La utilización de Overa Pozo dependerá de cada intendente

El gobernador pretende que en 90 días se prescinda de los servicios de Pacará Pintado.

SORPRESA. El titular de Pacará Pintado recordó que tiene contratos firmados con municipios hasta 2013. LA GACETA / HECTOR PERALTA

El anuncio del gobernador, José Alperovich, respecto de que en “60 o 90 días” los residuos del Gran San Miguel de Tucumán se arrojarán en un predio de Overa Pozo (Monte Redondo), sumó confusión entre los factores involucrados en la problemática.
La pretensión oficial tomó por sorpresa al titular de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, Mario?Criado, que explota la planta de tratamiento de la basura de Pacará Pintado. El directivo recordó que tiene contratos vigentes con siete municipios, algunos de los cuales se extienden hasta 2013.
“Desconocemos totalmente a qué se debe esta declaración. No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto. Además, esa decisión es una facultad de los intendentes.?Nosotros tenemos contratos firmados con los municipios, no con el Gobierno”, planteó Criado, en alusión a que la Ley Nº 8.177, que derogó las leyes 7.622 y 7.874, establece en su artículo tercero que la gestión de los residuos es de competencia municipal y comunal. En tanto, en el artículo noveno, deja para el Ejecutivo la facultad de control y de fiscalización sanitaria.
“A raíz de estas declaraciones, ya enfrentamos el malestar de la gente de la cooperativa de cartoneros; son 350 familias que afincaron sus casas alrededor de Pacará Pintado, que cuentan con tractores y con una planta compactadora”, añadió Criado.
El secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, consideró que los plazos expuestos por el mandatario para prescindir de Pacará Pintado son razonables, pero aclaró que la operación del predio de Overa Pozo dependerá de cada intendente.
“Estamos trabajando desde hace más de seis meses para dotar al lugar de la infraestructura básica. Esto es construcción de caminos, electrificación (con una subestación transformadora), perforación de un pozo de agua, forestación y cercado perimetral”, detalló.
Montalván recordó que la elección de Pacará Pintado siempre tuvo el carácter de transitoria. “Hay que recordar que el gobernador, hace un tiempo, tomó la decisión de cerrar Los Vázquez, y lo cerró. Con Pacará Pintado dijo que era transitorio y lo va a cumplir. Con excepción de Misiones, que cuenta con dos plantas de tratamiento, Tucumán pasaría a ser una de las provincias con mejor respuesta para la problemática de la basura”, auguró. Con respecto al sistema de tratamiento de la basura que se utilizaría, aclaró se recurrirá al método de celdas impermeables, pero no al entierro sanitario.
El funcionario advirtió que el PE sólo pondrá en condiciones de utilización a Overa Pozo, cuya vida útil se estima en 25 años. “La nueva ley pone en manos de los intendentes la disposición final de los residuos, si se licita o se hace alguna operación en ese predio será vía municipios. Nosotros estamos trabajando para que sea posible el traslado. Quién operará o hará las contrataciones correrá por cuenta de los municipios”, afirmó. De todas formas, recordó que la norma prevé que, en caso de razón fundada, los intendentes puedan solicitar asistencia técnica y financiera al PE.

“Hoy no figura entre los lugares con prioridad”

El ex coordinador de la unidad ejecutora encargada de la redacción de los pliegos licitatorios y de llevar adelante el proyecto de gestión integral de los residuos, Jorge Malmierca, aclaró que el Tribunal de Cuentas sí autorizó al PE a llamar a licitación para el diseño, la construcción y la operación de un centro de disposición final por el sistema de relleno sanitario, una estación de transferencia y la prestación del transporte asociado al sistema (Acuerdo Nº 500 de 2008).
“El plan provincial que había diseñado la Provincia fue elogiado en todo el país y Tucumán, a principios de 2006, lideraba como caso piloto junto con Chubut el principio de solución al problema. Lamentablemente, hoy no figura entre los lugares con prioridad”, opinó. “Tucumán estuvo en condiciones de llamar a licitación para la obra en febrero de 2008. El pliego licitatorio, minimizando al máximo el tiempo de obra, preveía un plazo mínimo de construcción del relleno sanitario de ocho meses. Pensar en un tiempo menor de obra hace suponer el trabajo de un plan de contingencia de un vaciadero semi-controlado”, consideró.
Malmierca recordó que en abril se modificó la Ley 7.622 y se devolvió la gestión integral de la basura a municipios y a comunas. “Entiendo que dicha ley aún no se reglamentó y ello provocará el incumplimiento de plazos otorgados por la ley nacional, además de dificultades para encarar las distintas soluciones en forma adecuada, aun cuando jurídicamente la devolución de la competencia sea lo correcto”, dijo.

