Duro golpe a la política de gastos de la gestión Cerisola

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) no aprobó el informe luego de una sesión que se extendió hasta la madrugada de ayer. También se conoció que la Casa de Altos Estudios arrastra un déficit mensual de un millón de pesos que cubre con los fondos de libre disponibilidad de YMAD.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán rechazó el informe presentado por la gestión del rector Juan Alberto Cerisola, vinculado a las inversiones realizadas con fondos recibidos de Yacimientos Mimeros Aguas de Dionisio (YMAD). El máximo órgano de gobierno universitario, también le solicitó al titular de la casa de estudios que se abstenga de avanzar con nuevas obras hasta que se determine si los procedimientos habilitados para utilizar los millonarios recursos responden a las normas vigentes.

La decisión se adoptó en la madrugada de ayer, tras una extensa sesión en la que los consejeros superiores dejaron en evidencia las dudas que genera la política de gastos de la gestión Cerisola. Uno de los momentos más críticos se registró cuando el consejero José Agustín Ferrari y el decano Pablo Holgado, objetaron el criterio utilizado para determinar los gastos de obras complementarias.

Olga Cudmani, directora general de Construcciones Universitarias, admitió que la resolución vigente habilitó la posibilidad de realizar contrataciones directas sin límites. “El rector debiera haber fijado topes, pero no lo hizo”, precisó Holgado. Las observaciones de los consejeros apuntaron a precisar que en más de 25 obras realizadas por la administración oficialista se terminó pagando más por los gastos realizados fuera de contrato, que por los rubros previstos en el presupuesto original.

A su turno, el consejero por los docentes titulares, Raúl Torres Zuccardi, cargó las tintas sobre las responsabilidades políticas derivadas del informe realizado por personal no docente de la UNT. “El problema es que no hubo planificación y se gastó mal”, denunció el arquitecto. Los dardos apuntaron a la política de compras de inmuebles por la que se adquirieron 13 inmuebles en distintos puntos de la ciudad. “Hacía falta una planificación central. Compramos una vivienda particular para transformarla en oficina de la Dirección decuando te Asuntos Jurídicos nemos un edificio vacío aquí a la par (en referencia al Anexo 1, Rectorado ubicado en Lamadrid al 700, inaugurado en diciembre del año pasado). Se gastó mal”, se lamentó.

El estudiante Santiago Yanotti también observó la política de gastos. “Quiero saber cuanto dinero queda de los fondos de YMAD y que alguien explique si se tomaron los recaudos para realizar las obras que están proyectadas. Según los números que nos informan no alcanzará para hacer todo. No entiendo porque se gastaron 8 millones de pesos para hacer un “hotel boutique” (según lo admitió Cudmani) en San Javier y hoy no tenemos precisiones sobre que pasará con la Facultad de Bioquímica o con el nuevo edificio de Derecho”, dijo.

En el transcurso de las deliberaciones, el rector Cerisola intentó cambiar el eje del debate al proponer una auditoria externa a las cuentas de la UNT. El propio Director General de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, le recordó que la normativa vigente ya prevé ese tipo de control por parte de organismos nacionales. Los consejeros no rechazaron la propuesta del titular de la UNT, pero le pidieron que se den a conocer los informes de la Auditoría Interna de la casa de estudios en los que habría serios cuestionamientos para el procedimiento de gastos utilizados por Construcciones Universitarias desde que pasó a depender directamente del rector.

El cierre de la sesión pintó un panorama crítico para las cuentas universitarias. El director general de Administración, Luis Francisco Castillo, admitió que el déficit mensual alcanza al millón de pesos y que se utilizan los recursos de libre disponibilidad de YMAD para pagar sueldos y cubrir gastos de funcionamiento.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54149

La resolución que se adoptó

No aprobar el informe solicitado oportunamente hasta tanto la comisión de Interpretación y Reglamento, en un plazo no mayor a 15 días, emita dictamen sobre las siguientes observaciones:

1 – Si las resoluciones 0366 H 0555-08 se adecuan a las normas estatutarias vigentes.

2 – Si existió planificación por parte del rectorado en el diseño del Plan de Obras.

