LICITACIÓN A LA BASURA

El Concejo aprobó que La Banda SRL se haga cargo de Overo Pozo en forma directa


PACARÁ SERÁ UNA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA. El Concejo Deliberante capitalino avaló ayer esquivar una licitación pública y ceder en forma directa los derechos de construcción y administración de la futura planta de residuos de Overo Pozo (Cruz Alta) a la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL , firma que hoy trata los derechos del área metropolitana en Pacará Pintado. El acuerdo sería en un principio hasta 2012 –cuando finaliza el acuerdo con Yerba Buena, último contrato vigente de la empresa con Yerba Buena- aunque, dada la millonaria inversión que debe realizar la prestataria, se presume que se extendería por varios años más. Uno de los que se opuso a la medida fue el edil Claudio Viña (FR) quien negó que el contrato con dicho municipio deba se contemplado. “El consorcio nació para barajar y dar de nuevo, no para regalarle un predio que vale millones a una empresa ineficiente que nos cobre una fortuna para amontonar residuos como lo hace en Pacará Pintado. Debe llamarse a licitación", sostuvo Viña a primerafuente.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54793

El Consejo Superior de la UNT le pidió a Cerisola que actúe con prudencia

Buscan limitar la contratación de personal cuando el déficit mensual supera el millón de pesos. Los consejeros superiores, que acompañaron la moción impulsada por la comisión de Hacienda, denunciaron que en los últimos cuatro meses hubo casi 167 contrataciones.

A pesar de los esfuerzos del oficialismo por maquillar el desarrollo de las reuniones del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), todo indica que el el rector Juan Alberto Cerisola cerró el año con un nuevo revés para sus aspiraciones reeleccionistas.

El Consejo Superior le advirtió que ponga límites a la discrecionalidad con la que contrató a más de cien personas en menos de dos meses. Según el órgano de gobierno universitario, esta empleomanía pone en riesgo a las finanzas de la UNT que ya presentan un déficit mensual de más de un millón de pesos, que se cubre con los fondos de libre disponibilidad del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD).

Aunque los consejeros oficialistas intentaron presentar la decisión del Consejo Superior como un triunfo, el rector no pudo evitar el chubasco por la puesta en evidencia de su política administrativa.

Los consejeros superiores, que acompañaron la moción impulsada por la comisión de Hacienda, denunciaron que en los últimos cuatro meses hubo casi 167 contrataciones. La mayoría de los contratos pertenecen al ámbito del Rectorado, en las secretarías de Bienestar Universitario y Extensión Universitaria.

Santiago Yanotti, representante de los estudiantes cuestionó a Cerisola. “Nos acusa de ser personeros de la vieja política y sus funcionarios salen en los diarios hablando desde los partidos que el cuestiona. Su secretario general es un referente del PJ más tradicional y el secretario de Bienestar Universitario se propuso como presidente de la UCR. No me parece mal, pero el rector debiera cambiar de discurso y dejar de engañar a la comunidad universitaria”.

La decisión adoptada por el Consejo Superior exhorta expresamente al rector “en el sentido de no autorizar, ni efectuar, ni dar curso a ninguna nueva designación de personal no docente, sea interino o en planta permanente, ningún nuevo contracto de locación de servicios, ni asignación de puntos para nuevos cargos docentes interinos o cambios de dedicación, durante un período de seis meses. Se establece además, que las designaciones en planta permanente o interinas ya realizadas, así como los contratos ya instrumentados, las designaciones docentes interinas y los concursos en trámite, que contaren con la debida autorización de las partidas correspondientes, continuarán ejecutándose".
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54755

ES INMINENTE UN NUEVO DESALOJO EN TERRITORIO QUILMES

Nuevamente la Comunidad de Base Colalao del Valle se ve asediada por una decisión de la Justicia provincial quien procederá a ejecutar un segundo desalojo en el mismo predio en el que, meses atrás, más de medio centenar de policías, conjuntamente con una empresa privada destruyeran las casas en donde moraban familias de jóvenes comuneros, miembros de la CIQ. En aquella oportunidad los efectivos trasladados para el efecto, desde distintas unidades de la Regional Oeste, fueron albergados y alimentados en la Hostería de Colalao del Valle dependiente de la Comuna Rural.