LAS IDAS Y VUELTAS DE LA BASURA

Pese a que Pacará Pintado tiene contratos hasta 2012, Alperovich adelantó su cierre en 90 días

Pacará Pintado tiene acuerdos vigentes con siete municipios, circunstancia que pone bajo interrogantes el anuncio de Alperovich

Aunque la potestad del manejo de la basura quedó otra vez en manos de los intendentes, el gobernador salió ayer a decir que los residuos irán a parar a un predio de Overa Pozo en un plazo de 90 días. Se trata del mismo proyecto que fracasó tras más de tres años que jamás concluyeron en un llamado a licitación. Mientras tanto, en Pacará Pintado desconocieron esta situación y advirtieron tener contratos con municipios que allí tratan sus desechos hasta 2012.

El manejo de la basura por parte del Gobierno provincial tiene cada vez peor olor. Desde el pésimo recuerdo que representó el hoy ya cerrado basural de Los Vázquez, hasta los cientos de vaciaderos clandestinos desparramados por toda la provincia, o el trunco proyecto de instalar una basural en Los Pocitos, por citar algunos ejemplos, la política sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) en la provincia es una exhibición de improvisaciones. En medio de este circo de avances y retrocesos se sancionó en 2005 una ley marco (Nº 7.622) impulsada por el oficialismo para la gestión de los RSU que delegaba al PE la responsabilidad de la disposición final de la basura. Esta norma daba impulso a la creación de una planta nueva en Overa Pozo (en la localidad de Monte Redondo, entre los departamentos de Cruz Alta y Burruyacú) para todos los desechos provenientes del área metropolitana. Durante más de tres años técnicos trabajaron al respecto para avanzar en esta idea, pero el proyecto murió en manos de la burocracia y los intereses económicos. El cóctel de improvisaciones sumó un nuevo capítulo cuando por orden del gobernador José Alperovich se derogó la mencionada ley que antes él y sus sumisos legisladores habían apoyado. Así, en marzo pasado, la Legislatura se desdijo y aprobó devolver la responsabilidad de los RSU a los intendentes y a los comisionados rurales. El nuevo eslabón de mamarrachos en lo que respecta a este tema lo volvió a aportar el titular del PE cuando ayer salió a anunciar que Overa Pozo recibirá basura en un plazo de no más de 90 días. Con esto, el gobernador tiró un manto de interrogantes sobre el futuro de la planta de residuos de Pacará Pintado (Cruz Alta) que hoy recibe la basura de siete municipios, entre ellos la capital. "Hemos estado trabajando. Estoy viendo los costos pero en 60 a 90 días se van a llevar todos los residuos a Overa Pozo", manifestó el mandatario. ¿Acaso en tres meses estará listo el proceso licitatorio y la posterior construcción de una nueva planta de disposición final, algo que no se pudo hacer (o no se quiso) en tres años? ¿Por qué Alperovich sale ahora a anunciar esta medida cuando él mismo ordenó que la potestad del manejo de la basura quedara en manos de los intendentes? Las dudas se acumulan una tras otra. No es para menos ante tantas desprolijidades. En Pacará Pintado se enteraron por primerafuente de este anuncio Si a esta altura de los hechos uno cree haber perdido la capacidad de asombro, no se equivoca. Más cuando en diálogo con primerafuente el titular de la empresa Servicios y Construcciones La Banda (administra la planta de Pacará Pintado), Mario Criado, aseguró “no saber absolutamente nada de los anuncios del Gobierno”. “Nos estamos enterando por ustedes. Nadie nos comunicó nada. Incluso renovamos hace poco contratos con municipios los cuales se extienden hasta 2012. Desconozco por qué Alperovich salió a decir una cosa así”, sostuvo un atónito Criado. Vale recordar que el propio municipio de la capital tiene un vínculo con esta empresa para tratar allí su basura (alrededor de 450 toneladas diarias) hasta 2011.

