martes, 8 de septiembre de 2009
UN DELITO IMPUNE
ESTA QUEMA SE LLEVO A CABO AL COSTADO DEL PUENTE RIO BALDERRAMA Y SOBRE LA AUTOPISTA QUE CORRE PARALELA A LA RUTA NACIONAL N 38. ESTE HECHO FUE A HORAS 17 Y 30 APROXIMADAMENTE DEL DIA DEL 06/09/2009.
EN REITERADAS OPORTUNIDADES UNIVEC CONSTATO QUE LOS DUEÑOS DE LOS CAMPOS APROVECHAN EL FIN DE SEMANA PARA COMETER ESTE DELITO. EXISTE LA PRESUNCION QUE ALGUNOS DE ESOS DUEÑOS DE CAMPOS SON PROPIETARIOS Y PARTES INTEGRANTES DE LAS FIRMAS COMERCIALES QUE EXPLOTAN LOS INGENIOS
HAY UN PARTICIPE NECESARIO EN ESTA PRACTICA PROHIBIDA, ESTE PARTICIPE SON LOS RESPONSABLES DE LAS FIRMAS COMERCIALES QUE TIENE A SU CARGO LA MOLIENDA DE LA CAÑA OSEA DE LOS INGENIOS AZUCAREROS.
A NUESTRO ENTENDER SON LOS QUE PROMUEVEN ESTAS PRACTICAS REÑIDAS CON LA LEY Y RECHAZAAS POR LA SOCIEDAD.
A PESAR DE LAS ADVERTENCIAS Y SANCIONES AUN CONTINUAN COMETIENDO ESTE DELITO PORQUE SABEN QUE SER AMIGOS DE LOS FUNCIONARIOS POLITICOS TIENE SU VENTAJA.
LUEGO ES TRANSPORTADA EN LOS CARROS Y DEPOSITADAS EN LOS INGENIOS PARA SU LAVADO Y POSTERIOR MOLIENDA, LAS CENIZAS SON ARRASTRADAS CON EL EFLUENTES DEL INGENIO PARA SEGUIR SU CAMINO POR LOS RIOS Y TERMINAR EN EL DIQUE EL FRONTAL CONTAMINADOLO Y COLMATANDOLO. LAS PRUEBAS ESTAN A LA VISTA Y ESTO OCURRE EL LOS 15 INGENIOS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN.
LA QUEMA DE CAÑA TAMBIEN ES DELITO FEDERAL POR SU PERJUICIO EN LA ATMOSFERA, POR SU PERJUICIO EN LAS RUTAS NACIONALES, POR SU PERJUICIO EN EL TENDIDO ELECTRICO INTERPROVINCIAL Y AHORA CON ESTO DE QUE LOS EFLUENTES DEL LOS INGENIOS DEPOSITAN LAS CENIZAS DEL LAVADO DE LAS CAÑAS, EN LOS RIOS Y EN EL DIQUE DE TERMAS DE RIO HONDO. SIN EMBARGO LOS JUECES FEDERALES AUN SIGUEN DISCUTIENDO LA COMPETENCIA JUDICIAL PARA CASTIGAR ESTA FORMA DE DELINQUIR CON EL UNICO OBJETIVO DE AUMENTAR EL LUCRO A COSTA DE LA FLORA, DE LA FAUNA Y DE LOS SERES HUMANOS.
Firman Gustavo Masmud (Presidente) y Claudia Noguera (Secretaria)
Mientras esperan las indagatorias, aportan pruebas en las causas contra los ingenios
Los vecinos insisten con que se condene a algún directivo de los ingenios.
Vecinos de ciudades del sur de la provincia aportaron el viernes pasado pruebas contra los ingenios La Trinidad, La Corona y Marapa en el marco de las causas por contaminación ambiental que caen sobre ellos. Sobre este último se sospecha que continuaría arrojando vinaza al arroyo Matazambi, afluente de la cuenca Salí-Dulce. En tanto, además de las diferentes acusaciones por contaminación, se presume que La Corona y La Trinidad estarían recibiendo caña quema y arrojando al río Gastona un alto volumen de ceniza al momento del lavado de la materia prima. También hubo quejas contra el ingenio Aguilares en la Secretaría de Medio Ambiente.