Posteriormente, la Comunidad India Quilmes conjuntamente con otras Autoridades Tradicionales, resolvieron recuperar el territorio posesionando a los comuneros expulsados en el mes de septiembre pasado. En esa oportunidad emitieron un comunicado observando “con gran preocupación que en todos estos años la justicia occidental siempre ha sido injusticia para los PI. … la jurisprudencia en la Provincia al respecto es mínima, a pesar de haber un importante reconocimiento sobre DDII, no existe voluntad política de complementar el formalismo clásico con el sistema jurídico de los PI.” También señalaban que el Poder Ejecutivo de la provincia “…no tiene una política clara y sincera, respecto a los PI. El poder legislativo carece de toda voluntad de reglamentar leyes con la participación plena y efectiva de las Comunidades Indígenas, El Poder Judicial resiste en aplicar y efectivizar las leyes vigentes. Todas sus interpretaciones son clásicas, arbitrarias y carecen de honestidad jurídica.” En dicho documento resolvieron “…hacer efectivo por medios pacíficos la legislación vigente, y en particular, resistir y no permitir ningún desalojo en las tierras indígenas, aun con sentencia judicial occidental.” Y en ese sentido, “…promover el ejercicio progresivo del derecho a la libre-determinación…”

Luego de la recuperación del territorio desde la Delegación Comunal de Colalao del Valle se prohibió el uso del agua de un pozo anexo al mismo como medida coercitiva para que los habitantes abandonaran el lugar.

En la actualidad y, de acuerdo a informaciones extraoficiales el próximo jueves 17 de diciembra se estaría por ejecutar un nuevo desalojo por lo que sus principales referentes llamaron a los comuneros a mantenerse en estado de alerta y movilización. De igual manera solicitaron la solidaridad del resto de las organizaciones sociales y de derechos humanos a la ciudadanía en general y partidos y organizaciones políticas, dirigiéndose al 3815220039

Las razones de la reincidencia en el desalojo

Como es sabido, las pretensiones de los terratenientes de Colalao de Valle en desconocer la legitimidad de la Comunidad India Quilmes sobre su territorio, los lleva a acusar a los comuneros de “usurpadores que hacen un asentamiento ilegal” se explica puesto que la zona tiene un potencial vitivinícola muy alto, considerándosela más apta que la de Cafayate (distante a solo 40 Km., hacia el norte) para la elaboración de vinos de alta gama. Igual interés y desconocimiento activo de la Comunidad Indígena, tienen “emprendedores vitivinícolas” que son en realidad funcionarios políticos o parientes de funcionarios políticos de Tucumán quienes públicamente cuestionaron el estatus jurídico de la tierra en el “Diario la Gaceta” del 01/04/07. En esa nota se reflejaba la preocupación de los "pioneros vitivinícolas” (Posse, Sarrulle, Penna) sobre la falta de seguridad de la tierra en el Valle Calchaquí. Refiriéndose a los fundos que estos "emprendedores" tienen en las zonas de Colalao del Valle y Quilmes (territorio de la Comunidad India Quilmes). Esta versión que busca desinformar y defiende las pretensiones de estos “emprendedores” es falaz, puesto que la "seguridad jurídica sobre la tierra" a la que se refieren y que el diario en cuestión reproduce, no se refiere a la seguridad en términos individuales sino comunitarios y que están ampliamente expresados en los artículos constitucionales, nacional (75 Inc. 17) y provincial (Art. 149).

PRENSA UNION DE LOS PUEBLOS DE LA NACION DIAGUITA

Publicado en: http://www.uniondiaguita.blogspot.com/

Tucumán: Brutal represión a educadores populares

Tucumán (Agencia Paco Urondo), jueves 3 de diciembre de 2009;

La policía provincial irrumpió con desproporcional violencia represiva en un comedor comunitario donde se realizaba un taller artístico del Programa Vida, del gobierno provincial, en busca de un adolescente. Sesenta uniformados de cuatro grupos distintos repartieron golpes y arrojaron gases lacrimógenos, balas de goma y de armas reglamentarias contra personas desarmadas. Las organizaciones sociales denunciaron amenazas.