La prensa se enteró antes que la firma implicada que, aparentemente, los contratos vigentes caducarían, según se desliza de los dichos del mandatario. El mismo que aceptó la responsabilidad del manejo de la basura y luego se arrepintió cambiando las leyes a su antojo. El mismo que ahora sale a patear al tablero con un anuncio de esta naturaleza. Un ejemplo de improvisación en materia de política ambiental.

Por Esteban Stanich, periodista de primerafuente.

BASURAL: De Pacará Pintado a Overa Pozo

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Empiezan a abrir la ruta para llevar la basura a Overa Pozo

Un grupo de 30 operarios comenzó las obras en la traza que será enripiada y consolidada. Se trata de un trayecto de 2,1 kilómetros que los trabajadores viales acondicionarán para la circulación de camiones.

La trata de residuos

Hasta ahora son siete los municipios que descargan la basura en Pacará Pintado. Se calcula que son unas 800 toneladas por día.

El funcionamiento de Pacará Pintado está en la mira judicial, a causa de las denunciadas por supuesta contaminación que hizo una ONG.

“Es un tema muy serio que debemos resolver definitivamente”, afirmó Alperovich, a fines de mayo, en referencia a las dificultades del caso.

Durante el día, las topadoras abren el camino. Como un gigante brazo, desprenden la tierra para luego consolidar lo que será el camino de acceso a Overa Pozo, donde se construirá una planta de tratamiento para los residuos sólidos urbanos.
Para llegar al sitio hay un tramo de unos 2,1 kilómetros sobre los que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) comenzó a trabajar para afianzar lo que se convertirá en el principal acceso al lugar.
Como es habitual para este tipo de obras, además de las topadoras también se trabaja con moto niveladoras, cargadoras frontales, retro excavadoras y camiones en los que se transporte el material sobrante.
El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Raúl Basilio, detalló a LA GACETA que en Overa Pozo hay un total aproximado de 30 operarios de esa repartición (entre maquinistas y choferes de camiones), que ya iniciaron las obras. “En la primera etapa, el trayecto de acceso, que es la ruta provincial 327, será un camino de ripio consolidado. La idea es tener un buen ancho de calzada para la futura circulación de los camiones que utilizarán ese vía para transportar la basura”, detalló.
El funcionario explicó que hasta ahora se mantiene un buen ritmo de trabajo, pero aclaró que si la intención es habilitar el camino en el menor tiempo posible se podría reforzar la cantidad de operarios disponibles y las maquinarias.

Un largo trayecto
La localidad de Overa Pozo-Monte Redondo está ubicada al este tucumano, casi en el límite con Santiago del Estero. Para llegar al lugar hay que tomar la ruta provincial 302 (por Banda del Río Salí), luego se debe seguir en la misma dirección hacia el este por la ruta provincial 303. Entre las localidades de Los Ralos y Lapachitos hay que desviar hacia el norte por la ruta provincial 327.
El trayecto desde San Miguel de Tucumán hacia Overa Pozo, por las rutas 302 y 303 está pavimentado. Sin embargo, la traza de la ruta 303 requiere de trabajos de repavimentación. En este sentido, Basilio explicó que para poder concretar esa obra de reacondicionamiento, la Legislatura abrirá una licitación pública internacional en el marco del programa nacional de infraestructura denominado “Norte Grande”. El funcionario resaltó que se trata de una inversión de casi $ 15 millones.
Además de la Dirección Provincial de Vialidad hay otros dos organismos estatales que comenzaron a operar en la zona de Overa Pozo. Según fuentes oficiales, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), cuyo titular es Miguel Brito, se encargará de montar la cerca perimetral del predio, donde se hará la disposición final de los residuos sólidos urbanos. También tendrá injerencia la Dirección Provincial del Agua (DPA), que conduce Juan Sirimaldi. En este caso, esa repartición se ocupará de los pozos de extracción de agua.

