de las comunidades originarias de sus tierras, sectores de la Justicia siguen emitiendo fallos favorables a los terratenientes. La mencionada norma contempla un relevamiento territorial de todos los pueblos indígenas del país. En Tucumán, su aplicación alcanzó un alto grado de avance. Una herramienta para bloquear el desalojo de las comunidades ancestrales. Reunión en la APT.
El histórico desplazamiento de las comunidades indígenas de sus tierras motivó la sanción en 2006 de la ley Nº 26.160, impulsada por la Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Esta norma declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país por el término de cuatro años –luego se la prorrogó hasta noviembre de 2013-, disponiendo durante ese lapso la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras.
Sin embargo, pese a esta disposición, la realidad es muy distinta. Ejemplo de esto, son los constantes avances de sectores terratenientes contra diferentes comunidades ubicadas en territorio provincial.
Según explicó a primerafuente Federico Casinelli, representante en Tucumán del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), las tres comunidades locales que más sufrieron intentos de desalojos en los últimos años fueron La Angostura, la Comunidad India Quilmes (ambas de origen diaguita) y la de Los Nogalitos, del pueblo Lule.
“En el caso de las comunidades Quilmes y Lule, nos encontramos con constantes fallos judiciales a favor de los sectores terratenientes que avalan los desalojos. Hay un estado de litigio permanente, pese a que la ley 26.160 es muy clara en cuanto a su alcance”, afirmó Casinelli. En tanto, los intentos de desalojos a la comunidad de La Angostura, por ahora, están paralizados.
Justamente, el punto esencial de la norma, dispone que el INAI se constituya en el organismo de aplicación de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por los pueblos originarios. "Mientras este proceso de lleve a cabo, todo intento de desalojo debe quedar suspendido", aclaró Martín Andrade, coordinador regional del Relevamiento Territorial (ver video adjunto).
Casinelli explicó que en Tucumán el grado de aplicación de este trabajo se encuentra muy avanzado en comparación con otras provincias y, de continuar este ritmo, podría finalizar antes de que termine el año. En este sentido, caciques de las 19 comunidades indígenas de la provincia se reunieron ayer en la sede de la Asociación de Prensa de Tucumán, para analizar el nivel de desarrollo de este proyecto.
“Se trabaja desde diferentes áreas técnicas: agrimensura, socioantropológica y legal, siempre con las participación indígena en toda las mesas de trabajo. Se conforman unidades provinciales en la que participan instituciones como el INAI, la UNT, la Secretaría de Derechos Humanos y un Consejo de Participación Indígena”, detalló.
“Tras finalizar el relevamiento se realiza una carpeta técnica con toda la información obtenida que no sólo permite un conocimiento sobre el patrimonio que se intenta preservar, sino que sirve como una estrategia legal ante los planteos judiciales que buscan los desalojos”, afirmó Casinelli a primerafuente.
El Fiscal Federal Antonio Gustavo Gómez es de ir al fondo con las investigaciones aunque éstas toquen a personas influyentes y poderosas. Eso por supuesto lo ha llevado a ganarse “muchos enemigos” ya que según afirman por los pasillos del Tribunal Federal, “A Gómez es imposible comprarlo”.
Un fuerte empresario con inversiones en Tucumán y Santiago, fue investigado por el Doctor Gómez por “supuesta evasión impositiva y posible lavado de dinero”, tras lo cuál denunció al Fiscal Gómez por considerar que incurrió “en una intromisión indebida en la competencia que la ley le otorgaba al fiscal de primera instancia”. Esto valió que el Procurador general de la Nación le haga un fuerte llamado de atención que podría interpretarse como una presión al Fiscal Federal y que recién se hizo pública esta semana.
Tras conocerse por los medios la decisión del Procurador General de la Nación de hacer un “severo llamado de atención” al Fiscal General Antonio Gustavo Gómez, la preocupación invadió a los tucumanos. Quienes conocen a Gómez saben que no le tiembla el pulso a la hora de investigar y confían en la rectitud de su accionar. Sus enemigos estarían entre algunos de los investigados e incluso, se comenta, dentro mismo de la Justicia ya que Gómez no hace concesiones a los amigos del poder.