La expectativa (y la impaciencia) ante el llamado a declaración indagatoria a los responsables de los ingenios de la provincia caracterizó el ánimo de un grupo de vecinos que el viernes pasado se acercó a los Tribunales Federales para aportar nuevas pruebas en las causas contra las fábricas azucareras. Los pobladores de diferentes ciudades del sur de la provincia –en su mayoría integrantes de la ONG Univec- entregaron al fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, documentación y fotos que esperan, se incorporen a las causas contra los ingenios Marapa (Alberdi), La Corona (Concepción) y La Trinidad de la localidad homónima. Los denunciantes pidieron que se investigue si La Corona y La Trinidad están recibiendo en forma ilegal caña quemada para su producción. El principal problema de esto, radicaría en la enorme cantidad de cenizas que se arrojarían al río Gastona (afluente del Salí) provenientes del lavado de la caña. “El agua con la que se lava la caña es arrojada directamente con tantas cenizas que termina contaminando y colmatando el río”, explicaron a primerafuente los militantes de Univec. Además, se aportaron nuevas pruebas que ratificarían que la contaminación del arroyo Matazambi sigue sin alteración alguna por aparente consecuencia de los desechos cloacales de Juan Bautista Alberdi y efluentes industriales (sería vinaza) del ingenio Marapa. Por esta denuncia, presentada en octubre del año pasado, el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, deberá investigar el daño ambiental que causarían los líquidos provenientes de diez piletones destinados al tratamiento de efluentes, en la localidad de Los Guayacanes (a seis kilómetros al este de la ciudad de Alberdi). La causa, además, también describe el posible daño humanitario que sufriría una comunidad de alrededor 30 personas de la localidad de Las Lomitas, en la rivera del Matazambi (sobre el kilómetro 1.168 de la ruta 157, en la comuna de Lamadrid, departamento de Graneros). Los 15 ingenios de la provincia fueron denunciados a mediados de 2007 por el gobierno de Santiago del Estero por el daño ambiental que generan en la cuenca Salí-Dulce. Vale recordar que el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo Racedo, tiene en sus manos la situación de 11 ingenios y se inhibió de actuar en el resto debido a actuaciones que tuvo durante el ejercicio de su profesión en el ámbito privado. Por lo tanto, investiga los casos de los ingenios Aguilares, Bella Vista, Cruz Alta, La Florida, La Fronterita, La Providencia, La Trinidad, Ñuñorco, San Juan, Santa Bárbara y Santa Rosa. De esta forma, los casos de los ingenios Concepción, Marapa, Leales y La Corona, fueron remitidos al juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien también investiga las causas en el marco de la Ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Hasta ahora, en el marco de los 15 ingenios investigados, sólo los directivos de uno de ellos están procesados. Fue el juez Bejas quien dictó el procesamiento sin prisión preventiva contra los directivos del ingenio La Corona, de la firma Azucarera Argentina S.A, Enrique Fausto González, Silvio José Peluffo y Héctor Gregorio Mateos, como presuntos autores responsables de contaminar el agua desde el período de zafra de 2006, delito penado y previsto en los artículos 55 y 57 de la ley de Residuos Peligrosos 24.051 y en el artículo 200 del Código Penal. En el escrito firmado el 10 de julio de 2008, Bejas concluyó que son presuntos responsables de haber utilizado residuos peligrosos y, de esa manera, de haber “envenenado, adulterado y contaminado de un modo peligroso el agua, sometiendo a la población a padecimientos físicos por las diversas enfermedades que produciría dicha contaminación”. Por este hecho, el magistrado les trabó embargos a los tres empresarios por un monto de un millón de pesos. En tanto, se estima que en los próximos días Racedo haría lo propio llamando a indagatorias a directivos de los ingenios que él investiga.
