Por enésima vez ordenan medidas al ingenio La Trinidad para que frene la contaminación

En el marco de una acción de amparo, que se inició el 5 de noviembre de 2007, el juez federal Mario Racedo, ordenó una vez más a los dueños del ingenio La Trinidad una serie de medidas para prevenir y recomponer el medio ambiente. También dispuso que el gobierno controle su cumplimiento y a su vez cree un sitio de Internet para que la ciudadanía pueda denunciar casos de contaminación. El juez dio tregua hasta la zafra 2011 para que los efluentes líquidos del ingenio se encuentren dentro de los valores permitidos.

El ingenio La Trinidad, uno de los más contaminantes de la provincia, está hace más de dos años bajo la lupa de la Justicia Federal, pero todas las medidas que se ordenaron hasta el momento parecen haber caído en un saco roto. Otra vez, el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, ordenó a la fábrica azucarera realizar de modo inmediato un plan de prevención y recomposición del medio ambiente, en el marco de una causa que se había iniciado el 5 de noviembre de 2007 por una acción de amparo presentada por Miguel Enrique Ibrahim, un vecino del pueblo homónimo.

En una nueva resolución, difundida en el sitio oficial de la Corte de la Nación, Racedo también dispuso que el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Medio Ambiente o de quien se determine, controle el efectivo cumplimiento de ese programa bajo apercibimiento de responsabilizarlo por el incumplimiento o demora en la ejecución. Además, el Estado provincial tendrá que fiscalizar el cumplimiento de las exigencias impuestas y crear un sitio en Internet para que las ONGs y el público en general puedan denunciar casos de contaminación.

Cuando recibió la acción de amparo, hace casi dos años, Racedo había convocado, en una medida inédita, a una audiencia pública para escuchar las opiniones de representantes de los Estados nacional y provincial; defensores del Pueblo y de peritos universitarios, con respecto a la contaminación del ingenio azucarero. Luego, como segundo paso, dio lugar al amparo y dispuso una serie de medidas obligando a la firma Azucarera del Sur S.R.L a disminuir el daño ambiental que povocaba en la zona.

En el camino, se detectaron incumplimientos por parte de la fábrica, por lo que Racedo volvió a llamarles la atención, ordenando nuevas medidas, mientras continuaban las quejas de los vecinos de La Trinidad por el alto grado de contaminación ambiental que se reflejaba en el aire y en las aguas donde desembocan los efluentes de la industria azucarera.

Ahora, en la nueva sentencia, el magistrado dispuso la zafra 2011 como plazo máximo improrrogable para que los efluentes líquidos se encuentren dentro de los valores permitidos vigentes en las normas ambientales provinciales y nacionales.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=53614

La Nación será querellante en el crimen de Chocobar y pedirá la prórroga de la ley 26.160

El nuevo titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, aseguró que el ejecutivo tendrá un rol activo en la causa que se sigue por el asesinato del dirigente diaguita, ocurrido el 12 de octubre en Tucumán. También confirmó que el oficialismo está trabajando en la prórroga de la norma que suspende los desalojos de comunidades, la cual vence en 2010. Esta ley es resistida por ganaderos y empresarios, y su aplicación ha sido dilatada por los gobiernos provinciales y Nación.

