TUCUMAN: COMUNIDAD PUEBLO DE TOLOMBON MARCHARÁ EN LA PRÓXIMA SEMANA

Para repudiar y hacer conocer a la opinión pública, los gravísimos hechos de hostigamiento, amenazas de desalojos y persecución política a los dirigentes comunitarios de su Base Rearte Sur, la Comunidad Pueblo de Tolombon (Valle de Trancas), marchará hacia tribunales, en San Miguel de Tucumán, el próximo 4 de diciembre.
El Cacique Rufino A Morales, denunció que existen expedientes solicitando desalojos en su territorio que se tramitan con una celeridad inusitada y son impulsadas por terratenientes de apellido López de Zavalía, quienes en connivencia con la justicia provincial amenazan con echar a los comuneros DOMINGO MAMANI, MARIO VILLAGRA, RUBEN CAMACHO, CARMEN VILAGRA y REYES CAMACHO, entre otros.
En la convocatoria a la marcha, el Cacique aclaró que está dirigida a comuneros indígenas, a organizaciones sociales, de derechos humanos y a todas aquellas personas que quieran acompañar y solidarizarse en este reclamo justo, POR EL CESE DE LOS DESALOJOS, PARA DENUNCIAR EL AMEDRENTAMIENTO A QUE SON SOMETIDOS SUS MIEMBROS Y LA COMPLICIDAD DE LA JUSTICIA EN LOS ATAQUES PERPETRADOS POR TERRATENIENTES, QUIENES CON ESTAS MEDIDAS PRETENDEN OCUPAR POR COMPLETO EL TERRITORIO TRADICIONAL. VIOLANDO DERECHOS RECONOCIDOS, Y PERTURBANDO LA MESA DE DIALOGO ENTRE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS Y ORGANISMOS OFICIALES, LA QUE SE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD.

Caciques diaguitas debatieron sobre la lucha por las tierras

EN AMAICHA DEL VALLE

ENCUENTRO DE PUEBLOS ORIGINARIOS. La marcha del relevamiento territorial en Tucumán, la situación judicial por el asesinato de Javier Chocobar y las propuestas que se presentarán ante el Estado nacional en el marco del Bicentenario a celebrarse el próximo año, fueron los temas principales que debatieron el lunes y el martes pasados los caciques de distintas comunidades originarias en un encuentro que se realizó en Amaicha del Valle. Estuvieron presentes los caciques Francisco Chaile (Comunidad India Quilmes), Eduardo Nieva (Comunidad Indígena Amaicha del Valle), Santos Pastrana ((Comunidad Indígena del Valle de Tafí), entre otros. [Foto colaboración de Rodolfo Villalva]
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54275

Pacará Pintado seguirá funcionando por varios meses más y la licitación por Overo Pozo parece lejana

Durante muchos meses más seguirán en pie las montañas de residuos de Pacará Pintado.

La empresa Servicios y Construcciones la Banda continuará haciéndose cargo de la disposición final de la basura del Gran San Miguel de Tucumán, por lo menos, hasta 2013. Durante varios meses más lo hará en la planta de Pacará Pintado y, según se anunció, continuará su trabajo en la futura planta de Overo Pozo. En ésta se prevé invertir alrededor de $50 millones, por lo que ya se especula con que La Banda firme con el consorcio metropolitano un contrato que se extienda por varios años más teniendo en cuenta la millonaria inversión.