También en la Secretaría de Medio Ambiente
Los ambientalistas del sur también presentaron el viernes en la Secretaría de Medio Ambiente varios pedidos de informes y denuncias. Entre ellos se quejaron por enésima vez de los ruidos insoportables que causan los escapes de gas de las calderas de los ingenios Aguilares y La Trinidad. También pidieron que se aclare si la ampliación de las destilerías de La Trinidad y La Corona cuenta con estudios de impacto ambiental. Además, sobre el primer ingenio, quieren saber cómo será el proceso de tratamiento de efluentes a través de un sistema de biodigestores.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52562
Pasó un año sin que el Rectorado se anime a debatir la relación de la UNT con Minera Alumbrera
Por este motivo, mañana se insistirá con el petitorio de organizaciones ambientalistas al Rectorado para que en el seno del Consejo Superior se debata el vínculo entre la UNT y Minera Alumbrera. Objetan que la universidad sea socia de una firma cargada de denuncias y repudiada por diversos sectores sociales. Durante la tarde de ayer, los consejeros analizaban un polémico informe que descarta que la minera hoy contamine la cuenca Salí-Dulce.
Mañana se cumplirá un año exacto desde que el Rectorado de la UNT cajoneó una solicitud presentada por organizaciones sociales de todo el país para llevar adelante una reunión extraordinaria del Consejo Superior a fin de analizar el vínculo existente entre la Casa de Altos Estudios y Minera Alumbrera. El 10 de septiembre, la Asamblea Socio Ambiental del NOA (Asanoa) presentó una nota (expediente Nº 001135) en la que se pidió al rector Juan Alberto Cerisola la convocatoria a una reunión del órgano deliberativo universitario para tratar una serie de considerandos en cuanto a la problemática general del avance de la minería metalífera y nuclear en la región de los Valles Calchaquíes y el sistema del Aconquija. Sin embargo, desde entonces, las autoridades universitarias prefirieron mirar para otro lado sin emitir respuesta alguna. Ante esto, mañana las ONG volverán a elevar el petitorio al rector a la espera que esta vez sí se anime a debatir esta realidad. Entre los considerandos de la nueva presentación, los activistas describieron el daño ambiental y económico generado por la construcción de la infraestructura, el electroducto y mineraloducto de Minera Alumbrera, vinculada con la UNT a partir de la UTE que integran la multinacional e YMAD (de la que forma parte la Universidad). Uno de los puntos más cuestionados a la minera son las múltiples roturas del mineraloducto que, según denunciaron, continúa afectando tanto territorio catamarqueño como tucumano. A esto se le suma, la causa en la Justicia Federal por la aparente violación a la ley de residuos peligros 24.051 por parte de la minera como consecuencia del arrojo de desechos contaminantes al canal DP 2 –afluente del Salí- desde la planta de secado del barro mineral ubicada en Ranchillos. Por esta causa está procesado Julián Rooney, alto directivo de Minera Alumbrera. “Hay que tener en cuenta que se registran ya probadas evidencias de saqueo económico, destrucción de ecosistema, alteración cultural negativa, trasvasamiento de cuenca, afectación de agua dulce, afectación a particulares en sus economías y a la salud de un desconocido número de víctimas de contaminación”, sostiene la presentación a la que tuvo acceso primerafuente. En tanto, durante la tarde de ayer el Consejo Superior analizaba en sesión un polémico informe oficial (expediente 810) que sostenía que los efluentes que la minera arroja a DP 2 se encuentran dentro de la legalidad, según la normativa provincial. “Nuestra socia (Minera Alumbrera) continúa emitiendo sus efluentes con los parámetros exigidos por la normativa establecida por la Dirección Provincial de Recursos Energéticos y Minería de Tucumán”, concluye el informe técnico presentado por los vocales integrantes del directorio del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD), Rodolfo Campero y de Mario Marigliano (ambos ex rectores de la UNT) y que ayer se analizaba en el seno del órgano universitario. En este sentido, el petitorio que mañana será elevado a Cerisola, también se requiere que los directivos de la UNT que integran el YMAD (Campero y Marigliano) también rindan cuentas de esta problemática.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52624
Mientras facultades rechazan los fondos de Minera Alumbrera, el Ministerio de Educación firma pactos de cooperación
El Ministerio de Educación de la provincia oficializó ayer un acuerdo con la repudiada Minera Alumbrera para la elaboración de proyectos tecnológicos, académicos y científicos. Habrá intercambio de docentes, investigadores y hasta prácticas profesionales. Esta minera es blanco de constantes denuncias por parte de organizaciones sociales por el aparente desastre ambiental que se le atribuye. Incluso, facultades de todo el país optaron por rechazar fondos millonarios de esta empresa debido a las acusaciones que caen sobre esta.