El relevamiento territorial previsto en la ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena se puso en marcha en Tucumán hace menos de dos meses y generó una escalada de desalojos en distintas comunidades de la provincia. El pico máximo fue el ataque armado del terrateniente Darío Amín y ex policías –vinculados al represor Malevo Ferreyra y al jefe de Policía de la provincia- que terminó con la vida del dirigente comunitario de Chuschagasta, Javier Chocobar, de 68 años. En otras provincias, como Neuquén, el programa aún no ha comenzado y ya hay una gran avanzada de la derecha que alerta por el "desborde" de "usurpaciones de campos". "Se están generando reacciones duras en Neuquén, en Tucumán, en distintos lugares. Es un verdadero desafío", declaró Daniel Fernández, presidente del INAI. "Estamos preocupados pero yo hoy (por el martes pasado) estuve con la ministra [de Desarrollo Social] Alicia Kirchner reafirmando un camino. No nos vamos a detener por más que opongan resistencia los sectores de poder. Vamos a seguir avanzando en el relevamiento y en las cuestiones que atañen a que las comunidades puedan ejercer el derecho a acceder a sus tierras", aseguró. Fernández dijo que el Estado Nacional ha estado ausente por 200 años, destacó como un primer paso el reconocimiento de la preexistencia indígena en la reforma constitucional de 1994 y resaltó que en 2006 se empieza a abordar la cuestión territorial con la aprobación de la ley 26.160. El funcionario declaró que ante esta delicada situación "la mejor respuesta es ratificar el sentido de organización de las comunidades y nosotros como Estado redoblar el esfuerzo". Al respecto aceptó críticas por la dilación en la implementación del relevamiento territorial y confirmó que están trabajando para pedir la prórroga de la norma. De hecho se vio salir de su despacho a la diputada Carolina Moisés, del Frente para la Victoria de Jujuy, que preside la Comisión de Población y Desarrollo en el Congreso Nacional y es autora de uno de los proyectos que amplía el plazo de la ley. El responsable del organismo evaluó el crimen consumado en la localidad tucumana de Trancas como un "terrible mensaje de aquellos que sienten afectados sus intereses". "Ellos avanzaron destruyendo y sometiendo a las comunidades, hoy ese proceso comienza a revertirse. Creo que lo que han tratado de hacer es amedrentar y paralizar un proceso de organización que se están dando los pueblos originarios, además de poner en duda la posibilidad de avanzar en la aplicación de la ley", expresó Fernández. También adelantó que desde Nación se como querellante en el crimen de Chocobar y sostuvo que dos de los imputados son ex policías que calificó como "mano de obra desocupada con raigambre en el Operativo Independencia" de la última dictadura militar. "Hubo una detención rápida, la preocupación es que el proceso llegue a fondo y se castigue realmente", declaró. El crimen de Chocobar se registra en un contexto de una fuerte avanzada mediática donde se pone en foco el "crecimiento de la preocupación" de los terratenientes ante las "usurpaciones de campos". Diarios, empresarios y funcionarios provinciales cuestionan si el pueblo mapuche es un pueblo indígena "argentino". El director de Tierras de Río Negro sugirió en declaraciones a la prensa que la Legislatura podría debatir "el origen de cada uno de los pueblos". En otras regiones como Tucumán, el cuestionamiento es distinto: los terratenientes afirman socarronamente "si andan en jean y zapatillas, cómo pueden ser indios estos". Sobre la avanzada de los terratenientes, el funcionario expresó que hay una "disputa de poder, ellos creían que los pueblos originarios estaban aniquilados". Por su parte, autoridades y miembros de los pueblos Diaguita y Lule de Tucumán evaluaron en un comunicado que la escalada de la violencia "hoy se pone en evidencia porque decidimos salir de la invisibilidad a la estuvimos sometidos haciendo ejercicio de los derechos que nos amparan". En cuanto a la situación en Neuquén, el presidente del INAI precisó que hay "reacciones muy duras" de sectores ligados a la Sociedad Rural, con la presencia del hermano del gobernador Jorge Sapag, y confió que la ministra Alicia Kirchner se comunicó con el mandatario provincial para plantearle la preocupación del Gobierno nacional "porque esa presencia avala este tipo de afirmaciones que los que vivimos la dictadura sabemos que así se empieza a preparar el camino". La no aplicación de la ley 26.160 cuenta además con la complicidad del poder judicial. Según el presidente del INAI algunos jueces interpretan que la norma está fuera del Código Civil, creado en 1869, pero destacó que la cláusula "es operativa, tiene vigencia y está ratificada por pactos internacionales". Planteó en ese sentido que hace falta un "un esfuerzo de conjunto para que este entendimiento sea aceptado por todos los jueces". Las dichos del flamante titular del INAI que reproduce Indymedia fueron vertidos el martes pasado en un encuentro -abierto a la prensa- con referentes de agrupaciones indígenas del área metropolitana, quienes hicieron una pequeña protesta y entregaron un documento en la sede gubernamental [Ver fotos]. Dos días después Fernández recibió en su despacho a dirigentes de distintas provincias del país nucleados en el Encuentro Nacional de Organizaciones de Pueblos Originarios, entre ellos de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, y participó de la marcha a la Casa de la Provincia de Tucumán en el microcentro porteño junto a otros funcionarios como la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), María Lubertino. Fuente: Indymedia Pueblos Originarios http://argentina.indymedia.org/

ALUMBRERA: ¿Adónde van los más de 46 millones de litros diarios de agua contaminada que se filtran del dique de colas?