Una brutal represión policial se desató en la tarde de ayer, en el barrio Juan Pablo I, más conocido como “El Sifón”, uno de los siete barrios de alta vulnerabilidad que se encuentran en el sector noroeste de la capital tucumana. Sin reparar en que en las instalaciones del comedor de la Asociación Civil Los Lapachos Tucumanos se encontraban niñas, niños y mujeres, las fuerzas policiales ingresaron a los golpes y destrozando todo lo que encontraban a su paso. Ante la sorpresa de los educadores que estaban dictando un taller de arte del Programa Vida, un proyecto para jóvenes, que impulsa el Gobierno de la Provincia por medio del Ministerio de Desarrollo Social, la policía repartió golpes a niños y mujeres, y ante la reacción vecinal pidieron refuerzos y comenzaron a arrojar gases lacrimógeno, balas de goma y luego también disparos de sus armas reglamentarias.

La crónica de los hechos

Cuarenta minutos después de iniciado el taller, a las 19 horas y mientras un grupo de niños, adolescentes y jóvenes acompañados por talleristas y referentes territoriales del Programa Vida de la Asociación Civil Crecer Juntos, se produjo de forma inesperada la llegada de personal policial de civil, munidos de armas de grueso calibre, quienes sin mediar ninguna identificación, comenzaron una brutal golpiza contra un adolescente que en ese momento se encontraba participando del taller. Los efectivos policiales -alguno de los cuales tenían signos de estar alcoholizados- pidieron inmediatamente el refuerzo policial, por lo que acudieron personal de la comisaría 6ª, Infantería y Grupo CERO en un número aproximado de 60 uniformados.

El operativo encabezado por personal de la Brigada de Investigaciones adquirió un nivel de violencia desmesurada consistente en golpes a niños, adolescentes, jóvenes y mujeres que se encontraban en el lugar buscando parar la golpiza que los policías estaban propinando al menor. El panorama se complicó con los insultos de los policías, más golpes y el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y balas de sus armas reglamentarias contra todos los presentes en el pasaje del comedor cito a la altura de San Miguel al 1800 cuyo domicilio fue violado por el personal policial. El operativo duró aproximadamente una hora de intensa balacera y la correlativa indignación de los vecinos que respondieron a la fuerte violencia policial con una lluvia de piedras.

En su tropelía de violencia los efectivos policiales destruyeron las instalaciones del Comedor Los Lapachos Tucumanos, sin ahorrar violencia contra su referente y presidenta, Irma Monroi, madre y educadora con años de trabajo en ese barrio, quien en medio de su crisis de nervios imploraba por el cese de la violencia y por el resguardo de las decenas de niños y niñas que se encontraban en medio de la balacera y las pedradas. A manera de intimidación toda esta fuerza policial, lejos de retirarse, una vez terminado el operativo, se apostaron a la entrada del barrio continuando con la represión y realizando todo tipo de amenazas contra las/os compañeros allí presentes entre los que se encontraban compañeras/os educadoras/es de Crecer Juntos y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social en función de mediar en este grave incidente.

Responsabilidades

Desde estas Organizaciones hacemos responsables al Ministro de Seguridad Ciudadana Mario López Herrera, al Jefe de Policía Cro. Hugo Sánchez y al Juez de Instrucción de la IIIª Nominación, Dr. Francisco Pisa -quien emitió y autorizó, a decir de los efectivos, este operativo en todas sus formas- de la seguridad y la integridad física de estas/os compañeras/os amenazados.

Los medios de comunicación tucumanos, especialmente Canal 8 y la edición digital del diario El Siglo, con su política reincidente en la cobertura de este tipo de hechos reprodujeron una versión sesgada que no dio cuenta de la totalidad de la información y resaltando los estereotipos presentes en la sociedad tucumana. Mal podían estos medios tener una cobertura completa cuando nunca estuvieron presentes ni en el comienzo del operativo, ni en la brutal represión que incluyó arrojar gases lacrimógenos en las humildes viviendas del barrio donde buscaban refugio mujeres y niños y niñas que resultaron afectados por esa acción desaprensiva.

En sede de la Comisaría 6ª, el Comisario Alaniz, a cargo de dicha comisaría, admitió que él no se encontraba a cargo del operativo, que de haber estado él ese operativo no se hubiera realizado de ese modo. No encontrando seguridad e imparcialidad para efectuar declaraciones en la sede policial las/os compañeras/os decidieron dirigir la exposición de los hechos directamente a la sede de la fiscalía.

