LOS REPRESORES DISFRUTAN DE SU ESTADÍA EN CASAS DE LUJO MIENTRAS ESPERAN SER JUZGADOS
Mientras espera para afrontar un nuevo juicio que comenzará en el 2010, Antonio Domingo Bussi pasa sus días cómodamente en su casa del Golf Country Club de Yerba Buena. Su hogar se encuentra sin guardia policial desde hace más de seis meses, por lo que nadie controlaría que se cumplan las reglas establecidas por el Tribunal Oral Federal en el fallo por la causa Vargas Aignasse. Según la sentencia, Bussi sólo puede recibir visitas –que no sean de su familia, médicos o abogados- dos días a las semanas y no puede haber más de cuatro personas en simultáneo. El incumplimiento de algunas de estas normas es razón de revocación de la prisión domiciliaria. CONTRAPUNTO EDICIÓN IMPRESA
El 28 de agosto del año pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF), presidido por Gabriel Eduardo Casas e integrado además por Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi, dictaba a los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez una condena a cadena perpetua por una serie de hechos calificados como delitos de lesa humanidad.
En el fallo, el TOF resolvió que Bussi cumpla la prisión preventiva -preventiva hasta tanto quede firme la sentencia- en el Golf Country Club de Yerba Buena, calle 8 “Los Aromos”, Lote 150.
Además, dictaminó una serie de reglas “pertinentes” y “razonables” a ser observadas. Entre ellas, que “la guardia dispuesta en el domicilio llevará un libro diario de registro de las circunstancias relevantes que se produzcan y de las visitas, consignando fecha y hora de las mismas, que será constatado semanalmente por la Ujiería de este Tribunal Oral”.
El fallo también planteó que “el ámbito físico de cumplimiento del presente régimen está acotado al perímetro del inmueble que habita el imputado y excluye la posibilidad de desplazarse fuera del mismo por ningún motivo” y que solo podrá recibir visitas los miércoles y domingos, no admitiéndose más de cuatro personas conjuntamente.
Finalmente, la sentencia indicó que “la verificación del incumplimiento de alguna de las reglas arriba enumeradas producirá la revocación de la prisión preventiva en la modalidad dispuesta”.
Según las imágenes a las que pudo acceder Contrapunto y las distintas versiones de los vecinos, desde hace aproximadamente seis meses que la casa en la que vive el represor Antonio Bussi estaría sin guardia policial. Desde febrero, cuando las denuncias de distintas personas que viven en el Golf Country llegaron a la redacción, Contrapunto viene haciendo un seguimiento de la situación. Por eso, cuenta con diferentes testimonios fotográficos que prueban la denuncia.
Toda cárcel es políticaBussi cumple la prisión domiciliaria en una casa de lujo. Tal vez sea una de las casas menos ostentosas que podrían encontrarse en el Golf Country. Pero sin dudas es mejor que cualquiera de las celdas de Villa Urquiza, donde cientos de presos deben vivir en condiciones indignas por delitos que no tienen ni punto de comparación con los realizados (y comprobados judicialmente) por parte del represor.
La casa es alquilada. El verdadero dueño sería Juan Manuel Cossio, un famoso médico tucumano y esposo de Ana Cristina García Hamilton. La mujer es hija de Enrique García Hamilton, quien presidió La Gaceta S.A. y la Sociedad de Beneficencia de Tucumán.
Ellos dirían que una cosa es la ideología y otra son los negocios. Alquilarle la casa a Bussi no significa estar de acuerdo con sus métodos. ¿O sí?
Miedo, asados y vida nocturnaEn el Golf Country se respira un tenso clima cuando se habla del “tema Bussi”. Por un lado, muchos vecinos están disgustados con la idea de que un represor viva en el lugar. Años atrás, cuando el represor ya cumplía prisión preventiva, fue a comer al Club House. Esto le valió una denuncia por parte de una habitante del Country, quién requirió que no se lo deje ingresar más por los lugares comunes, tal cuál lo había dispuesto la justicia.
Sin embargo, también viven dirigentes y ex referentes de Fuerza Republicana, que aún siguen reconociendo en Bussi a su líder político. Claudio Viña (actual concejal capitalino) y Ernesto Padilla (hoy en Recrear), entre otros.
Esto produce una convivencia compleja. Un importante sector de los habitantes del Country prefiere no hablar; la seguridad privada que cuida la entrada al lugar no puede contar nada al respecto, porque afirman que les podría costar el puesto laboral.