Informe del Ing. Elio Vélez

ANÁLISIS DEL FALLO EN EL JUICIO A ALUMBRERA

El peritaje efectuado por el Fiscal Antonio Gómez con el auxilio de Gendarmería se hizo años atrás, cuando la planta de filtros de Cruz del Norte no hacía ninguna depuración de los efluentes líquidos que vertía directamente al canal DP2, cargados de metales pesados, sulfatos y aditivos de flotación venenosos.

Sin embargo, en el curso del juicio se aceptó como comprobación de inocencia de la minera, análisis presentados por ésta sobre muestras tomadas con posterioridad a la instalación y puesta en funciones de la instalación depuradora, lo que evidentemente altera y modifica totalmente la base de la cuestión en litigio.

Así lo informa la misma Alumbrera en su página Web:

“En Cruz del Norte, cerca del aeropuerto de Cevil Pozo, Tucumán, quedó inaugurada en nov/00 una planta de tratamiento del agua utilizada por la minera para depurar los minerales. Como complemento de la obra, se inauguró un laboratorio con la última tecnología para medición de metales y otros parámetros que permiten controlar la calidad del agua tratada”

Las muestras debieran haberse tomado con la depuradora detenida, como era la situación al momento de la comprobación original.

Obviamente, aquí se está ignorando la raíz fundamental del ilícito, la que consiste en que Alumbrera fluidifica el concentrado que envía por el mineraloducto agregándole aproximadamente un millón trescientos mil litros (1.300.000) de agua diariamente.

En su inicio, cuando molía 85.000 t/día, la minera extrajo 100 millones de litros de agua por día del Campo del Arenal. Suponiendo que- como la minera uinilateralmente afirma - hayan racionalizado el consumo a, digamos, 50 millones/día habrá entonces 48.7 millones, que vertidos al dique de colas, ubicado sobre el cauce del río Vis Vis se evaporan parcialmente, pero el resto de aproximadamente 46 millones de litros/día se insumen en la falla geológica ubicada en el fondo del vaso del mismo contaminando el subválveo y los acuíferos que se alimentaron por millones de años del Vis Vis.

Este gigantesco caudal diario, como es lógico, no queda en el sitio del vertido a 2.480m s.n.m, sino que se interconecta con el acuífero ubicado debajo del Salar de Pipanaco, de donde se extrae agua para el regadío de los olivares de Pomán, así como también discurre pendiente abajo por los ríos Chico, Medinas, Gastona y Pueblo Viejo, que descienden del macizo del Aconquija y vierten sus caudales al dique Frontal de Río Hondo

Geólogos afirmaban que esta última afirmación mía era imposible, porque entre la mina y el nacimiento de estos ríos existe una “falla inversa”, que consistiría en un muro de roca de 42 km de profundidad y de decenas de kilómetros de largo, además de poseer también de decenas de kilómetros de espesor.

Pero no hay lógica alguna que explique adónde pueden alojarse los entre 46 y 96 millones de litros que se vierten diariamente al dique de colas, ya que las oquedades de las rocas poseen un volumen limitado y estuvieron recibiendo durante éstos doce años una cantidad de agua contaminada del orden de:

¡100 millones de litros/día x 350dias/año x 12 años = 420.000 millones de litros!

No hay acuífero que pueda recibir estos volúmenes, puesto que las montañas no se inflan como globos.

ORIGEN DEL MACIZO Y ACUÍFEROS DEL ACONQUIJA

El sitio en que se encuentra Alumbrera, así como todo el macizo del Aconquija y también las montañas de la Sierra de Las cuevas y más arriba aún Antofagasta de la Sierra hace millones de años formaban un fondo marino.

Tan es así que en alturas vertiginosas de más de 3.500m s.n.m. se encuentran trilobites, caracoles prehistóricos característicos de dicho fondo.