La Provincia dio otro paso adelante en su política de afianzar lazos con la denunciada empresa Minera Alumbrera. Ahora, fue el Ministerio de Educación el que mantendrá un acuerdo de cooperación “académico, científico y cultural” con esta firma. Todo esto al mismo tiempo que en el país cada vez más facultades deciden rechazar los millonarios fondos provenientes de esta empresa debido al rechazo social que hoy soporta. Según se informó, a través del acuerdo rubricado por la ministra, Silvia Rojkés de Temkin, y el Gerente de Asuntos Institucionales de la minera, Jorge Montaldi, “se desarrollarán investigaciones científicas, se elaborarán proyectos tecnológicos y se realizarán intercambios de docentes, e investigadores para desarrollar actividades académicas”. “Si la educación no está vinculada con el mundo del progreso, de la economía y de los oficios, no tiene sentido. Es necesario que tenga un contacto permanente con el sector empresario y este vínculo es fundamental en una provincia que intenta revertir sus propios índices y que busca mejorar la formación de recursos humanos”, señaló la ministra. Rojkés de Temkin parece no haber tenido en cuenta que Minera Alumbrera carga encima varias denuncias de organizaciones sociales de toda la región por la aparente contaminación que genera y la supuesta violación a las leyes que protegen al medio ambiente. Incluso, la Justicia Federal de Tucumán procesó a un alto directivo de esta empresa, Julián Rooney, al determinarse que Minera Alumbrera arroja desechos contaminantes a la cuenca Salí-Dulce desde su planta de secado en Ranchillos. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación privilegiaron este nuevo acuerdo que, según resaltaron, facilitará la inserción de alumnos y de profesionales para realizar prácticas en diversas áreas, a la vez que permitirá que los empleados de Alumbrera puedan finalizar sus estudios secundarios. “Uno de los ejes del programa de Responsabilidad Social de la empresa es la educación, no sólo hacia afuera, sino también para nuestros empleados. Por eso ofreceremos capacitación a las escuelas técnicas de la provincia, experiencia laboral a los alumnos y, además, posibilitaremos que nuestros trabajadores puedan terminar sus estudios e incluso acceder a tecnicaturas en nivel superior”, destacó Montaldi.
Por Esteban Stanich
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52595
sábado, 5 de septiembre de 2009
Aportan nuevas pruebas de contaminación contra tres ingenios
Una ONG de Concepción aportará hoy nuevo material en el marco de las causas contra los ingenios La Trinidad, La Corona y Marapa por daño ambiental. Sobre este último se sospecha que continuaría arrojando vinaza al arroyo Matazambi, afluente de la cuenca Salí-Dulce. En tanto, además de las diferentes acusaciones por contaminación, se presume que La Corona y La Trinidad estarían recibiendo caña quema y arrojando al río Gastona un alto volumen de ceniza al momento del lavado de la materia prima.
Vecinos del sur de la provincia aportarán durante la mañana de hoy nuevas pruebas en la Justicia Federal -además lo harán en la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia- en el marco de causas abiertas contra tres ingenios por aparente contaminación ambiental. El primer aporte de los integrantes de la ONG Unión de Vecinos del Sur (Univec) lo harán en torno a la causa por la contaminación del arroyo Matazambi, afluente del río Salí. Según explicó uno de los referentes de la agrupación a primerafuente, Gustavo Masmud, se agregarán al expediente nueva documentación y recientes fotografías que constatan cómo las aguas de este arroyo transportan vinaza -se presume que arrojadas por el ingenio Marapa- y desechos cloacales de la ciudad de Juan Bautista Alberdi. Por esta denuncia, presentada en octubre del año pasado, el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, deberá investigar el daño ambiental que causarían los líquidos provenientes de diez piletones destinados al tratamiento de efluentes, en la localidad de Los Guayacanes (a seis kilómetros al este de la ciudad de Alberdi). Se trata de diez piletas de tierra las cuales, según se manifiesta en la denuncia, no constan “de ningún tipo de dispositivo de seguridad y monitoreo sobre las sustancias y no están de manera alguna impermeabilizadas”. “El líquido tiene contacto directo con el suelo de estos receptores artificiales”, agregaron. Si bien en la presentación judicial se requirió a la Justicia indagar el origen de estos efluentes, en diálogo con primerafuente, Masmud estimó que provendrían del ingenio Marapa -se trataría de vinaza- y del sistema cloacal de Alberdi.