Pero hay gente que se anima a hablar. Pidiendo resguardo de su identidad.
Así, cuentan que a mediados del año pasado, los policías federales se peleaban para poder cumplir guardia en la casa de Bussi; es que, según dicen, los asados que ofrecía a sus custodios eran de los más jugosos.
Otros vecinos indicaron que, durante las noches, “se escuchaba música, risas y un ambiente no acorde con el significado de una prisión domiciliaria”.
Guardia no hayPor lo menos hasta principios de febrero, una guardia policial de dos personas se turnaba para custodiar el hogar de Bussi. En esos días, comenzaron los problemas. Los miembros de las fuerzas de seguridad se quejaban porque los vecinos no les permitían usar el baño. Así, indicaban, los turnos de ocho horas se les volvían intolerables.
De a poco, habrían comenzado a incumplir con sus deberes. El relajamiento del Tribunal Oral Federal podría haber colaborado con que los guardias dejen de asistir al lugar.
En este sentido, según denuncias de los vecinos corroboradas con las imágenes que confirman esos dichos, desde hace casi siete meses que la casa de Bussi no contaría con la custodia policial que debe controlar que se cumplan las reglas impuestas por el TOF para el efectivo cumplimiento de la prisión domiciliaria.
Igualmente, todos los viernes iría un funcionario del Tribunal Oral a la casa del represor para corroborar su presencia y hacerle firmar un documento.
Revocación de la prisiónA partir de esta denuncia, el Fiscal Federal Alfredo Terraf, debería pedir que se abra una investigación. En caso de comprobarse la veracidad del relato, podría pedir la revocación de la prisión domiciliaria.
“Se podría pedir la revocación de la prisión domiciliaria en las otras causas por las que está procesado, siempre y cuando sea comprobado el incumplimiento”, explicaron desde los organismos de Derechos Humanos, al tiempo que adelantaron que realizarán presentaciones al respecto al TOF.
Ya existen antecedentes de revocación de prisión domiciliaria por incumplimiento en el régimen. En abril del 2006, el juez federal Ariel Lijo dispuso revocar el beneficio de la detención domiciliaria al represor Pascual Oscar Guerrieri, preso en su casa desde el 30 de diciembre de 2004, fecha en la que cumplió los 70 años.
Para revocarle el beneficio, el juez analizó videos aportados por el equipo de producción del programa Caiga quien Caiga (CQC) que filmó a Guerrieri mientras se retiraba de su domicilio en abierta violación al régimen de arresto domiciliario.
El TOF ha decidido posponer el inicio del primer juicio en Tucumán por Centros Clandestino de Detención para febrero. Dilata así, las posibilidades de avanzar en el camino por la justicia Pero su responsabilidad no es solamente ser los garantes del “punto final biológico”. Sino además, ser una pata fundamental de ese Estado que desde hace 26 años brinda a la impunidad un marco de seguridad. Esa seguridad que tanto le gusta a la derecha.
Rodolfo Zosa |
CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa
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Alrededor de 70 integrantes de la Comunidad India Quilmes se encuentra en la Plaza Independencia en espera de ser recibidos por el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, y el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Posse. Los manifestantes buscan la intervención del PE provincial luego de que fueron desalojados de sus tierras en Colalao del Valle por el juez de Paz, Adolfo Salazar. En conversación con primerafuente el cacique de la Comunidad India Quilmes, Francisco Chaila, explicó que en las próximas horas realizarán diversas presentaciones en el ámbito judicial para volver atrás la medida que consideraron autoritaria e injusta. “Esta medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden público, infringe los derechos de los pobladores originarios reconocidos en pactos internacionales, la constitución nacional y provincial”, indicó, por su parte, Daniel Carlorosi, responsable del área de Pueblos Indígenas de ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales).
El clima de indignación se agrava cuando Rodolfo Campero –cual George Bush- habla de “talibanes de la ecología” (Diario EL Siglo del Viernes 11 de Septiembre de 2009); o cuando Marigliano asegura que no rendirá cuentas a esta altura de su vida (El Tribuno del 8 de septiembre). 9) En realidad, los indignos se hicieron visibles. Por ello, es que les solicitamos como miembros de la Comunidad Universidad de Tucumán que estén a la altura que las circunstancias, y sus cargos, les reclaman.