3 – Si existieron criterios claros en el sistema de selección de proyectos de obras, de las empresas constructoras y de las entidades financieras elegidas para la distribución de fondos.

4 – Si efectivamente existen fondos para dar cumplimiento a los compromisos asumidos a la fecha.

5 – Si existe previsión por parte del rectorado, del destino de los fondos de libre disponibilidad no comprometidos a la fecha.

Garantizar el rápido acceso de la comisión a la documentación o informes que fueren solicitados, así como también las entrevistas con el personal que fuera requerido a tales fines.

Convocar a reunión extraordinaria del HCS para el día 10 de diciembre del corriente año al sólo efecto de considerar el dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento y solicitar al Sr. Rector se abstenga de iniciar proyectos ni trámites licitatorios de obras en tanto este cuerpo se expida sobre las observaciones realizadas a las resoluciones vigentes.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_nota=54150

Vecinos de San Pablo temen inundaciones por los desmontes y las obras fallidas

Cansados de la indiferencia del delegado Daniel Castro, vecinos de la localidad de San Pablo se movilizaron anoche para reclamar que se realicen obras para evitar inundaciones y se frene la deforestación al pie del cerro de Villa Nougués para la construcción de countries. Los vecinos ya fueron víctimas de inundaciones por el desborde del río Muerto.

El regreso de las lluvias, después de más de seis meses de sequía, avivó el fantasma de las inundaciones. Vecinos de la localidad de San Pablo, a 12 kilómetros de la capital, en el departamento Lules, encendieron la luz de alerta y denunciaron que por las obras fallidas realizadas por los delegados que pasaron por la comuna desde el año 2000 corren otra vez peligro de inundaciones.

A esto se suma la deforestación indiscriminada que se realiza en el pie del cerro de Villa Nougués para la instalación de countries. “En años anteriores las pérdidas fueron tremendas y este año se verá agravado por los fallidos trabajos realizados en el río que destruyeron las defensas, y por la deforestación que se realiza al pie del cerro para instalar countries”, denunciaron a través de un comunicado de prensa firmado por la Asamblea vecinal de Punta del Monte. Cansados de esta situación, los vecinos se movilizaron anoche para protestar frente a la comuna, hoy a cargo de Daniel Castro, hijo del extinto legislador Roberto Castro.

“Nos cansamos de presentarle notas a Castro y nunca se lo encuentra en la comuna. Además, Castro conoce la situación porque también fue delegado en el año 2000 pero nunca dio una solución concreta”, señaló a primerafuente Pablo Listro, uno de los habitantes afectados. Los vecinos viven cerca del río Muerto, cada vez más desvastado por la extracción de áridos.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54147

Aún es incierta la fecha de la sesión sobre el impacto de Minera Alumbrera

ES HORA DE QUE LOS ESCUCHEN. Hasta la tarde de ayer, el Rectorado de la UNT todavía no había confirmado la fecha de la sesión extraordinaria del Consejo Superior en la que organizaciones sociales y profesionales expondrán sobre las consecuencias que genera el proyecto de Minera Alumbrera. La situación despertó malestar en las ONG quienes reclaman lo antes posible conocer la fecha exacta del encuentro debido a aspectos organizativos. De hecho, se prevé programar una docena de exposiciones por parte de afectados de la explotación minera y de expertos de diversas áreas. En la sesión del 27 de octubre pasado, el Consejo de la UNT aprobó la realización de esta sesión dentro de la segunda quincena de noviembre. Desde las ONG, pidieron la semana pasada una audiencia con el rector Juan Alberto Cerisola para definir la fecha y modalidad de la convocatoria, sin respuestas hasta el momento.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54153