Por enésima vez, la continuidad del funcionamiento de la planta de residuos Pacará Pintado vuelve a ser noticia. Esta vez, quien se encargó de colocar otra vez en el centro de atención a la empresa Servicios y Construcciones la Banda SRL –explota el mencionado basural- fue Ramón Santiago Cano, titular del consorcio intermunicipal que tiene a su cargo la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU). El presidente del Consejo Deliberante de la capital salió a aclarar lo que ya se presumía desde hace tiempo: se respetarán cada uno de los contratos que La Banda mantiene con los municipios que allí tratan sus desechos por lo que esta misma empresa será la que se haga cargo de explotar la futura –muy futura- planta de Overo Pozo (ubicada en el departamento de Cruz Alta, a más 50 kilómetros al este de la capital). Por lo pronto, con la firme decisión de mantener la vigencia contractual con Servicios y Construcciones la Banda SRL (tiene contratos hasta 2013, por ejemplo, con Yerba Buena), la continuidad del funcionamiento de Pacará Pintado se prolongará por varios meses más. Así y todo, una vez que las obras de adecuación de Overo Pozo finalicen –hoy intentan dotar al predio de agua y electricidad- será La Banda la que continúe prestando servicio desde el nuevo sitio destinado a la disposición final de la RSU. Vale aclarar que el proyecto también contempla que Pacará se transforme en una estación de separación y transferencia de residuos y que la empresa Transporte 9 de Julio sea la encargada de llevar la basura tanto a la planta de reciclado como a la de disposición final. Sin embargo, mientras Cano asegura que una vez finalizado todos los vínculos contractuales con esta firma –en 2013- se llamará a licitación pública para la explotación del servicio, el mayor interrogante lo aportó ayer el gerente de La Banda, Mario Criado, quien estimó que construir en Overo Pozo una planta con el mismo sistema usado en Pacará Pintado demandaría alrededor de 50 millones de pesos. Con esto, parece poco creíble que desde La Banda acepten invertir semejante suma en la construcción de una planta la cual explotará sólo por algo más de tres años, es decir hasta 2013. "Una vez que nos notifiquen, evaluaremos las características del nuevo contrato, porque las inversiones que se deberán realizar en Overa Pozo son importantes. Y tampoco las podemos hacer si no tenemos un tiempo adecuado para amortizar esa inversión", advirtió Criado, en alusión a la posibilidad en dicho años se llame a licitación. De esta forma, de cumplirse cada uno de los anuncios efectuados por Cano, se hace difícil no aventurar que la Overo Pozo quedará definitivamente en manos de Servicios y Construcciones la Banda SRL, ya sea a través o no de una licitación pública que ya lleva años de anuncios frustrados.

Pacará recibe 750 toneladas por día
En Pacará Pintado se realiza la disposición final de los desechos de los municipios de Lules, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Las Talitas y capital y de las comunas de San Javier y El Manantial. Se estima que se reciben diariamente alrededor de 750 toneladas de residuos, 500 de ellas de la capital.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54285

ALPEROVICH LE HABRA CONTADO EL CURRO DEL PACARAPINTADO Y LA QUEMA INTENCIONAL PARA ELTRASLADO A OVERA

Se lanza un encuentro internacional de medio ambiente

Desde hoy y hasta el viernes, San Miguel de Tucumán será sede de un encuentro internacional entre representantes de ciudades de América Latina y Europa que, junto a la Municipalidad capitalina, conforman una red ambiental mediante la aplicación del programa “URBAL III: La intermunicipalidad como herramienta para la Gestión Integral de Residuos y para la Cohesión Social y Territorial”.El seminario se desarrollará en el Hotel Garden Park ubicado en avenida Soldati 330. La apertura del encuentro se realizará a las 9.30, a cargo de gobernador José Alperovich y el intendente Domingo Amaya. De 10 a 19.30 se ofrecerán las exposiciones de expertos argentinos e internacionales en medio ambiente e “Intermunicipalidad”. El URBAL III es desarrollado por la Unión Europea (UE) a nivel mundial para formar redes de cooperación entre ciudades. En San Miguel de Tucumán, el programa se está aplicando exitosamente desde hace 4 meses, con actividades que incluyen la separación y reciclaje de residuos de plástico, para contribuir a erradicar microbasurales y mejorar la calidad ambiental.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54260

Denuncian un pacto entre Alperovich y Cerisola

Según Franja Morada, la designación de Florencio Aceñolaza como secretario general de la UNT es un intento para despegarse del kirchnerismo. Se trata de ex referente menemista "que intentó destruir la universidad pública", manifestaron los dirigentes estudiantiles.

Franja Morada Regional Tucumán denunció la continuidad del pacto Alperovich- Cerisola. En un comunicado firmado por los dirigentes Claudia Orquera y Agustín Paz, la agrupación radical consignó que la incorporación de Florencio Aceñolaza, como secretario general de la UNT intentó darle a la gestión del actual rector, un perfil más cercano al peronismo ortodoxo y alejado del kirchnerismo.