Pedido de solidaridad a las organizaciones sociales

Desde Tucumán pedimos a las compañeras y a los compañeros puedan expedirse y comunicar a la opinión pública de manera urgente este modo de operar de las fuerzas policiales tucumanas y el ministerio de “seguridad ciudadana” quienes cuentan con el segundo mayor monto asignado del presupuesto general 2010 de la Provincia, incluso más que el propio Ministerio de Desarrollo Social, dando muestras de toda una opción política explicada presupuestariamente de lo que se avecina en nuestra poblaciones y en medio de las cuales quedamos las compañeras y los compañeros de las Organizaciones de la Sociedad Civil muchas veces en la soledad de su trabajo.

Solicitamos también a las compañeras y los compañeros que además de dar difusión de los hechos, hagan público su repudio dirigiendo notas al Ministro de Seguridad Ciudadana (seguridad@tucuman.gov.ar - Tel: 4844000 - Int.:431 - 492) explicitando la gravedad de las amenazas recibidas por las compañeras y compañeros educadoras y educadores de Crecer Juntos, del Programa Vida y de la Asociación Lapachos Tucumanos. Hacerlo responsable de cualquier situación que devenga de estas amenazas expresadas por el personal policial a su cargo.

Confiados en la fuerza que nos da la solidaridad y el sueño de otro mundo posible seguiremos caminando nuestros barrios, seguiremos atando nuestro destino al cuidado de la vida, de la no-violencia, de la inclusión plena y en definitiva seguiremos caminando negándonos a las lógicas de judicialización de la pobreza y la respuesta de la represión policial como única salida que nos quieren imponer a la sociedad tucumana. Confiamos también en la solidaridad que nos impulsa a no bajar los brazos soñando por el otro país donde la Justicia Social, el respeto por los Derechos Humanos y la Unidad Popular sean una base de construcción de esa otra manera de convivir como sociedades.

Asociación Civil Crecer Juntos www.crecerjuntos.org.ar, coordinacion@crecerjuntos.org.ar, (54) (381) 434 0944, Leonor Cruz: (54) (381) 15 4904448, Adriana Díaz: (54) (381) 15 4908413, Edmundo Dantes Ibáñez: (54) (381) 15 6026229 (Agencia Paco Urondo)

El poder detrás del poder

Cuando hablamos de la minería en la Argentina de hoy debemos tener en cuenta algunos elementos centrales de este tema mucho más allá de la cuestión meramente económica. En las últimas décadas en toda América Latina la minería vuelve a desempeñar el rol que tuviera en siglos pasados y que tan brillantemente describiera Eduardo Galeano en sus “Venas abiertas de América Latina”. La significancia política de esta actividad atraviesa en muchas direcciones la realidad de todos los países donde las grandes empresas hacen las veces de cabecera de playa de una invasión disfrazada de inocente inversión. Las mineras desembarcan tomando posesión territorial, comprando leyes, corrompiendo políticos y digitando comunidades enteras en una nueva versión, siglo XXI, de la conquista registrada hace mas de 500 años en todo el subcontinente.

No solamente se trata de una explotación irracional de los recursos naturales sino de una estrategia a largo plazo de transformación de la república en dócil instrumento de los designios imperiales. Como ejércitos de ocupación de nuevo cuño, construyen un Estado dentro de otro Estado. En las minas como La Alumbrera las reglas que rigen son las de la empresa, los ciudadanos no pueden ingresar allí con libertad, pierden sus derechos sobre el suelo, el subsuelo, el aire y hasta se transforman en rehenes de la actividad minera que terminan viviendo de la riqueza que se derrama de la extracción del oro maldito obnubilando conciencias por medio de la pérdida de identidades culturales, costumbres y modos de vida. Se trata de una corrosiva penetración que junto con el medio ambiente destruye el paisaje humano, su riqueza y su dignidad.

En el caso de Minera Alumbrera, la historia no sólo demandará su responsabilidad a la UNT y sus funcionarios, todos vilmente corrompidos por las migajas de la opípara mesa de las empresas, sino también a por lo menos tres gobernadores que, sin distinguirse, entregaron la provincia a este moderno ejército invasor. Las leyes mineras argentinas se promulgaron durante la presidencia de Carlos Ménem y el fue el primer “facilitador” del ingreso de estos ejércitos predadores. Pero Antonio Domingo Bussi, Julio Miranda y José Alperovich en sucesión continua, se ocuparon convenientemente de disponer tantas resoluciones como la minera necesitó para perfeccionar y consolidar su dominación.