Hay mucho “ronroneo” en los corrillos de Tribunales y suena con fuerza la versión de que magistrados de la Justicia Penal sufrirían diferentes grados de presiones cuando actúan especialmente en torno a temas de Derechos Humanos. Por eso cuando hoy se conoció que a Gómez también quieren cortarle las alas en casos penales, la opinión pública comenzó a tomar partido y muchos fueron los que se acercaron a apoyar al Fiscal y hasta circularon fuertes versiones de que se organizaría una marcha pública, como la que en su momento respaldó al Fiscal Anticorrupción Esteban Jerez o las que se hicieron cuando se pretendió hacer juicio político al vocal de la Corte René Goane por haber sido “funcionario en la época del proceso”, para defender la independencia de la Justicia y apoyar al Fiscal Antonio Gustavo Gómez.
En junio de 2009, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, había efectuado un “severo llamado de atención” a Antonio Gustavo Gómez, titular de dicha Fiscalía General. Por medio de la Resolución 42/09, Righi concluyó que no existían elementos suficientes que justificaran la iniciación de un sumario ni la apertura de la instancia correspondiente ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Sin embargo, consideró que era conveniente “recomendarle (a Gómez) que, en lo sucesivo, adecue su actuar a las prescripciones legales relativas a la recepción de denuncias e iniciación de investigaciones preliminares, a los efectos de evitar posteriores y eventuales planteos de nulidad que deban ser resueltos por los órganos jurisdiccionales”.
El origen había sido la presentación formulada contra Gómez por el abogado Carlos Miguel Gordillo. Según este, el fiscal general, al haber llevado a cabo una determinada investigación preliminar, incurrió “en una intromisión indebida en la competencia que la ley le otorgaba al fiscal de primera instancia” (se trataba de Carlos Brito).
Como consecuencia, se formó el Consejo Evaluador (integrado por cinco fiscales generales), en cuya opinión se basó Righi para llamarle la atención a Gómez.
No fue el único llamado de atención a la Justicia federal en Tucumán. A fines de febrero también el Consejo de la Magistratura de la Nación apercibió al camarista federal Raúl David Mender, como consecuencia de un intercambio de palabras que, en enero de 2008, el magistrado había mantenido con un abogado que se encontraba desempeñando funciones en la Secretaría Ad-Hoc de la Fiscalía General Federal.
Luego de que se hicieran públicos estos llamados de atención desde la Nación, creció la preocupación de Magistrados y funcionarios judiciales así como la de los ciudadanos en general. Así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación exige a la presidenta que respete la independencia de poderes y los deje trabajar tranquilos, en Tucumán urge tener la seguridad de que en la Justicia cada uno podrá trabajar libremente y a conciencia, sin recibir presiones ni amenazas de nadie.
Flor de festín se habrán hecho todos los que por alguna razón son investigados por la Justicia, sabiendo que con sólo hacer una denuncia contra quien los investiga pasarán de victimarios a víctimas.
Es inaceptable pensar que los jueces y Magistrados puedan trabajar condicionados por diferentes circunstancias o necesidades y mucho menos que si no “obedecen” puedan ser apercibidos o hasta separados del cargo. La justicia es un poder absolutamente independiente y quienes investigan delitos, defienden a imputados de manera oficial ó imparten justicia deben a su vez gozar de respeto y tener la libertad de hacer lo que les parezca correcto.
Sólo así seremos un país respetable que garantice a sus habitantes que las leyes están hechas para cumplirlas, que las buenas acciones se premian y los delitos se castigan. Será la única forma también de que la Justicia recupere su brillo y vuelva a ser confiable y creíble.
Ya decía el Papa Juan Pablo II en repetidas oportunidades que “Sólo con Justicia se logra la paz”.
Por favor entonces, a todos aquellos que trabajan por y para la Justicia, les rogamos que no se dejen amedrentar ni tampoco amedrenten y a quienes tengan la mala suerte de recibir presiones de algún tipo, que tengan el suficiente coraje como para defender aquello que les parezca justo y correcto porque tener la conciencia tranquila, de verdad será una satisfacción muy superior a cualquier premio, dádiva o ascenso.
Luz García Hamilton
Periodista
Articulo sacado de - http://www.periodismodeverdad.