“Se trata de la misma estrategia del gobernador que ahora busca acercarse al ex vicegobernador Fernando Juri para asegurar su poder en 2011. Aceñolaza representa el modelo que repudiamos y que intentó destruir la universidad pública durante la década del 90. Desde su banca de diputado acompañó cada iniciativa del menemismo y desde los claustros se acomodó siempre al poder de turno. Ahora es funcional a los sueños reeleccionistas de Cerisola y de Alperovich, a cambio de estructura para sus amigos peronistas” consigna el documento.

Los dirigentes denunciaron además, que Aceñolaza se dedicó sólo a viajar y a designar amigos en el rectorado. “Así lo demuestra la designación de Julio Díaz Lozano, ex interventor del PAMI de Salta durante la gestión K, y de al menos otros cinco dirigentes de su línea interna, como ñoquis de lujo que paga la UNT”, dijeron.

“Franja Morada denuncia la continuidad del pacto Alperovich- Cerisola, cuya cara más visible es la genuflexa política editorial de Canal 10, y advierte sobre la presencia de maniobras espurias destinadas a confundir y agraviar a los universitarios que se oponen a este proyecto absolutista del poder. El rector y el gobernador representan gestiones en decadencia. La sociedad está reclamando nuevos horizontes y ninguna chicana política podrá torcer el rumbo de ética y democracia que se viene en la Argentina”, concluye el comunicado de los dirigentes estudiantiles.Por Gustavo Rossi.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54273

Malestar de ONG: aún no hay fecha para la sesión ambiental y el Consejo Superior quiere definir su modalidad

En el Rectorado pretenden manejar la sesión en la que se dejará al desnudo el impacto de Minera Alumbrera.

Pese a que el Consejo Superior de la UNT aprobó que la sesión sobre el impacto que causa Minera Alumbrera se realice en la segunda quincena de este mes, hasta ahora no se confirmó fecha alguna a las ONG que deben exponer en ese encuentro. Incluso, desde el Rectorado, se afirmó que en el martes próximo se definirá en sesión la fecha del encuentro y su modalidad. Esto incrementó el malestar de las organizaciones sociales quienes pretenden que sean doce las personas –entre expertos y autoconvocados de la región- las que fundamenten las múltiples denuncias contra la minera. “El Rectorado no le está dando a este tema la importancia que merece. Acá se está hablando de una problemática de vida o muerte”, afirmó un referente ambiental.

Tras el beneplácito por haber conseguido una sesión extraordinaria en la que se escuchen los argumentos por los cuales se rechaza al emprendimiento de mineras Alumbrera, el humor de las organizaciones sociales se alteró sensiblemente en los últimos días. El 27 de octubre el Consejo Superior de la UNT avaló la realización de dicha sesión dentro de la segunda quincena de noviembre pero hasta ahora, las ONG siguen sin saber qué día podrán fundamentar sus denuncias contra la minera. Peor aún: el jueves pasado, la secretaria académica de la UNT, Susana Maidana le confirmó en forma oral al referente de la Asamblea Socioambiental del NOA (Asanoa), Alfredo Carbonel, que en la sesión del martes próximo, el cuerpo universitario definirá la fecha y la modalidad del reclamado encuentro. “¿Por qué tienen que definir la fecha de la sesión sobre Minera Alumbrera si ya se había aprobado que ésta se realice durante la segunda quincena de este mes? Encima rechazamos que sean los consejeros superiores los que resuelvan la modalidad de esa sesión”, manifestó Carbonel en diálogo con primerafuente. De hecho, a principios de mes, desde Asanoa se envió al rector Juan Carlos Cerisola una solicitud a través de la cual se proponía que en la sesión extraordinaria sean doce los expositores elegidos por las organizaciones sociales para explicar sobre el daño que causa la minera, hoy socia de la UNT. Ahora, a partir de los dichos de Maidana, se teme que el Consejo Superior quiera manejar a su conveniencia la sesión en la que se evidenciarán las causas de las denuncias contra Minera Alumbrera. La propuesta de Asanoa al Rectorado estipula que los doce expositores sean representantes de diferentes asambleas de todo el NOA, protagonistas de la lucha social contra la multinacional minera. Así, se espera que tengan la palabra representantes de las comunidades más afectadas por este emprendimiento: Cafayate, Santa María, Andalgalá, Belén y del sur de Tucumán, ente otros. A ellos se les sumarán referentes de las comunidades de los pueblos originarios de los Valles Calchaquíes y de la ONG local, Pro-Eco. Junto a ellos, se pretende que especialistas de diversas áreas como abogados, ingenieros y biólogos hagan su aporte científico en la trascendental sesión. Además, en forma paralela a las disertaciones, se entregará al órgano deliberativo toda la documentación escrita y audiovisual probatoria de las acusaciones contra Minera Alumbrera. “El Rectorado no le está dando la importancia que esto se merece. No es sólo una sesión “ambientalista” como ellos mismo textualmente la definen. Acá se está hablando de una problemática de vida o muerte. Hace más de un año que venimos reclamando esta sesión pero ellos tienen una visión muy reduccionista del tema”, sostuvo Carbonel a primerafuente. Por Esteban Stanich.
PRIMERA FUENTE