Es que estas montañas fueron generadas por el plegamiento continental, el cual se efectuó no sobre un magma caliente y plástico, sino sobre rocas frías y endurecidas, las que sometidas a tan tremendo empuje se quebraron y al plegarse dieron como resultado la elevación de la masa rocosa, dentro de la cual se encuentran oquedades comunicadas unas con otras a diversas profundidades, cuya conformación real nadie conoce al presente. Allí se alojó el agua de lluvias que fue infiltrándose durante millones de años, conformando así lo que se conoce como acuíferos.

SOLO UNA TEORÍA INDEMOSTRABLE

Estos depósitos de agua están comunicados por grietas entre ellos, entre las cuales se produce el efecto de sifonado, que permite a los líquidos sortear obstáculos de gran altura sin problema alguno.

Las rocas son sustancias cristalinas y frágiles, por ello se vuelan con explosivos. No son maleables ni elásticas como los metales, de modo que la teoría de la “falla inversa”, impenetrable y no fracturada en ningún sitio era completamente ilógica y en total colisión con el razonamiento más elemental.

Basado en esto decidí tomar muestras personalmente de los citados ríos, muestras a las cuales medí su acidez (pH), encontrándome con que aguas que antes eran neutras se habían tornado alcalinas:

RIO pH *

Chico 8,43

Medina 9,22

Gastona 9,31

Seco 9,44

Pueblo Viejo 9,00

Para que este cambio en el pH suceda en ríos de semejantes caudales se necesitan enormes tonelajes de álcali.

*Muestras tomadas por mí en Noviembre de 2.007.

El cálculo de esta cantidad es lo que expongo a continuación.

De la Dirección Provincial de Recursos hídricos de Tucumán pude obtener la medida de los caudales (aforo) de algunos de estos ríos. Las obtenidas de la repartición se mencionan como “Repartición”, las otras son “estimativas”.

RIO m3/seg. INFORMACIÓN

Chico 1.100 Repartición

Medina 4.700 Repartición

Gastona 5.100 Repartición

Seco 2.000 Estimada

Pueblo Viejo 4.700 Estimada

Total 17600 m3/seg

Y en un día: 17600m3/seg x 60 seg/min x 60 min/h x 24 h/d = 1.520.640.000 m3/día

Es decir 1520,64 Millones de m3/día

El peso equivalente del dióxido de calcio es

74 = 37 gr Ca(OH)2 = Solución 1 Normal

2 lt

pH promedio:

1100 x 8,43 + 4700 x 9,22 + 5100 x 9,31 + 2000 x 9,44 + 4700 x 9,00 = 9,16

17600

Entonces, tomando para simplificar pH = 9:

pOH = 14 – pH será pOH = 14 – 9 = 5

Por lo cual, como el pOH es el logaritmo en base 10 de la concentración de oxhidrilos tenemos que:

La solución será: 10-5 (diez a la menos cinco), solución Normal de Ca(OH)2, es

decir: 0,00037 gr Ca (OH)2 , o también Kg Ca(OH)2

lt m3

Para 1 millón de m3 será 0,37 t Ca (OH)2/1M m3

Luego 0,37 t Ca(OH)2/Mm3 x 1.520,64 Mm3/día = 562 t Ca(OH)2/día, que Alumbrera

agrega a todo el mineral para flotarlo.

Como muele120.000 t/día será 562 t /120.000 t mineral/día = 0.00468t Ca(OH)/t mineral.

O sea

4,68kg Ca(OH)/t de mineral. Valor que corresponde exactamente con los utilizados internacionalmente, dependiendo de la acidez del mineral.

Estos cálculos - aproximados - demuestran concluyentemente que los venenos vertidos por la minera en su dique de colas van a parar totalmente a éstos cinco ríos, principales por su volumen, entre los que alimentan el dique frontal de Río Hondo. Éstos venenos no sólo están compuestos por cobre, arsénico, cromo y mercurio, sino también por detergentes no biodegradables, disulfuro de carbono y espumantes.

Sobre éstos últimos adjunto el informe:

“VENENOS PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS VERTIDOS POR MAA AL ACUÍFERO CONECTADO AL SISTEMA SALÍ- DULCE”

Ing. Elio E. Vélez

Tucumán, 01 de Octubre de 2.009.