La causa, además, también describe el posible daño humanitario que sufriría una comunidad de alrededor 30 personas de la localidad de Las Lomitas, en la rivera del Matazambi (sobre el kilómetro 1.168 de la ruta 157, en la comuna de Lamadrid, departamento de Graneros).
Por Esteban Stanich
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52536Amplían las acusaciones contra La Trinidad y La Corona
En el escrito firmado el 10 de julio de 2008, Bejas concluyó que son presuntos responsables de haber utilizado residuos peligrosos y, de esa manera, de haber “envenenado, adulterado y contaminado de un modo peligroso el agua, sometiendo a la población a padecimientos físicos por las diversas enfermedades que produciría dicha contaminación”. Por este hecho, el magistrado les trabó embargos a los tres empresarios por un monto de un millón de pesos.
Por Esteban Stanich
Vecinos de Overa Pozo también protestan en la Plaza
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52483
Unos 3.000 manifestantes hacen sentir su bronca frente a Casa de Gobierno
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52482
viernes, 4 de septiembre de 2009
Pino Solanas estrenará un film sobre el saqueo que causan las empresas mineras en el país
Se trata de su último trabajo “Tierra Sublevada”, cuya primera parte “Oro Impuro” se presentará la semana próxima. El film se basa en la depredación y saqueo de los recursos minerales en el país y las luchas populares contra la creciente contaminación que este tipo de explotaciones genera. Parte del documental se filmó en Tucumán donde Solanas mantuvo encuentros con organizaciones ambientalistas y un fiscal federal.
El próximo 10 de septiembre el cineasta y diputado nacional electo por Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, presentará “Oro Impuro”, la primera parte de su último documental denominado “Tierra Sublevada” (la segunda parte del film será presentada posteriormente y se denomina “Oro Negro”. Este trabajo analiza la depredación y saqueo de los recursos minerales en el país y las luchas contra la creciente contaminación que este tipo de explotaciones genera. “En los años 90 las políticas neoliberales entregaron el petróleo y la minería a las corporaciones. Usando sustancias tóxicas y métodos extractivos depredadores, contaminaron las napas de agua y el medio ambiente. La tierra reaccionó frente al maltrato: los cortes de ruta y las asambleas de los ambientalistas hicieron nacer una nueva conciencia por la salvaguarda de la vida y la recuperación de los recursos minerales”, analizó el creador de películas como Memoria del Saqueo y La Dignidad de los Nadies. “Oro Impuro”, se basa en un viaje alrededor de algunas de las explotaciones a cielo abierto con cianuro que las corporaciones han instalado en el noroeste argentino –San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán Salta - y la reacción de las poblaciones aledañas frente a la contaminación. “Se trata de una obra coral contada por sus protagonistas: ingenieros, maestros, chacareros, indígenas, vecinos, ambientalistas, que hacen contundentes denuncias sobre el despojo y cuentan conmovedoras historias de resistencia a la depredación de las mineras. Estimulados por la lucha de los asambleístas de Gualeguaychú contra la instalación de la fábrica de papel Botnia, en el río Uruguay, el movimiento ambientalista logró que en siete provincias –Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Tucumán- se prohíba la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas”, analizó el cineasta en su propio blog www.www.pinoseplanta.com Justamente, Solanas permaneció en noviembre por varios días en la provincia recavando información para su nuevo trabajo. En su paso por Tucumán, el cineasta mantuvo encuentros con integrantes de la ONG ambientalista Pro-Eco, en su sede de Tafí Viejo para tomar contacto con la lucha ambiental emprendida por diferentes organizaciones vecinales de la región. Solanas también se reunió con en Tribunales Federales de Tucumán con el fiscal general, Antonio Gustavo Gómez, donde se interiorizó sobre los reclamos de las asambleas sociales hacia la Justicia Federal en cuanto a las causa iniciadas contra Minera Alumbrera por contaminación ambiental. “Oro Impuro” se compone de una introducción, diez capítulos y un epílogo. El prólogo recuerda la conquista colonial y la reforma de la legislación minera en los años 90. Los capítulos son: 1) La megaminería; 2) Viaje a Minera Alumbrera; 3) Lo que se llevan; 4) Lo que nos dejan; 5) La vida pobre; 6) Sobornos y resistencias; 7) Complicidad y justicia; 8) El poder de Barrick Gold; 9) El agua vale más que el oro; 10) Asambleas Ciudadanas; Epílogo abierto.