Vuelve el debate sobre el destino de los fondos de YMAD en la UNT

Hoy, desde las 17, se reanudará el debate en el Consejo Superior de la UNT sobre el manejo de los fondos aportados por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) a la UNT. El análisis de los informes contables y las inversiones realizadas con respecto a los 400 millones de pesos recibidos desde la UTE integrada por la denunciada Minera Alumbrera se inició el jueves pasado y, tras cinco horas de sesión, pasó a un cuarto intermedio hasta hoy. YMAD está integrado por el gobierno de Catamarca, la UNT y el Estado Nacional. En tanto, el secretario general de Universidad, Florencio Aceñolaza, salió al cruce de los cuestionamientos en torno a la poca claridad en el manejo de estos fondos y aclaró que se publicará por internet el informe oficial que detalla cómo fue el uso de estos. En la sociedad la minera percibe el 80 % de las utilidades, y el YMAD el 20 % restante. De ese 20 %, el 60 % se destina a la provincia de Catamarca, un 20 % a UNT y otro 20 % se distribuye entre las universidades nacionales, según la ley nacional 14.771. Es decir, un 0,04 % de las ganancias de La Alumbrera se reparte entre todas las universidades argentinas.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54109

La misma codicia, el mismo genocidio

EL ASESINATO DE JAVIER CHOCOBAR

Miembros de la Comunidad Indígena de Chuschagasta fueron las nuevas víctimas del sistemático avance de la justicia y los terratenientes contra los Pueblos Originarios de nuestra provincia. La agresión perpetrada el 12 de octubre pasado por Darío Amín y dos policías retirados, dejó como resultado un muerto y cuatro heridos. Pero también la movilización de todos los Pueblos, que exigen justicia por Javier Chocobar, el cese de las persecuciones y el cumplimiento de las leyes que garantizan sus derechos. En la foto, se ve a Amín, apoyado en la camioneta de Gómez, con cámara de fotos en mano, instantes antes del asesinato. INFORME ESPECIAL ContraPunto EDICIÓN IMPRESA.

El 12 de octubre de 2009, se asesinó a Don Javier Chocobar, de 68 años, y se hirió gravemente a otras cuatro personas, una de ellas (Andrés Mamani) en gravísimo estado. Todas integrantes de la Comunidad Indígena de Chuschagasta, ubicada en el Chorro, Trancas. 517 años después, en la provincia de Tucumán se volvió a la misma codicia, el mismo genocidio de la conquista española.
Un día después, el noticiero de Canal 10 de Tucumán presentaba una nota policial, en donde se afirmaba que había ocurrido un “confuso enfrentamiento” en Trancas, entre “personas” y “lugareños”, con el saldo de una persona muerta y cuatro heridos. Como testimonio presentaban a un comisario que relataba el hecho, sin dar mayores precisiones.
Ese mismo día, en su sección policiales, el diario La Gaceta titulaba escuetamente: “Un asesinato”, levantando la teoría de enfrentamiento, que aún sostienen al cubrir las alternativas del hecho, claramente político.

¿Defensa propia?
Tres personas de civil llegan armados a un lugar, alegan ser dueñas del lugar que ocupa la comunidad desde hace años, y al comenzar el diálogo, disparan armas de fuego a quemarropa contra personas indefensas no es un enfrentamiento, es un ataque, un homicidio.
Darío Amín se presentó en el lugar con dos secuaces, Jorge Valdivieso y Luis Gómez, éstos últimos ex policías dados de baja de la fuerza.
Los abogados defensores de los imputados declararon que ellos "se defendieron del ataque de un grupo de hombres", y que "no querían causar problemas" pero que "mientras estaban trabajando fueron agredidos por los comuneros con piedras lajas, palos y machetes". Alegaron defensa propia, aunque para considerarlo, la defensa tiene que ser proporcional al ataque, y quienes tenían armas de fuego y dispararon contra los miembros de la comunidad fueron los tres imputados.
¿Cómo se considera una situación en la que tres personas llegan armados a un lugar, y, luego de una discusión, disparan armas de fuego contra otras? Resulta irrisorio, ingenuo, creer que esto fue un “encuentro”, o un “enfrentamiento”. Esto fue un ataque, un homicidio
Luego del hecho, se habrían secuestrado en el lugar una Pistola Taurus 40; una Pistola Ametralladora Beretta, una pistola calibre 32 y una cachiporra.