EN TUCUMAN SE PONEN LAS PILAS

Fundación Ambientis Natura
“Hacer algo constructivo con algo destructivo”
¡Ponete las pilas!

La Fundación Ambientis Natura está realizando una recolección de pilas y baterías. El motivo es
que una vez que perdieron su vida útil son sumamente contaminantes porque con su descomposición generan
lixiviados, que son el desprendimiento de metales pesados.
El problema es que las pilas son depositadas con la basura común, por lo que los contaminantes van directamente a la tierra.

Por ello esperamos tus pilas para hacer:

- Ecobancos: que son asientos para la vía pública cuyo relleno serán estas pilas de manera que no
contaminen.

- Pilares de contención para zonas montañosas: Por ejemplo en el cerro San Javier hay zonas propensas a derrumbes, donde se harán pilares que tendrán como relleno las pilas.

- Ladrillos ecológicos: que serán donados a empresas constructoras de zonas precarias.

Trae tus pilas a: Congreso 647 en San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán

Intentarán que el Consejo Superior de la UNT escuche a los afectados por Minera Alumbrera

El próximo martes integrantes de organizaciones sociales asistirán a la sesión del Consejo Superior de la UNT para solicitar que se trate ese mismo día el pedido de una sesión extraordinaria. Pretenden que los consejeros escuchen los argumentos de científicos en cuanto al impacto ambiental de Minera Alumbrera y las denuncias de pueblos originarios afectados por esta explotación. Realizarán una asamblea en el patio del Rectorado.

El próximo martes, cuando se realice una nueva sesión del Consejo Superior de la UNT, integrantes de la Asamblea Socioambiental del NOA (Asanoa) solicitarán que, de una vez, se trate el pedido de una sesión extraordinaria referida a la problemática ambiental en torno a Minera Alumbrera. La solicitud, presentada hace más de un año (aún sin respuestas) tanto por ambientalistas como por pueblos originarios de los Valles Calchaquíes y organizaciones gremiales sería tratada sobre tablas aunque desde Asanoa admitieron que no será fácil la concreción de esta posibilidad. La amplia mayoría de consejeros identificados con el oficialismo del Rectorado, encabezado por Juan Alberto Cerisola, bloquearía el acceso a un debate democrático cuyo objetivo central apunta a que en el seno del órgano deliberativo universitario se escuche la posición de expertos de diversas áreas en cuanto al daño ambiental que causa Minera Alumbrera. Junto a ellos, se pretende que también sean escuchados los pueblos originarios de los Valles Calchaquíes quienes desde un primer momento rechazaron a este emprendimiento minero por el impacto que causa en toda la región. De esta forma, se pretende que en el órgano universitario también se atiendan los argumentos de los sectores críticos al emprendimiento minero en contraposición con las exposiciones que el 22 de septiembre pasado brindaron técnicos contratados por directores del YMAD por la UNT en defensa de Minera Alumbrera, en cuanto a la situación ambiental del canal DP2. Esta iniciativa fue dispuesta el martes en el seno de una asamblea ambiental realizada en la facultad de Arquitectura (la semana pasada se llevó a cabo en Filosofía y Letras) de la que participaron estudiantes y docentes de esa unidad académica. También se resolvió que, más allá sea la respuesta de los consejeros superiores al pedido de la sesión extraordinaria, se realizará el mismo martes una asamblea en el patio del Rectorado. El rechazo a los fondos de la minera Las organizaciones sociales también objetan la relación existente entre la UNT y Minera Alumbrera y los fondos que esta multinacional reparte a las universidades nacionales. Se trata de dinero proveniente de la explotación -ubicada en Belén, Catamarca- la cual está vinculada contractualmente con la UTE Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Este organismo mantiene el derecho de explotación de la mina y está conformado por el gobierno de Catamarca, la UNT (descubrió el yacimiento minero) y la Nación. En este sentido, hasta ahora ya son 10 las facultades que optaron por rechazar este dinero en el marco de un debate que ya se instaló en los Consejos Superiores de prácticamente todas las Casas de Altos Estudios del país.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=53570