Pino Solanas investigó en Tucumán para su nuevo film sobre el saqueo de los recursos naturales
El reconocido director de cine, Fernando Ezequiel “Pino” Solanas, estuvo en noviembre pasado la provincia recavando información en vistas a su nuevo documental basado en el saqueo de los recursos naturales del país. El cineasta llegó el domingo y se reunió con integrantes de la ONG ambientalista Pro-Eco, en su sede de Tafí Viejo (Laprida 116), donde buscó material para su próximo film. Se trata de información vinculada a la lucha ambiental emprendida por diferentes organizaciones vecinales de la región. En este marco, Solanas se interiorizó sobre los reclamos de las asambleas sociales hacia la Justicia Federal en cuanto a la causa iniciada contra Minera Alumbrera por contaminación ambiental. Como se recordará, luego de años de espera, el 29 de mayo pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió el procesamiento de Julián Rooney, en su calidad de vicepresidente de Minera Alumbrera, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051. La causa se había iniciado en 1999 tras una denuncia del ex secretario de Medio Ambiente de la provincia, Juan Antonio González, quien había denunciado una presunta contaminación producida en el canal de desagüe DP2 (Ranchillos, Cruz Alta) donde la minera vuelca sus efluentes industriales. Este canal está conectado a la cuenca Salí-Dulce. El cineasta bonaerense se mostró interesado en conocer en profundidad el desenvolvimiento de las protestas sociales realizadas frente a Tribunales Federales en reclamo de celeridad en esta causa, por parte de las ONGs. Uno de los aspectos que más llamaron la atención a Solanas se vincula a la denuncia realizada por el camarista Ricardo Mario Sanjuan contra integrantes de la Asamblea Socio Ambiental del NOA (Asanoa), de la cual forma parte Pro-Eco, quienes durante febrero escracharon a los camaristas federales en pos de una urgente definición en la causa Rooney. Pocas semanas después de las protestas, la Cámara falló contra el directivo minero, con el voto de Sanjuan en disidencia. La influencia de las movilizaciones sociales sobre la Justicia también podría ser reflejada en la próxima obra del ex candidato a presidente en 2007 por el Movimiento Político Proyecto Sur (a través del cual obtuvo el quinto puesto con alrededor de 300 mil votos). Entrevistas en la Fiscalía General Federal y en el Rectorado de la UNT En tanto, durante la mañana de ayer, el premiado director de documentales como “La dignidad de los nadies”, “Argentina latente” o la recientemente estrenada “La próxima estación”, mantuvo una entrevista en Tribunales Federales con el fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez. Allí, en diálogo exclusivo con primerafuente, el cineasta optó por no hacer declaraciones sobre su nuevo trabajo aunque sí se expresó para reivindicar el rol de Gómez a la hora de llevar adelante centenares de denuncias vinculadas a la violación de leyes que protegen al medio ambiente, entre ellas la citada causa de Minera Alumbrera. En este sentido, Solanas repudió los pedidos de destitución remitidos a la Procuración General de la Nación en contra del fiscal general (ver video que acompaña a esta nota) y se sumó, de esta forma, a la campaña nacional en defensa del funcionario judicial por parte de diversas organizaciones que defienden su desempeño. Cabe recordar que se presentaron dos pedidos de destitución contra Gómez: uno impulsado por el empresario Carlos Gordillo, quien estuvo involucrado en una causa penal tributaria investigada por la propia Fiscalía General. Otro planteo fue realizado por el secretario general de los empleados judiciales, Julio Piumato, quien acusó a Gómez de haber acosado a empleados. Paradójicamente, estos trabajadores enviaron notas a la Procuración negando las acusaciones. Asambleas ambientalistas vincularon