Parapoliciales a la sombra del “Malevo”
"Los agresores eran legionarios al mando del tristemente célebre “Malevo Ferreira”, enlistados en el Comando Atila”, denunciaron desde la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita, que nuclea a los Pueblos de Tucumán y de otras provincias del NOA.
Referentes de la Comunidad de Chuschagasta denunciaron que esto no es nuevo, que "los poderosos siempre tienen la justicia a favor de ellos" y hoy siguen recibiendo amenazas por mensajes de texto con rumores de desalojos. Este conflicto viene desde 1960, y además de terratenientes como Amín, "Personas del mismo gobierno son las que están actuando para apropiarse de nuestras tierras", según el Cacique de Chuschagasta, Don Demetrio Valderrama.
Como ejemplo de esto nombraron a Silvia Chiarello, delegada de Ancajuli que busca hacerles firmar papeles de propiedad a ancianos y miembros de la Comunidad, hostigándolos permanentemente para después presentarse como dueña de esas tierras o venderlas a testaferros.
“Solamente con el reconocimiento de nuestros derechos no es suficiente. Exigimos al Gobierno que en forma inmediata, por intermedio de sus poderes, dentro de sus competencias, realicen todas las medidas necesarias concretas para asegurar las tierras tradicionales y en particular hagan las investigaciones del caso a fin que sean eficaces y transparentes, para que este hecho sea esclarecido a la mayor brevedad, aplicándose las sanciones máximas pertinentes los responsables”, sostienen desde la Comunidad.
La abogada querellante, Margarita Moreno relató que “esta causa tiene su historia, desde el año 2005. Se inicia el conflicto con un pedido de adjudicación porque esas tierras, gran parte, 3800 hectáreas, fueron expropiadas por el Gobierno para ser adjudicadas”.

Para que la justicia no mire para otro lado
El 20 de octubre, las Comunidades Indígenas de Tucumán movilizaron por las calles de San Miguel de Tucumán para exigir justicia por Javier Chocobar y para que se cumplan las leyes que los protegen. Tuvieron reuniones con funcionarios del gobierno provincial, como el secretario de derechos humanos Daniel Posse, quién se comprometió a avanzar para asegurar el efectivo cumplimiento de la legislación vigente. Organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos acompañaron el reclamo de justicia que sumó numerosas voces, como la del premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel o las Madres de Plaza de Mayo.
Asimismo en Buenos Aires hubo una movilización a la Casa de Tucumán, y una entrevista con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, cuyo titular, Daniel Fernández se comprometió a ser querellante en el caso.
En medio del dolor por el ataque y la pérdida de Chocobar, la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita retoma fuerzas para conseguir justicia, y avanzar en el cumplimiento de sus derechos como Pueblos Originarios, 517 años después.

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Alarmante situación humanitaria en el sur de la provincia por la contaminación del arroyo Matazambi

Las vacas no soportaron el grado de contaminación del arroyo. A las orillas del Matazambi, todo es muerte.

La nota en imágenes

Cada vez se descubren más poblados afectados por la contaminación del arroyo Matazambi, receptor de desechos cloacales e industriales. Temen un impacto sanitario y ambiental de una importante magnitud. Ayer, un grupo de vecinos del paraje Sur de Trejo, relató ante el juez federal Daniel Bejas la forma en la que sus animales se están muriendo por el aparente consumo de las turbias aguas de ese arroyo. “La situación que vivimos es desesperante. Somos gente del campo que depende de nuestras vacas, pero nos están matando”, relataron los vecinos, en su mayoría dedicados a la fabricación casera de productos lácteos.