El asesinato de Javier Chocobar

Opinión

Por Norma Giarracca *

El 12 de octubre, día en que se recuerda el “hecho colonial” de consecuencias más dramáticas en la historia de la humanidad –surgimiento del concepto de “raza”, genocidios en su nombre y saqueos de territorios–, Tucumán decidió recordarlo con el asesinato de un comunero indígena: Javier Chocobar. Un diaguita de Los Chuschagasta en el norte tucumano fue asesinado mientras otras cuatro personas de la comunidad fueron heridas, incluyendo un niño. Los comuneros defendían sus territorios amenazados –como en muchas otras provincias– por terratenientes, nuevos inversores sojeros o por la especulación inmobiliaria. Un terrateniente y sus “guardias blancas” armados –novedoso fenómeno del neoliberalismo en el país– abrieron fuego contra poblaciones cuyas únicas armas son legislaciones nacionales e internacionales que avalan la propiedad comunal.

El martes 13, el principal diario de Tucumán, en la sección Policiales, menciona el hecho de esta forma: “Un hombre murió y al menos otros cuatro resultaron heridos anoche tras una violenta disputa suscitada en Chuscha, al norte de la provincia”. En tanto, los sitios de Internet definían el hecho como “una batahola entre bandas” o “peleas territoriales”.

Es muy importante estar informados de que en la Argentina todos los días los pobladores corren serios riesgos por defender los bienes naturales comunes de la devastación infligida por el neoliberalismo disfrazado de “desarrollismo productivo”. Actividades extractivas como el agronegocio y la minería o especulativas como el negocio inmobiliario amenazan bosques, montes, aguas, glaciares y derechos de poblaciones que aprendieron a defenderse con las legislaciones.

En noviembre de 2006 fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria (26.160), en la que se da un marco de protección a las comunidades frente a los desalojos de sus tierras e incluso suspende procesos judiciales en marcha. No obstante, esta comunidad de Los Chuschagasta es blanco de acosos y amenazas para expulsar a los comuneros de sus tierras ancestrales. Es decir, se violan tratados internacionales y leyes nacionales con el beneplácito de los gobiernos provinciales. Por estas razones fue asesinado un comunero.

Se oyeron las voces de alerta de Anmistía Internacional y de nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pero debemos lograr oír muchas más voces, debemos escuchar gritos de todo un país que alguna vez prometió a las nuevas generaciones un “Nunca más”. La muerte de Javier Chocobar no puede pasar inadvertida en la gran ciudad, donde está el corazón del poder político. No pasaron inadvertidas las muertes del maestro Carlos Fuentealba, de aquellos jóvenes luchadores del Puente Pueyrredón o de aquellos cuyos gritos de dolor venían del Norte rebelde en los tiempos de los cortes de ruta en Mosconi y Tartagal. ¿Acaso la muerte de un diaguita en manos de “guardias blancas” que rememoran a las peores épocas de América latina puede pasar inadvertida o reducirse a las secciones policiales de los medios? ¿El asesinato de un comunero indígena perpetuado por hombres del poder económico no nos llena de horror? ¿A qué “mordaza” se referían los periodistas de televisión durante las últimas semanas? ¿Quién los amordaza para no tratar este asesinato, para que no quede oculto en los bosques tucumanos?

Si quedara oculto, como un hecho policial, ya estaríamos transitando ese peligroso sendero que comienza con la “naturalización” de las muertes y los asesinatos de los que resisten y todos sabemos hacia dónde nos puede conducir. Por eso es necesario que todos expresemos el más enérgico repudio a este asesinato y exijamos justicia, el respeto a los tratados internacionales, la puesta en real vigencia de la Ley de Emergencia de Propiedad Comunal y toda la legislación que protege los territorios y sus poblaciones así como el desarme de grupos policíacos privados en todo el país.

* Socióloga, profesora titular de Sociología Rural (Instituto Gino Germani-UBA).