En primer lugar el entonces Ministro de la Producción Franco Augusto Fogliata mediante Resolución Ministerial designó como Autoridad de Aplicación de los temas ambientales derivados de la Minería a la entonces Dirección de Minería. Todo este procedimiento fue convalidado por el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 551/3 del 3 de abril de 1996. En ese momento el titular de la Dirección de Minería fue el geólogo Hernando Lisiak. Lisiak luego de dejar el cargo de Director de Minería fue nombrado como Gerente de Asuntos Corporativos de Minera Alumbrera.

Luego se atacó por el lado de las leyes, decretos y resoluciones. Una primera movida partió del mismo General Bussi que “invitó” al entonces Secretario de Medio Ambiente

de la Provincia Ing. Hugo Bardera y al entonces titular de la Dirección General de Saneamiento Ambiental Ing. Juan Carlos Luján a cambiar algunos parámetros físico

–químico en la Resolución Nº 1219-CPS-85. En efecto, en esta última se establecía que el elemento arsénico no debía pasar de un valor de 0,05 miligramos por litro de

agua. Luego de la “sugerencia” del gobernador Bussi el valor de arsénico se hace “más permisible” y pasa a ser de 0,5 miligramos por litro (¡se le sacó un 0! Haciéndolo 10 veces mayor), y así nace la resolución 1219-CPS-97. O sea, se flexibiliza a favor de alguna empresa sin duda, y ¡oh casualidad! la única que podría tener arsénico en sus efluentes era precisamente Minera Alumbrera.

Esta última resolución “además” expresa que el parámetro denominado Conductividad Eléctrica “se estudiará y se definirá según el caso”. Aquí conviene recordar que la conductividad eléctrica de un efluente es el primer síntoma de que puede haber contaminación inorgánica, como es el caso de Minera Alumbrera, ya que valores altos de conductividad indican una contaminación por algún elemento químico.

No conforme con esta “adecuación” de la ley a favor de la Empresa Minera Alumbrera y sobre todo porque los valores de conductividad eléctrica seguían apareciendo con valores muy altos, lo que indicaba a todas luces un alta contaminación, se dio el siguiente paso: adecuar los valores de la conductividad: Con fecha 28 de Julio de 1997 el Director de Medio Ambiente de la Pcia Ing. Hugo Bardera contesta una nota al entonces Director de Saneamiento Ambiental Lic. Juan Carlos Luján que “…esta de acuerdo con su criterio de flexibilizar el límite admisible del parámetro conductividad para efluentes industriales…” (Expte Nº 638-620 del 21 de Julio de 1997) y aclara que esto era a los efectos de vuelco de los efluentes de Minera Alumbrera.

Luego, durante el gobierno de Julio Miranda y como la minera seguía violando los niveles dispuestos en las resoluciones del Siprosa, el entonces Ministro Juan Masaguer dicta una nueva resolución Nº 1265/CPS. En ella se vuelven a cambiar los máximos establecidos dejando sin efecto todas las resoluciones anteriores y ya en clara violación de la Ley Nacional que establece parámetros mucho más estrictos. Tucumán se transforma así en la Republiqueta Minera que hoy es, cosa que fuera denunciada en la legislatura local con abundante documentación por el ex legislador y Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Alejandro Sangenis.

Sin embargo y no obstante todas las concesiones de Bussi y Miranda, la minera seguía violando las disposiciones medioambientales del Siprosa. Alperovich y su Ministro Juan Manzur, hoy nada menos que Ministro de Salud de la Nación, terminan con la sucesión de cambios con una corta resolución, la Resolución Nº 937/SPS. Fiel a los principios de administración empresario-gubernativa, básicamente esta resolución establece la permanente excepción para Minera Alumbrera dejando sin efecto los valores límite de contaminación establecidos por la resolución de Masaguer, el ministro de Miranda. Alperovich y Manzur logran por fin una resolución que garantiza incluso la violación permanente de leyes nacionales con simples disposiciones ministeriales de la provincia.