De acuerdo a los fundamentos de la creación de la UF de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los DDHH cometidas durante el terrorismo de estado, especialmente donde explicita que:
• Coordinar con los fiscales de todas las jurisdicciones las estrategias de investigación y persecución para posibilitar la apertura y sustanciación de los juicios en los plazos más breves posibles, a cuyo fin deberá realizar reuniones periódicas con los fiscales intervinientes
• Colaborar con los poderes del Estado competentes para la protección de los actores y testigos, en los términos dispuestos en la Res. PGN 143/06. En medio de un muy publicitado clima de incertidumbre, respecto del desempeño legítimo de las funciones de los tres poderes de la república democrática, me dirijo al MPF, sobre este horrible hecho que informa la Agencia Walsh , que pudiera anexarse a la desaparición de Julio López, cuya gravedad aunque no se difunde internamente, nos coloca en la opinión internacional en un lugar vergonzoso. Espero la más urgente y eficaz acción de esa Unidad Fiscal, a la que comunico directamente este hecho, como corresponde a mi deber y a mi derecho. Delia Hermosí L.C. 4.246.907 ciudadana argentina, nativa y residente
Apareció Ramón Morales, integrante de Hijos del Interior
(AW) El integrante de Hijos del interior, cuya madre Graciela Morales es querellante en la causa por genocidio, conocida por Arsenales Miguel de Azcuenaga en la provincia de Tucumán, pavoroso lugar donde eran ultimados los compañeros luego del cautiverio y los tormentos, al igual que la madre, el padre y tres hermanos de Graciela. Ramón fue encontrado por aviso de la policía quien durante un mes y medio había negado conocer su paradero.
(Buenos Aires, 9 de marzo de 2010. Por Agencia Walsh) El día 23 de enero pasado, Ramón Gumersindo González Morales se encontraba jugando al voley con tres amigos en una cancha cercana a su domicilio, sus amigos se trasladaron hasta la casa de uno de ellos y Ramón les dice que los encontrará un rato después: continuo jugando en la cancha y lo próximo que recuerda es despertar en un hospital, con un brazo quebrado, la perdida de la visión de un ojo, una enorme cicatriz en la frente, por una cirugía donde tuvo que ponérsele una placa, y heridas en todo el cuerpo. Por el evidente shock traumático Ramón no tiene memoria de lo ocurrido.
Ramón había sido detenido sin causa el 18 de junio pasado por averiguación de antecedentes, siendo golpeado por la policía durante toda la noche.
Graciela Morales, madre de 11 hijos, llegó a Buenos Aires en búsqueda de trabajo con Ramón, dejando a sus otros 10 hijos al cuidado de la hija mayor en Monteros, provincia de Tucumán.
Cuando Ramón desaparece, se comunica con Alejandra García Araoz de una Organización Oficial de Derechos Humanos de Tucumán, quien se comunica con ella cuando Ramón aparece. Por falta de recursos económicos, y en plena soledad y desprotección, radica la denuncia por desaparición el 06 de febrero en Lomas de Zamora.
Dos veces por semana se dirigía a la comisaría de Esteban Echeverría, por indicación del Tribunal para recabar datos. La policía nunca tenía respuesta.
Graciela logra comunicarse con la Agrupación Hijos del Interior, el viernes pasado, y su representante viaja inmediatamente a Buenos Aires, con la solidaridad de los integrantes de esta organización, victimas también de la desocupación y el hambre que reina en toda la provincia.
Graciela recibe la comunicación, de la Comisaría de Lomas del Millón, el 3 de marzo, de que su hijo Ramón estaba internado en el Sanatorio Güemes de Ramos Mejía desde el 24 de enero, víctima de un atentado de una patota de ocho personas, siendo rescatado por un policía.
Extrañamente no hay ningún imputado ni detenido en esta causa. Ramón era "visitado" por distintos efectivos policiales dos veces por día durante su internación.
Ramón les pedía que informaran a su madre de su paradero, y extrañamente nunca la encontraban.
Algunas otras cosas extrañas.
El amigo de Ramón que estuvo con é hasta un rato antes de su desaparición, luego de contarle a Graciela lo sucedido, se negó a declarar en un claro estado de terror.
El patrón de Ramón, quien era ayudante de albañil, con quien había vuelto a trabajar desde el 19 de enero, dice no saber de él, desde meses antes.
No permitiremos jamás que esta excusa burlesca de la policía y el estado acallen nuestros reclamos frente a esta atrocidad.
Responsabilizamos y denunciamos este claro mensaje mafioso de los genocidas y su brazo armado en total función y facultades, para amedrentar a los que todavía no olvidan ni perdonan.
Solicitamos solidaridad efectiva con estos compañeros que hoy no cuentan con trabajo, ni con vivienda, ni con ningún recurso económico y deben permanecer un tiempo más en Buenos Aires, para que no quede todo en el silencio y la nada.
Contacto:
Graciela Morales
153-375-7324.
Agrupación Hijos del Interior
0381 155 905998