Plazo perentorio
Los funcionarios son conscientes de la celeridad con que deben trabajar en esa zona para habilitar la planta de tratamiento de residuos en un plazo de 60 a 90 días. Ese fue el plazo establecido por el gobernador, José Alperovich, cuando a fines de mayo anunció la decisión de cambiar a Pacará Pintado por Overa Pozo.
El mandatario, incluso, precisó que el Gobierno ofrecerá subsidios a los municipios del Gran San Miguel para afrontar el costo del traslado de la basura a Overa Pozo, ubicada a 38 kilómetros de distancia de la planta de Overa Pozo. Alperovich adelantó que esa ayuda financiera rondará los $ 500.000 mensuales, como mínimo.
El proyecto de llevar los residuos a Overa Pozo es un viejo anhelo del Poder Ejecutivo provincial, que comenzó en diciembre de 2005, cuando la Legislatura aprobó la utilidad del terreno para ese fin.
NOTA ORIGINAL

En la capital, creció el 100% el costo de la recolección de basura

La facturación del servicio, a cargo de la firma 9 de Julio, trepó a $ 5 millones por mes. El cambio de localidad para la disposición final de los residuos encarecerá más aún los gastos para la administración Amaya.

El servicio de recolección y disposición final de la basura es el más costoso para la Municipalidad de la capital. En 2005, cuando se inició el nuevo contrato con la empresa 9 de Julio la facturación era de $ 2,5 millones por mes; mientras que ahora esa cifra trepó a $ 5 millones mensuales.
La facturación de la firma privada se efectúa por quincena (alrededor de $ 2,2 millones), pero en algunas ocasiones el costo es más elevado todavía debido a los servicios adicionales, como ocurrió el mes pasado con la limpieza del predio de Campo Norte, donde se extrajeron residuos por un total de 500 viajes.
De este modo, el servicio de la empresa 9 de Julio concentra unos $ 60 millones del presupuesto anual del municipio. El contrato entre la capital y la empresa privada establece una fórmula polinómica que dispara el costo del servicio cada vez que se producen aumentos de sueldos del personal o suba en el valor del combustible. Esa cláusula había sido impuesta por el Concejo Deliberante (gestión 2003-07), cuando se aprobó el pliego de bases y condiciones del llamado a licitación.
Estos montos millonarios podrían trepar aún más, a partir de la decisión del Gobierno provincial de llevar los residuos a un predio en la localidad de Overa Pozo, una localidad ubicada a 38 kilómetros de Pacará Pintado.
La empresa 9 de Julio cuenta con otra cláusula a su favor que establece nuevos valores escalonados respecto de las distancias entre la capital y el sitio de disposición final de la basura (toneladas por kilómetros). Por ende, el servicio se encarecerá cuando los residuos sean trasladados a Overa Pozo. “Será un nuevo servicio, lo que implicará un costo diferente. Pero el intendente Domingo Amaya buscará que se haga al menor precio posible dentro del presupuesto limitado que tiene la Municipalidad”, afirmó el secretario de Gobierno, Walter Berarducci.
El funcionario resaltó que el cambio de localidad traerá otros beneficios. “No será un gasto, sino una inversión, porque después de mucho tiempo, habrá un lugar con las condiciones ambientales necesarias y dentro del canon internacional para este tipo de emprendimientos”, dijo.
Berarducci aclaró que todavía no está definido el nuevo costo del servicio, pero insistió en que será provechoso para la ciudadanía, porque se trata de un ambiente apropiado.
Mientras tanto, por orden del gobernador, José Alperovich, comenzaron los trabajos en Overa Pozo para acondicionar el terreno. La Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) hará el cercado del predio, la Dirección de Vialidad Provincial (DPV) las obras en el acceso al lugar y la Dirección Provincial del Agua (DPA) los pozos de extracción de agua.