estas denuncias al procesamiento Rooney y la investigación en torno a supuestas irregularidades en el proyecto Lomas de Tafí, ambas encaradas el fiscal general. Tras reunirse con Gómez, el ex convencional en la reforma de la Constitución Argentina de 1994, realizó nuevas entrevistas con militantes de Pro-Eco en el Rectorado de la UNT. Esto con el objetivo de conocer las implicancias de relación entre la Casa de Altos Estudios y Minera Alumbrera, en el marco de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que conforman esta minera y el organismo Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), integrado por la UNT y el gobierno catamarqueño, los cuales recibirían, en total, el 20 por ciento de las utilidades generadas por la explotación de Bajo la Alumbrera. En el mismo lugar, Solanas aprovechó a reunirse con el geólogo de la UNT, Florencio Aceñolaza. Tras esto, durante la tarde de ayer, partió hacia Mosconi, para analizar el impacto que tuvo en esa ciudad petrolera salteña el proceso desregulación y privatización dispuesto por el gobierno menemista.
http://www.primerafuente.com.ar/
Para un fiscal, hasta que no haya presos, la situación por la quema de cañaverales no se terminará nunca
Años de denuncias y pruebas irrefutables aún no pudieron traducirse en penas ejemplares. En este sentido, el fiscal general federal, Antonio Gómez, entendió que el castigo de prisión a algún responsable de la quema de cañaverales es esencial para empezar a revertir este flagelo prácticamente impune. Además, anheló que los funcionarios judiciales actúen de oficio sin esperar denuncias por escrito.
Un camino para mitigar el problema de la quema de cañaverales parece no revestir disidencia alguna entre quienes denuncian esta problemática. La necesidad de que de una vez por todas se condene a alguien a prisión, en el marco de este flagelo, es algo que viene siendo reclamado todos los años por diversos sectores de la sociedad. Dentro de la Justicia, se suma a este razonamiento -y expresión de deseo hasta hoy incumplido- el fiscal general federal, Antonio Gustavo Gómez, quien encabezó varias investigaciones en búsqueda de los responsables de este delito ambiental. En declaraciones radiales, el funcionario judicial fue concluyente: “Estoy convencido de que hasta que no condenemos a alguien a la pena de prisión que prevé la ley 24.051 (sobre residuos peligrosos) por los delitos de contaminación o por el delito de estrago esto no se va a terminar”. El fiscal federal recalcó que desde hace 3 años se realizan actuaciones e investigaciones al respecto de esta situación. Sin embargo, pese a que la legislación actual es, a su criterio, “muy buena”, hay grandes demoras en las causas iniciadas. “Coincido en que la justicia es muy lenta pero la unidad de fiscales que investiga delitos ambientales hemos planteado este tema, hemos abierto las investigaciones y hemos probado los casos de quema de caña, incluso tomándole las impresiones digitales a muchas personas”. Sin embargo, Gómez insistió en las demoras de las causas. “Es una gran responsabilidad del Poder Judicial tener que dar respuestas a estos conflictos individuales máxime cuando se esta en riesgo la vida de las personas como ocurrió en Los Ralos. En esta como en otras localidades las familias perdieron viviendas y elementos personales a raíz de un acto incendiario” agregó en declaraciones a LV 12. Para revelar parte de los problemas que atañen a este tipo de delitos, Gómez explicó las divergencias suscitadas en el seno la Justicia. “Hemos hecho investigaciones desde hace 3 años y todavía se esta discutiendo si son competencia de la justicia provincial o federal”. Además recordó la obligación de los funcionarios judiciales de actuar de oficio ante este tipo de hechos por más que no existan denuncias por escrito.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52434