Como se ve, la universidad tiene cómplices fieles. No es casual la productiva sociedad política Cerizola-Alperovich, es una sociedad con muchos ceros a la cual le hacen honores los ex rectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano. Eso explica también que un hombre del peronismo menemista como Florencio Aceñolaza sea hoy Secretario General de la UNT y se cuente entre sus asesores al Ingeniero Julio Díaz Lozano. Peronistas en la supuesta universidad radical. Ambos eran Diputados Nacionales al momento de la sanción de las leyes de minería. Díaz Lozano presidía la Comisión de Obras Públicas y Aceñolaza es un geólogo tenido por el hombre que mas sabe de minería en Tucumán y uno de los pocos que en el Congreso tenía idea clara de lo que se estaba votando. La identidad peronista o radical no cuenta a la hora de enrolarse en el ejército mercenario de las mineras. Sólo basta apuntar que en la declaración de bienes de Fernando De La Rua, el monto mayor de su patrimonio pertenece a acciones mineras.

Como se ve, las empresas multinacionales todas, pero en especial las empresas mineras, cumplen no solamente la función de esquilmar los recursos naturales sino además la de corromper tan profundamente el sistema político que puede equiparársela al narcotráfico. El manejo de enormes sumas de dinero y la necesidad de desmantelar las instituciones para que el negocio sea posible los transforma en el sector ideal por medio del cual se contamina por dentro una república. No sólo el medio ambiente.

Téngase en cuenta que según datos aportados por confiables informantes, en los tres vuelos diarios que despegan directamente desde la Minera Alumbrera al exterior sin aduana alguna, se transportan entre 120 y 150 kilos de oro. Sin tener en cuanta los demás metales que se extraen, ese oro significa algo así como 23 millones de pesos diarios. Y según la ley menemista, las mineras “blanquean” su extracción por declaración jurada. Es decir, no existen controles legalmente establecidos. Disponen por tanto, al igual que el narcotráfico, de enormes cantidades de dinero negro para comprar presidentes, gobernadores, diputados, senadores, legisladores, y por supuesto comprar también el silencio de la prensa.

La heroica resistencia de los ambientalistas deberá incorporar elementos mucho más políticos si pretende algún éxito. En primer lugar no será el Consejo Superior de la UNT ni sus autoridades las que resuelvan nada a su favor. Los privilegios de los cargos ya están vendidos tal y como sucede con las autoridades provinciales. Sus patrones no somos nosotros, los ciudadanos. Son ellos, las mineras, los Call Center o cualquier empresa que tenga la necesaria moneda de cambio los que sancionan leyes y redactan decretos y resoluciones. Es el poder el que debe cambiar de manos.
http://www.elperiodico.com.ar/verarticulo.php?id=96116282&fecha_edicion=06/12/2009

UNT - ALPEROVICH - ALUMBRERA: "DEL MISMO PALO"

El Consejo Superior tuvo que informarse de los daños que ocasiona la minera Alumbrera en las poblaciones. Los expositores les hicieron recordar que la UNT es socia de las mineras. Escasa participación.

Tal como estaba previsto, el martes pasado se realizó la sesión extraordinaria solicitada por la Asamblea Socio Ambiental del NOA (Asanoa) al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Tanto el Rector, Juan Cerisola, como el resto del Consejo, tuvieron que escuchar la realidad más allá de lo que digan Marigliano o Campero con respecto a la responsabilidad que le cabe a la UNT en la minera Alumbrera. Además, se solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos que elabore un informe sobre las atribuciones legales de YMAD y de la UTE que conforma con la Alumbrera.

La sesión arrancó con la exposición de la docente e investigadora de la facultad de Artes, Miryam Genisans, quien señaló que la problemática socio ambiental, como consecuencia del saqueo que provoca la minera Alumbrera es preocupante. “El tipo de modelo es extractivo, que significa volar montañas, consumir muchísima cantidad de agua, mucha energía. Todo esto está amparado por unas leyes que están al servicio de las mineras, especialmente trasnacionales”, expresó. Los “trabajos” que realiza la minera están destruyendo todo el sistema del Aconquija, según alertó Genisans quien, además, es militante del grupo ecologista ProEco. “Entendemos que, si los animales e mueren, si la producción de frutas cayó, es porque los niveles de contaminación son muy altos. Venimos, además, a contradecir las versiones mediáticas de que Alumbrera no contamina en el DP2; Alumbrera contamina en el DP2 y en toda la zona, incluso en el puerto de Santa Fe”, disparó. La ambientalista también denunció que se dan casos de lluvia ácida en la zona de los valles Calchaquíes, como producto del accionar contaminante de la minera y denunció también a las autoridades de la provincia, como partícipes de esta situación, ya que el proyecto de la Alumbrera tiene un respaldo profundo del Estado. “El problema más grave en Tucumán es la actitud del gobierno provincial, que nos entrega a partir de las resoluciones del Siprosa sobre los niveles de contaminación que supera los mínimos que establece la ley nacional”, dijo. Por medio de filmaciones, la licenciada demostró la situación que viven los pobladores afectados.