Avignone reclamó la renegociación del contrato

En vista del cambio de localidad para la disposición final de la basura, el concejal de la capital, José Luis Avignone (UCR), encendió una luz de alerta. Planteó, por un lado, el elevado costo actual del servicio y, por otro, la suba que se producirá en el futuro por el traslado a Overa Pozo.
“La incidencia de la mano de obra sobre la metodología de cálculo es significativa siendo el rubro que más repercute en la prestación del servicio y sus costos”, señaló. “Además hay que tener en cuenta que el municipio, en forma separada, abona por la disposición final de la basura a otra empresa (Servicios y Construcciones La Banda, propietaria de la planta de Pacará Pintado), por una suma de $ 500.000 mensuales”, advirtió.
Ante esta situación, Avignone recordó que si el Gobierno pretende que los residuos se depositen en Overa Pozo habrá un incremento del costo. Inclusive deslizó que la alta facturación podría derivar en una suba de las tasas municipales. Por esa razón, presentó un proyecto de ordenanza para que se autorice a la intendencia a renegociar el contrato con la empresa Transporte 9 de Julio.

De Pacará Pintado a Overa Pozo

1 - La capital concentra la mayor cantidad de residuos sólidos urbanos con un total aproximado de 450 toneladas por día, que se trasladan a Pacará Pintado.

2 - El cambio de lugar -de Pacará a Overa Pozo- obligará a la empresa 9 de Julio a contar con camiones aptos para el traslado en larga distancia.

3 - Son siete los municipios que depositan unas 800 toneladas por día de basura en la planta de Pacará Pintado, que tiene permiso para funcionar hasta 2011.

SOBRE LAS JORNADA TUCUMANA INTERNACIONAL DE DERECHO AMBIENTAL

De DELIA HERMOSI:

Como no podía ser de otra manera, como dedican uno a todos los marginados, las mujeres, los trabajadores, los niños, hoy es el día del Medio Ambiente. Se me ocurrió enviarles esta invitación y el primoroso programa de actividades (en adjunto, ábralo por favor), que me llegó en abril. Como Uds. verán a realizarse en la ciudad de Tucumán, la misma del Hospital del Niño Jesús, aquel donde los médicos clamaron “Otros hacen los planes, nosotros debemos verlos morir”. Y les mandaron una dama, un verdadero “chiche” ella, a repartir generosamente: soja transgénica.

Pero quédense tranquilos, no hacen estas doctas jurídicas jornadas internacionales, en el Hospital Infantil, ¡¡¡No!! Las harán en el Hotel Catalinas Park (¿del hotelero que pide la destitución del Fiscal Gómez, por meterse con la Alumbrera , quizás? No se) como observarán son actividades NO ARANCELADAS, y con periódica interrupción estimulante (cofee break). Por ser plebeya, de Señorías, y menos Supremas, no se ni me interesa saber, pero me llamó la atención que no menten la comida ¿les darán?

Me hago algunas preguntas en mi mucha ignorancia: ¿Que tiene que hacer el Presidente de la Corte Suprema al lado del Secretario del medioambiente? ¿Acaso la Corte no tendría que estar aplicándole una multa por no cumplir con el plan de limpieza del Riachuelo ordenado en el caso Mendoza? ¿Por que hablar de reparar el daño cuando lo que tenemos que hablar es de como evitarlo? ¿Por que hablar del derecho constitucional al medioambiente y del seguro ambiental, cuando lo que tenemos que hacer es una extensa jornada sobre como castigamos a los contaminadores y como funciona la justicia en estos casos? Es una jornada internacional que cuesta una montaña de dinero, y asustan lo oradores. Y los que faltan me asustan más. Muuucho más. En fin…les cuento con el deliberado propósito que no sea el fin, sino el principio de la intervención que el pueblo quiera tener en este que es asunto suyo, y de nadie más. Que sea el destino no es que nos vayan a regalar la Paz y el Bien. Saludos. Delia Hermosí

San Miguel de Tucumán, 01 de abril de 2.009

Señores/as

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de enviarles una invitación y programa de la I JORNADA TUCUMANA INTERNACIONAL DE DERECHO AMBIENTAL a realizarse en nuestra ciudad los día 18 y 19 de junio.