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Hartos de la impunidad y el desalojo de sus tierras, los pueblos originarios bramaron por justicia

La Cámara Federal de Apelaciones fue una de las principales destinatarias de la bronca expresada por las comunidades autóctonas en el marco de una masiva movilización realizada ayer. Acusan a camaristas de no respetar una ley que frena el desalojo de los pueblos originarios de sus tierras. “Con sus fallos, ellos pusieron las armas en manos de los asesinos para que gatillen”, acusó Demetrio Valderrama, cacique de la Comunidad de Chuschagasta, donde terratenientes asesinaron a un referente local. Temen que la impunidad impida que la Justicia provincial condene a los ex policías acusados del crimen, por aparentes vínculos con políticos y altos mando de la fuerza.

Provenientes desde cada rincón de la provincia, huipalas en mano, representantes de diversas comunidades indígenas realizaron ayer una histórica marcha en reclamo al respeto de sus derechos. Los destinatarios de los reclamos, el Gobierno y la Justicia, fueron responsabilizados por la impunidad y la crisis social que históricamente vienen padeciendo los pueblos originarios en esta parte del país. Es que la sensación de abuso y desprotección que las comunidades transmiten a partir de la innumerable cantidad de atropellos que vienen padeciendo, obliga en forma indefectible a responsabilizar a funcionarios políticos y judiciales ante semejante situación. Desalojos de tierras ancestrales, contaminación ambiental por proyectos de diversa índole avalados por el Estado, represión policial al servicio de terratenientes y el reciente asesinato del comunero diaguita Javier Chocobar, estuvieron presentes en cada reclamo y testimonio que la multitud dirigió al Gobierno y los funcionarios judiciales locales y federales, en el transcurso de la movilización. Frente a los Tribunales de Las Piedras y 9 de Julio, la bronca de los manifestantes se depositó en la Cámara Federal de Apelaciones. A sus integrantes se los acusa de haber revocado una medida cautelar dictada juez subrogante Nº 2, Mario Racedo, que impedía la expropiación de las tierras de la Comunidad de Chuschagasta, (localidad de El Chorro, departamento Trancas) de la que dependen alrededor de 2 mil personas. Justamente, se sostuvo que el polémico fallo de los camaristas dio impulso para que los terratenientes intenten arrebatar las tierras indígenas. Un ejemplo que dieron fue el asesinato del Chocobar (se desempeñaba como vocal primero de la comunidad) el pasado 11 de octubre. “En realidad fueron ellos –por los camaristas federales- los que pusieron las armas en manos de los asesinos para que gatillen”, acusó Demetrio Valderrama, cacique de la Comunidad de Chuschagasta. Ese día, el terrateniente Darío Amín, junto a los exonerados ex policías Luis "el niño" Gómez y José Valdiviezo, irrumpieron violentamente en las tierras comunitarias causando la muerte de Chocobar –recibió un disparo en su abdomen- y cuatro heridos de bala. En la protesta también se exhortó a los magistrados judiciales a que de una vez se haga cumplir la ley federal 26.160 que prohíbe cualquier tipo de desalojo a los pueblos originarios de sus territorios hasta que se culmine con un relevamiento territorial. “Nuestra comunidad está destrozada. Hubo varios intentos por querer apoderarse de nuestras tierras –suman aproximadamente 11 mil kilómetros cuadrados- pero nunca creímos que lleguen a tanto. El dolor que sentimos por la muerte de nuestro hermano es enorme. Nos sentimos desprotegidos y tememos que los contactos de los asesinos con el poder los deje en la calle de nuevo. La vida que tenemos la dejaremos en defensa de nuestras tierras”, manifestó a primerafuente Balderrama. El reclamo de los indígenas también fue llevado ante los Tribunales locales y ante La Corte de Suprema Justicia para que los asesinos, a los que se les atribuyen fuertes contactos con legisladores y altos jefes policiales, sean condenados. En tanto, al máximo organismo de Justicia provincial se le pidió una pronta resolución en cuanto a la causa por el desalojo de 40 familias de la Comunidad India Quilmes, en Colalao del Valle. De la marcha participaron referentes de varias pueblos indígenas de la región (principalmente diaguita y lule), referentes de Madres de Plaza de Mayo, de organizaciones de izquierda, agrupaciones estudiantiles universitarias y ONG ambientalistas, entre otros. Durante la movilización, una comisión mantuvo un encuentro con el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Posse. Por Esteban Stanich
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=53503