Tras las más de cuatro horas que duraron las exposiciones, las caras de los consejeros lo decían todo. Mientras algunos prestaban la debida atención a lo que decían las personas afectadas, se pudo apreciar a la decana de la facultad de Odontología enviando mensajes de texto desde su celular, o a un consejero estudiantil haciendo fuerzas para no dormirse. Ni las terribles denuncias lograron despertarlo de un sueño –una pesadilla, mejor dicho- que lleva 12 años y de la que la UNT cumple el rol de un Fredy Kruger con tijeras de oro. Puede llegar a ser justificable el cansancio de algunos consejeros, pero el poco interés que despertó el tema contrasta con las cuestiones relacionadas con la interna universitaria. Sin embargo, no demostraron el mismo estado de ánimo –los menos- cuando, semanas atrás, se trató lo concerniente al dinero maldito (eso sí importa) que envía YMAD. Esas cinco horas son un grano de arena –no de oro- si las comparamos con los 12 años de destrucción socio ambiental.

¿Hay vida más allá del Tupper?

Aunque algunos consejeros, como Santiago Yanotti, del estamento estudiantil, realizaron algunas preguntas sobre el marco jurídico o sobre las consecuencias socioambientales, resultó llamativo el desconocimiento del cuerpo sobre la grave situación que se vive más allá del Tupper. Las preguntas, o la ignorancia fueron explicadas en 13 oportunidades en la sala del Consejo. “Hoy estamos hablando con la UNT, que es el socio de la Alumbrera. Ustedes no preguntan, porque deben ser conocedores de esto. Supongo que ustedes deben saber lo que pasa con el agua y cuáles son las consecuencias que trae”, expresó Roque Chaile, Autoconvocados de Santa María, Catamarca. Lo que, seguramente desconocen los consejeros es que minera la Alumbrera consume cinco millones de litros de agua por hora y tanta electricidad como la que emplea toda la ciudad de Neuquén, como lo explicó el fiscal Federal Gustavo Gómez en una radio de Neuquén. “Hace 15 años el campo de El Arenal –Catamarca- era un lugar de pastoreo; hoy no existe el pasto. Ustedes son socios, lo deben saber, ¿no?”, preguntó, para luego definir otra realidad: “La Universidad de Tucumán es socia, solamente de la plata que les llega, pero no van a hacerse cargo de los daños que sufrimos”. Aunque la minera sabe lo que quiere, los pobladores de las zonas afectadas, y no sólo (otras universidades no quieren saber nada con el dinero sucio), saben qué es lo que no quieren. “Nuestra gente vivía sin pedirle agua a nadie; hoy dependemos de un bolsón o de un plan social y no queremos eso. Como Universidad no pueden desconocer esta situación”, concluyó. Por lo visto, nuestros queridos consejeros tampoco conocen sobre los casos de criminalización de las protestas.

Horacio Machado Aráoz, otro de los oradores, docente de la Universidad de Catamarca expuso sobre la historia del saqueo y de la concomitancia de los gobiernos para con las trasnacionales. “Cuando se creó el YMAD, existía un artículo que prohibía que los recursos fuesen explotados por empresas extranjeras. Los sucesivos gobiernos lo cambiaron y así permitieron la instalación de estas grandes empresas”, aseveró.

Otra de las voces que escuchó el Consejo Superior fue la de Marcos Pastrana, de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Calchaquí, quien solicitó al cuerpo que sigan el legado que dejó Abel Peirano, cuando fundó el YMAD. “Lamentablemente su legado se dilapidó”, expresó.