Esperando contar con vuestra presencia poniéndome a su entera disposición los saludo atentamente.

Luli Gollan

Directora de Prensa y Ceremonial

Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán

Tel.: 0381-4248060

Fax: 0381-4248050

E-mail: ceremonial@justucuman.gov.ar

E.mail Jornada: derechoambientaltucuman@gmail.com

San Miguel de Tucumán, 01 de abril de 2009

Señores/as

Presente

La Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de invitarlos a participar de la I Jornada Tucumana Internacional de Derecho Ambiental que se realizará los días 18 y 19 de junio del corriente en nuestra ciudad.

El objetivo de las Jornadas es generar un espacio colectivo para la discusión y el intercambio de información y experiencias sobre la función del Derecho en la tarea de preservación del medio ambiente.

La conferencia inaugural estará a cargo del Dr. Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , y a la de cierre la pronunciará el Dr. Antonio H. Benjamín, Juez del Superior Tribunal de Justicia de Brasil y Profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Texas. Contaremos además con la participación de reconocidos especialistas, funcionarios y profesionales, tanto miembros de los Poderes Judiciales de Argentina y Brasil como de múltiples organismos académicos, gubernamentales y no gubernamentales que aportan a la reflexión sobre el Derecho Ambiental.

Dra. Claudia Sdar Vocal Excma. Corte Suprema de Tucumán

Dr. Antonio Gandur Presidente Excma. Corte Suprema de Tucumán

El Ingenio La Corona no terminó las obras exigidas a días de comenzar la zafra Imprimir martes, 02 de junio de 2009

Ayer al mediodía un grupo de vecinos del sur tucumano visitó el Ingenio La Corona para corroborar las modificaciones exigidas por el Plan de Reconversión Industrial. No del todo conformes, se comprometieron en volver en pocos días para controlar si efectivamente la empresa cumplirá con sus promesas, o repetirá la mala experiencia del año pasado. También pidieron al Sec. de Medio Ambiente Alfredo Montalván nuevos muestreos del agua de Concepción, ya que afirman que se “apresuró en concluir que el agua es apta para consumo humano”.

Tres de los dueños del Ingenio azucarero La Corona, Enrique Fausto González, Silvio José Peluffo y Héctor Gregorio Mateos, atraviesan desde el año pasado un procesamiento judicial por delito de contaminación ambiental. La causa fue iniciada tras la presión de los vecinos del lugar, que llevaron a una investigación de la Cámara Federal de Tucumán.
Desde que se implementó el PRI (Plan de Reconversión Industrial) en 2006, tras un acuerdo entre la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y la Provincia de Tucumán, 15 ingenios azucareros, 7 citrícolas y 12 frigoríficos se comprometieron a cumplir con las inversiones exigidas para lograr la “adecuación a la normativa vigente sobre parámetros de vertido”.
El Ingenio La Corona había instalado hasta el año pasado sólo uno de los filtros scrubber (filtros húmedos para control de la emisión de cenizas) de los cuatro necesarios (posee cuatro calderas). Por eso una de las principales preocupaciones de los vecinos se manifestó ayer al observar que las obras en ese sentido no han sido finalizadas. LEER COMPLETO

“Contaminación en Laguna de Guayacanes s/Infracción a la Ley 24.051”

Requiero Indagatoria.