La Comunidad India Quilmes no permitirá un nuevo desalojo

Los comuneros volverán a plantarse para defender sus tierras en Colalao del Valle.

El INADI ya pidió la intervención de la Corte Desde Delegación Tucumán del Instituto Nacional Contra La Discriminación la Xenofobia y El Racismo (INADI) se presentó el 22 de septiembre pasado un Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en el marco de la causa por la defensa de las tierras del pueblo originario diaguita. Según la delegada de INADI Tucumán, Graciela Cárdenas, la medida de desalojo dispuesta por el juez, Juan Carlos Peral, se tomó en abierta violación a la Ley 26.160, que suspende los desalojos de comunidades originarias de sus tierras hasta el año próximo. “Se está afectando el principio de igualdad y no discriminación y el reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de nuestro país”, sostiene la presentación judicial.

En alerta máxima ante una nueva orden de desalojo firmada por el juez Juan Carlos Peral, los integrantes de la Comunidad India Quilmes anticiparon a primerafuente que resistirán la medida y no permitirán que se avasallen sus derechos constitucionales. Están en peligro unas 20 familias originarias de Colalao del Valle. Advirtieron que al no ser escuchados por la Justicia provincial, recurrirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. El INADI ya pidió la intervención de la Corte al denunciar que la orden de Peral viola la Ley 26.160, que suspende los desalojos de comunidades originarias de sus tierras hasta el año próximo.

Otra vez los habitantes de la Comunidad India Quilmes encendieron la luz de alarma ante una nueva orden de desalojo firmada por el juez en Documentos y Locaciones de la III Nominación, Juan Carlos Peral, en contra de familias comuneras de Colalao del Valle, según denunciaron a través de un comunicado de prensa. “La medida se llevaría a cabo en los próximos días con intervención de la policía de la provincia”, señalaron al recordar que esta medida se suma al grave conflicto social que se originó por el cruel asesinato del comunero Javier Chocobar en manos de terratenientes.

“El Consejo de delegados de la comunidad no permitirá que se avasallen nuestros derechos”, alertó a primerafuente Viviana Gómez, delegada de Colalao del Valle, quien precisó que están en riesgo de perder sus viviendas unas 20 familias de la comunidad. “Ya, con la primera orden de desalojo, vinieron unos 150 policías y vimos la forma brutal con que destruyeron nuestras casas”, recordó Gómez al insistir en que resistirán si se avanza con la medida. Peral ordenó el primer desalojo el 17 de septiembre pasado.

Hasta el cierre de esta edición, los apoderados legales de la comunidad intentaban frenar la orden del juez aduciendo los derechos constitucionales de los habitantes originarios. “La justicia ha desconocido la participación de nuestra institución en el caso al no hacer lugar a nuestras peticiones, infligiendo una vez más la Ley 26.160. Nos vemos obligados a presentar una demanda al estado nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington por el incumplimiento de las leyes, y repudiamos la acción de los jueces Salazar y Peral por esta violación de nuestros derechos constitucionales”, alertaron desde la CIQ, conducida por el cacique Francisco Chaile. Peral es el juez que ordena y Adolfo Salazar, el juez de Paz, que ejecuta. Según fuentes del a CIQ, el pedido de desalojo fue promovido por Encarnación de Colombo, una mujer que asegura ser dueña de las tierras.

A través del comunicado, también advirtieron que esta medida judicial “entorpece” el trabajo que viene desarrollando la Mesa de Trabajo establecida entre las comunidades indígenas y organismos del gobierno provincial, y “se contrapone” con las gestiones del INAI ante las autoridades provinciales.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54210