Luego de las exposiciones, fue el turno de los agobiados consejeros quienes, apoyaron la moción de Raúl Torres Zuccardi de encargarle el tema a Asuntos Jurídicos para ver “cuál es el encuadre que le podemos dar y que nos lo explique. Una vez que tengamos el marco jurídico correspondería ver las decisiones del cuerpo”, dijo. Finalmente, a solicitud del Rector se dispuso que lo que determine Asuntos Jurídicos pase directamente para que lo analice una comisión que estaría compuesta por expertos de algunas facultades. Recién entonces volvería a ser tema del Consejo Superior.

En la misma bolsa

Sin embargo, no sólo las autoridades viven en una burbuja, desconocen la situación o no quieren hacerse cargo de la misma. Resulta lamentable ver siempre a las mismas caras en las actividades en contra de los efectos nocivos de la Alumbrera. La comunidad universitaria está compuesta, no sólo por sus gobernantes, sino por miles de docentes, de no docentes y de estudiantes. Ninguno de estos estamentos, sólo algunas agrupaciones, por medio de sus gremios, ha dicho una sola palabra al respecto y ni siquiera ha estado presente en las reuniones para tratar la temática. Esto, lamentablemente, los convierte en cómplices de la contaminación, tal vez un grado menor que las cabezas de la UNT, pero no muy distintas de ellos.

El año que viene, luego de las elecciones, las figuras serán prácticamente las mismas, salvo algunas caras nuevas. La contaminación seguirá, el daño, también, y la indiferencia de más del 90 por ciento de la comunidad universitaria.
http://www.elperiodico.com.ar/verarticulo.php?id=96116148&fecha_edicion=06/12/2009

“Su instalación es una burla que pone en riesgo la salud de 25 mil personas”

Los residuos de la basura impactarán directamente en la salud de las personas de ambas provincias.

Fotos

Ampliar imagen | Vista del basural de Pacará Pintado.

Respecto al problema que generará a corto plazo el traslado e instalación del basurero en la localidad de Overá Pozo, en Tucumán, vecinos de la zona mostraron su preocupación.
En este sentido, Esteban Cabrera, representante de la comisión de autoconvocados de la zona, comentó en exclusiva a Nuevo Diario que “es necesario que nuestras autoridades provinciales reflexionen con celeridad y de una vez por todas den una solución definitiva al destino final de la basura y a su procesamiento”.
Añadió que “no hace falta demasiada inteligencia ni estudios científicos para darse cuenta de que un vaciadero nunca puede estar en las cercanías de un curso de agua como lo está actualmente el Pacará Pintado y como pretenden que éste lo esté, teniendo en cuenta que en la zona está uno de los acuíferos más importantes, dado que el agua es la más pura del país”.
“De hecho, este concepto lo vienen repitiendo los expertos desde desde hace mucho tiempo ya”, expresó Cabrera, y al tiempo remarcó que “por una cuestión ambiental y de salud, es hora de que la basura y por ende la contaminación, dejen de ser un tormento para los tucumanos y que eso genere consecuencias para las provincias vecinas, como lo es en este caso Santiago del Estero”.
En la oportunidad remarcó que “desde el comienzo que vinimos presentando notas, pedidos de audiencias, enviamos cartas documento, solicitamos informes, pero no fuimos escuchados ya que los municipios prefirieron no involucrarse”.
Con referencia a esto, este lugareño señaló: “Principalmente buscamos que este basurero no se instale en la zona” y al tiempo expresó: “Pero lamentablemente con estas cuestiones, Tucumán desde hace años está perdiendo la oportunidad de dar un gran debate dado que esta es una cuestión que nos preocupa a todos y el tema es algo fundamental, porque estamos hablando del ambiente”.

“Es una burla”
Por otra parte, Esteban Cabrera contó al medio, que Overá Pozo y las zonas aledañas son lugares absolutamente agrícolas en donde la gente vive de lo que produce.
Además agregó que “es por ello que consideramos que es una burla la instalación de un basurero en esta zona, ya que pone en riesgo la salud de cerca 25.000 habitantes que están comprendidos en un rango de 10 km a la redonda”. “Son poblaciones que viven de la agricultura, del maíz, soja, trigo, cría de animales, que como consecuencia de la instalación de este lugar de descarte de residuos, sufrirá un impacto ambiental muy grande y grave, tanto para la salud humana como la de los animales”, sentenció.
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/nota/148143/Locales/%E2%80%9CSu_instalaci%C3%B3n_una_burla_pone_riesgo_salud_25_mil_personas%E2%80%9D.html