Un grupo de vecinos del paraje Sur de Trejo (ubicado a 25 de Lamadrid, en el departamento Simoca, sobre la ruta 175) se presentó ayer ante el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, para aportar pruebas y relatar sus propios testimonios en torno al daño humanitario que se vive en esa zona por la contaminación del arroyo Matazambi, uno de los principales recursos que tienen los pobladores del lugar para su subsistencia. Según relató a primerafuente el vecino Abraham Quinteros, es tal el grado de afectación de ese curso natural de agua, que en las últimas semanas se murieron cinco de sus siete vacas por beber del Matazambi. “Estoy en la ruina. Mantengo a mis tres hijos con la venta de leche y lácteos que extraía mis animales. La situación que vivimos es desesperante”, relató Quinteros, quien agregó que familiares suyos ya perdieron 16 vacas también por el nivel de contaminación que presenta el arroyo. Según Irma Rodríguez, durante la actual década fue cuando más se sintió el impacto ambiental en el Matazambi, principalmente en los últimos años. “Antes se podía beber directamente de esa agua. Hoy circula un líquido oscuro con un olor insoportable. Si uno se acerca se siente un ardor en los ojos y la nariz. Somos víctimas de la impunidad”, se quejó la mujer, mientras esperaba ser recibida por Bejas. Por su parte, integrantes de la ONG Unión de Vecinos del Sur Univec) aportaron por tercera vez nuevas pruebas en torno a este hecho en el cual, según los damnificados, los principales responsables serían los representantes de la firma Saneamiento y Urbanismo SRL propietaria de lo piletones donde se concentran los efluentes cloacales de la ciudad de Juan Bautista Alberdi y los desechos industriales del ingenio Marapa, ubicados en la localidad aledaña de Los Guayacanes. “Dependemos de bombas para poder tomar agua y alimentar a los animales. Estamos olvidados por que no tenemos acceso a nada ni nadie. Nos están ayudando a realizar esta denuncia por que no tenemos idea de cómo se maneja todo esto. Somos gente del campo que vive de nuestros animales, pero nos están matando”, describió abatido, Cruz Medina. Primerafuente tuvo acceso a la documentación acercada al juez federal por Gustavo Masmud y Claudia Noguera (ambos de Univec) que constó, entre otros documentos, de fotografías –tomadas la semana pasada- de, al menos, 14 vacas muertas a orillas o incluso dentro del propio Matazambi en Sur de Trejo, paraje donde residen unas 70 familias. En la denuncia se asentó que situación similar están padeciendo habitantes de varios poblados ubicados a orillas del arroyo afectado como Los Córdoba, El Durazno, Sur de Lazarte, Esquina, Niogasta, La Cañada, Ischipuca, Laguna Larga y El Rodeo, entre otros. En la denuncia, se solicitó a Bejas que investigue y penalice a los responsables del impacto ambiental mencionado y se prohíba en forma inmediata que se sigan arrojando efluentes contaminantes a ese arroyo. La causa fue iniciada en enero por Univec, en colaboración con la ONG Pacto Verde, por aparente violación a la ley nacional 24.051, sobre residuos peligrosos, tras constatarse esta situación en la localidad de El Rodeo (también ubicada a orillas del Matazambi), donde 30 familias viven en medio de la indigencia y en una delicadísima situación sanitaria. Tras la presentación de la causa, impulsada durante la semana pasada por el entonces fiscal federal de feria, Gustavo Gómez (a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán) Bejas ordenó a fines de enero a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) a que en forma urgente provea de agua potable a las familias de ese paraje. Para ello se basó en un informe del Siprosa a través del cual se confirma que el agua del Matazambi está contaminada y no es apta para su consumo. Además, se confirmó la presencia de arsénico en un nivel superior al 170 por ciento (según lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud). Por Esteban Stanich
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54040

TIERRA SUBLEVADA

Hola, les recomiendo ver el documental Tierra Sublevada (1° parte- Oro Impiro) de Pino Solanas que nos muestra las terribles consecuencias de la minería a cielo abierto que se practica en nuestra Cordillara de los Andes. En especial la actiividad de Minera Alumbrera que nos toca muy de cerca, la resistencia de las comunidades afectadas dierctamente y la contaminación a la que nos expoene este tipo de extracción.

Hoy jueves 12/11/09 se estrena. Traten de verla y recomendarla a sus amigos y parientes y si pueden recirculen este correo entre sus contactos de Tucumán ya que es la única manera que la película permanezca por unos días en cartelera para que llegue a la mayor cantidad de gente posible.

Saludos.

Carlos

CINEMACENTER Sala 1. Av. Roca 3450 (Hipermercado Libertad). Tel. 4361862. Aire acondicionado. Hs. 16, 22.30: La extranjera. Apta para todo público. Hs. 18.20, 20.25: Tierra sublevada. Apta para todo público. Entrada general $12. Jubilados c/carnet $6.