SR. Juez Federal:

ANTONIO GUSTAVO GOMEZ, Fiscal Federal Subrogante, en los autos caratulados “Contaminación en Laguna de Guayacanes s/Infracción a la Ley 24.051” expte. 401.184/2008, me presento y digo:

I.- Hecho.

De acuerdo a lo manifestado y ratificado oportunamente por los denunciantes (v. fs. 1/6), en la localidad de los Guayacanes ubicada a seis kilómetros al este de la ciudad de Alberdi, se encuentra la planta de tratamiento conocida como “Laguna de Guayacanes”.

Esta posee en su interior una serie de piletones que contienen desechos cloacales que llegan desde la ciudad de Alberdi, como así también, concentra efluentes que provienen del Ingenio Marapa (v. fs. 19 y vta.).

De las actuaciones surge, que los cuerpos recptores no cumplen con ninguna medida de prevención para evitar la filtración del líquido contenido, contaminando de esta manera las NAPAS, de las que los pobladores extraen agua para beber y demás actividades que hacen al devenir cotidiano del ser humano. Asimismo, estos están dispuestos sin dispositivo que aísle los gases que emanan por la acumulación y fermentación de los fluidos. Hacia el lado norte, atraviesa la propiedad un canal que luego de salir del dominio de la planta recorre el curso del camino público hasta llegar al arroyo Matazambi (v. fs. 20 y vta.).

La característica del arroyo Matazambi es que su descarga se produce en el Embalse de Río Hondo, dato de su topografía que marca su interjuridiccionalidad, elemento que configura de la competencia del fuero de excepción (ver. Art. 58 de la Ley 24.051).

De fs. 43/49, se agregan copia del Informe Técnico referente a la contaminación hídrica en la localidad de las Lomitas, elaborado por personal de la Dirección General de Salud Ambiental del SIPROSA, cuya conclusión es inobjetable y en la que deja claro que el agua utilizada por lo pobladores de la Las Lomitas NO ES APTA PARA EL CONSUMO HUMANO.

Del análisis minucioso de la causa, surgen elementos suficientes para considerar la entidad real del hecho ilícito objeto de esta instrucción penal, el cual esta tipificado en los art. 55 y 57 de la Ley 24.051, por lo tanto y dado lo normado en el art. 294 del CPPN requiero se cite a prestar declaración indagatoria a los individuos por resultar pasibles de responsabilidad penal en este proceso.

La reprochable conducta desplegada por los responsables, como ya mencione con anterioridad, está prevista y sancionada por la ley 24.051, que en su art. 55 establece:

“Será reprimido con las mismas penas establecidas en el art. 200 del Código Penal (3 a 10 años), el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión”.

La ley, también prevé los casos en los que los infractores integren un ente de existencia ideal (como sucede en autos). Al respecto, expresa el art. 57 que: se imputarán los hechos ilícitos y “serán pasibles de las penas arriba mencionadas, los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la persona jurídica que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir”.

En lo atinente a jurisprudencia en esta materia, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en una situación muy similar a la del presente caso, en la causa “Papelera de Tucumán S.A. S/ Inf. a la Ley 24.051” Expte. N° 46.777 en fecha 12/09/05 expresó:

“En el caso de examen entendemos que se encontraría demostrada la realización de una actividad contaminante del agua a través del derrame de efluentes industriales sin previo tratamiento de descontaminación en ... con el consecuente peligro para la agricultura y para la salud de los habitantes de la zona circundante y/o aledaña, constatándose a través de tales circunstancias la concurrencia de las exigencias típicas objetivas. “En tal sentido el tipo objetivo del art. 55 de la ley 24.051 se encontraría acreditado en tanto se ha verificado que la acción de contaminación, producido por la actividad industrial de la empresa Papelera del Tucumán S.A. ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado y el resultado es la realización de ese mismo peligro.”

“Ello se advierte con claridad en tanto en materia ambiental, encuentran campo propicio para su desarrollo, los criterios de imputación acerca de la superación de los niveles de riesgo permitido en la actividad contaminante, superados los cuales se ingresa en el ámbito de la tipicidad penal.”

“La figura penal invocada supone ya en el tipo subjetivo, la demostración de un accionar doloso, es decir el conocimiento exacto del peligro objetivo idóneo de la conducta para afectar el bien jurídico en el resultado de peligro”…

“En conclusión y a la luz de los antecedentes normativos nacionales e internacionales, corresponde afirmar que la firma imputada a través de sus representantes legales habría producido un accionar ilegítimo e ilícito al incumplir la normativa ambiental dictada en resguardo de derechos fundamentales de las personas.”

“En consecuencia este Tribunal considera que corresponde hacer lugar a los agravios del Ministerio Público Fiscal, revocando las resolutivas de fecha 13 de agosto de 2004 y 1 de diciembre de 2004, disponiendo en su reemplazo el procesamiento sin prisión preventiva de los señores Jorge Velazco y Adrián Leopoldo Conde como presuntos autores penalmente responsables en su condición de mandatarios legales de la firma Papelera del Tucumán (art. 57 de la ley 24.051) del delito previsto y penado por el art. 55 de la ley 24.051, con embargo sobre sus bienes…”.

II.- Imputados.

Por lo expuesto solicito se cite a prestar declaración a tenor de lo dispuesto por el art. 294 del código de rito a:

a) Martín Alvarado en su calidad de miembro de la firma comercial “Saneamiento y Urbanismo SRL” quien explota la Planta de Tratamiento de Efluentes “Los Guayacanes”. El Sr. Alvarado fue señalado como propietario por el Sr. Felipe Antonio Arroyo a fs 42. Desconociendo este Ministerio Publico Fiscal los datos personales del mismo, deberá requerirse su individualización a la Policía Federal Argentina-Delegación Concepción, Departamento Chicligasta.

b) Felipe Antonio Arroyo, argentino, DNI Nº 28.137.670, con domicilio real en Bº Escaba Mz. I Lote 4 de la ciudad de Juan Bautista Alberdi, encargado de la Planta “Los Guayacanes” de acuerdo a los que surge de fs. 40 y 42 respectivamente.

c) Miguel Ángel González, Presidente de INGENIO MARAPA ATANOR S.A, con domicilio en Sorteèis y Campero, CP 4158, Juan Bautista Alberdi (Actuación Preliminar Fiscalía General Nº 91 “S.A. Marapa Ingenio Marapa –Atanor”, en base al informe del Registro Público de Comercio, obrante a fs. 61 y vta.)

d) Luis Armando Campos, Intendente en funciones de la ciudad de Alberdi, el que será citado en su público despacho.

En todos los casos y previo a comparecer solicito que se ordene a la Subdelegación Concepción de la Policía Federal Argentina se le tomen huellas decadactilares a cada uno de los imputados y se soliciten informes al Registro Nacional de Reincidencias.

Fiscalía Federal Nº I, 20 de Enero de 2009.

Vecinos de Pacará Pintado cruzan los dedos para que la planta de residuos se mude a Overa Pozo

El sorpresivo anuncio del gobernador José Alperovich de instalar una planta de basura en Overa Pozo (Monte Redondo) en los próximos cuatro meses, despertó la ilusión de un grupo de vecinos del vaciadero de Pacará Pintado. En diálogo con primerafuente (ver video aparte) aseguraron que el posible cierre de la planta de desechos bandeña “representará un alivio para la situación sanitaria de la población lindante a la planta”. Sostuvieron que el basural afectó el agua potable y el aire puro de la zona. Además acusan a Pacará Pintado de haber cubierto los barrios aledaños de moscas y alimañas. Estas acusaciones, por su parte, son rechazadas por el titular de Servicios y Construcciones La Banda (empresa que explota la planta de residuos), Mario Criado, que destacó el nivel tecnológico que usa su empresa en la disposición final de la basura. Por lo pronto aún genera incertidumbre qué pasará con los contratos que la mencionada firma mantiene con siete municipios para tratar sus desechos en caso de que estos decidan optar por el proyecto de Overa Pozo.
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